La República agoniza ¿salvemos a la República?

Los que saben dicen que la República se asienta sobre el principio de división de los poderes del Estado: El ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada cual con un ámbito de competencias propias e indelegables. En tan solo un mes de gobierno, Mauricio Macri ha pulverizado de manera abierta y desembozada tal elemento identitario del modelo adoptado en 1853. 

Se constituyó en el legatario de la voluntad legislativa, negándose a convocar a las cámaras parlamentarias y dictando un aluvión de decretos de necesidad y urgencia que reestructuran el Estado a la medida de los intereses corporativos que le son adeptos. El principio que rige su comportamiento en esta relación, parece ser el sentado por su Ministro Aguad: “una ley no puede impedir que el presidente haga lo que quiera”.

Respecto al poder judicial, no sólo se ha irrogado la potestad de cubrir vacantes en el máximo tribunal sin anuencia de los 2/3 del Senado, sino que sistemáticamente desoye fallos que son adversos a sus políticas. A este momento, ya son 3 las medidas cautelares dictadas retrotrayendo la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales y anulando la intervención del AFSCA, sin que el Tirano acceda a su cumplimiento. 

Y la caracterización de “Tirano” no es arbitraria. La Carta Magna argentina estuvo en el momento de su sanción preñada del constitucionalismo francés y norteamericano, ambos forjados en la lucha contra el absolutismo y preocupados en garantizar un piso mínimo de derechos a los ciudadanos, refractario a las arbitrariedades del gobernante. Pero también se construyó en base a la lectura que el liberalismo dominante hizo de la historia reciente (por entonces), fulminando como traidores a la patria a aquellos que pretendieran hacerse de “la suma del poder público”. 

Es en esa tradición en la que supuestamente abreva el actual gobierno nacional. Sin embargo esta Derecha (a la que los superficiales analistas de siempre no han dudado de caracterizar como moderna y democrática), tal vez en razón de que por primera vez desde 1916 han alcanzado el gobierno en estado puro (sin refugiarse tras el mascarón de partidos populares) y de la mano del voto, administra el Estado del mismo modo que lo administrara cuando lo hicieron durante las Dictaduras Militares.

Volviendo a la cuestión del “piso mínimo” de derechos y libertades de los ciudadanos (concepto radicalmente ampliado desde mediados del S.XIX), la estigmatización más atroz realizada desde el Proceso de Reorganización Nacional, viene sirviendo de pretexto para avasallarlos sin miramientos. Las categorías “ñoquis”, “militantes”, “kirchneristas”, etc., son implementadas sin disimulo para retrotraer el empleo público a aquellos tiempos donde la estabilidad era una quimera y los trabajadores veían en la periodicidad de los mandatos un constante motivo de angustia que atentaba contra la profesionalización de la carrera administrativa. También hoy (como pretendieron conjurar los constituyentes del ’53 cuando redactaron el art. 29) el honor y las fortunas de muchos argentinos están a la merced de una persona. 

Otra característica esencial del sistema Republicano es la de la publicidad de los actos de gobierno, garantizada por la libertad de expresión y (más actual) el derecho a la comunicación. La formidable concentración mediática que padece la argentina, y su alineamiento incondicional con el gobierno macrista, han generado un formidable “apagón informativo”, sólo parangonable, también, con el sufrido durante la última dictadura cívico militar. Uno a uno han sido desaparecidos del aire los máximos referentes de la opinión crítica, embretados entre la persecución ideológica que se vive en los medios públicos, las decisiones editoriales de los grupos afines y los aprietes financieros que el propio Estado efectúa a través de la pauta oficial a aquellos que se muestran díscolos a sumarse al blindaje mediático. 

Para culminar con la vulneración de este principio, la simple alusión de la palabra “Emergencia” parece ser motivo suficiente para relevar al Estado de brindar todo tipo de estadísticas que puedan visibilizar el previsible desastre en que se está sumiendo a la Nación Argentina. Desocupación, PBI, pobreza, inflación dejaron de ser situaciones mensurables hasta nuevo aviso. 

La República está en terapia intensiva. No será transmitida su agonía por los medios de comunicación masiva, más proclives a mostrar cacerías humanas y noviazgos estivales. El equipo que la atiende no parece tampoco dispuesto a aplicar terapias que reviertan la situación, parecen más preocupados en señalar a los anteriores terapeutas, mientras que con globos e invocaciones a la alegría esquivan a los deudos preocupados. 

Pero quizás sea nada más por vieja. Quizás sus formas han caducado. Así como su paso cansino, artrósico, no ha servido para arropar intentos de transformaciones que pongan un poco más de justicia a una sociedad reclamante, también se muestra al extremo vulnerable ante el poder real, ese que no basa su existencia en las urnas, ese que se desentiende de la voluntad popular. 

Quizás simplemente quiera sucumbir ante estos verdugos (los mismos que decían defenderla) y dar lugar a una nueva herramienta, una nueva institucionalidad que aún no nos atrevemos a imaginar.