Este alegre Estado se asienta en los territorios que
otrora pertenecieran a la República Argentina, se encuentra gobernado por un
Mongarca Absoluto (Mauris I, El Decretador), cuya legitimidad de origen reposa
en la voluntad democrática de la masa de los idiotas (del griego ἰδιώτης, idiōtēs “ciudadano solo ocupado de sus asuntos privados y egoísta, que no se
ocupa de los asuntos públicos”) y cuya soberana autoridad sólo es superada por la de la Embajada Norteamericana y por los directorios de un par de centenares de corporaciones.
El idioma nacional es el "eufémico", un
dialecto endémico cuya base lingüística es el castellano al que se le han
introducido, desde las élites culturales, sutiles modificaciones al sentido de
algunos vocablos (vg.: lo que antes se llamaba “inflación” ahora se denomina “sinceramiento
de precios”; devaluación-unificación del dólar-apreciación del peso, represión-incidentes,
despidos masivos-modernización del Estado, decretazos-normalización, designación
a dedo-cobertura de cargos, etc.) y la simple eliminación de otros términos (o
su uso sólo en referencia al pasado reciente: autoritario, avasallamiento del
Poder Judicial, corrupción, inseguridad, imprevisibilidad, inseguridad
jurídica, atentado a la libertad de expresión, etc.).
El sistema político aún no se halla totalmente
consolidado. Un ejemplo de ello es el reciente equívoco suscitado a raíz de una
interpretación de una norma constitucional. El Mongarca Absoluto consideró que
estaba a derecho al designar a 2 integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y
el presidente del máximo órgano judicial, abrazó con satisfacción el acto de
gobierno, olvidando que, en el vertiginoso ejercicio de su función, apenas 6
meses antes había resuelto que siempre (y aunque sea para ocupar ese mismo cargo
de manera transitoria) el Poder Ejecutivo debía contar con el aval de las 2/3
del Senado. Se dice que al Presidente de la Suprema Corte alguien le recordó
que hacía poco tiempo había dicho que “los gobiernos y las leyes pasan, los
jueces deben atenerse a los principios”, a lo que respondió en tono grouchomarxesco
“esos eran mis principios, pero ahora tengo estos otros”.
Otras de las profundas reformas introducidas ha sido
el reemplazo del Gabinete de Ministros por un Cónclave de CEOs de Multinacionales,
quienes en general reconocen férrea pertenencia a las empresas que les
permitieron la posibilidad de acceder a semejante honra. Así, los destinos del
ansiado autoabastecimiento energético quedaron en manos del CEO de una
importante petrolera extranjera que goza del privilegio de ser considerada una
de las 20 empresas más contaminantes del mundo. Afortunadamente su responsabilidad
frente a la conservación del medioambiente será controlada por un Rabino que,
si bien reconoce su desconocimiento sobre la materia, asumió el firme
compromiso de interiorizarse en la temática y limpiar el Riachuelo. Asimismo,
los intereses de las aerolíneas estatales serán preservados por la CEO de una
SRL automotriz, respaldada por funcionarios escogidos de una Aerolínea
extranjera que es la principal competidora de la local. El Ministerio de Educación
cuenta con la conducción de un licenciado en informática; la Secretaría de
Cultura y los contenidos cinematográficos a ser financiados por el Estado, en
cambio, están a cargo de ex gerentes de una empresa que se dedica, justamente,
a la industria editorial y cinematográfica. Casualmente, la misma empresa en la
que trabajó el nuevo encargado de administrar el fondo de sustentabilidad del
sistema previsional, bajo cuya influencia se encuentran acciones de esa empresa
y cuyos prácticas supuestamente monopólicas pueden llegar a ser cuestionados
por un Organismo estatal recientemente intervenido. Afortunadamente, el sistema
judicial que dirime el conflicto suscitado con el organismo (AFSCA) tiene en
sus manos la última palabra, que, de prosperar los nombramientos en la Suprema Corte
impulsados por el Poder Ejecutivo, será emitida, entre otros, por el mismo
profesional que impulsa la enervación de la aplicación de la norma,
patrocinando cautelares en tal sentido, lo que acredita su amplio conocimiento
sobre el tema.
El tercer Poder del Estado está cargo de un
Legislativo Bicameral meramente nominal, por lo que críticos al nuevo régimen
se atrven a tildarlo de NO-Poder. Habida cuenta de que ese poder está
mayoritariamente integrado por representantes de la oposición, cabe colegir que
los ciudadanos que ungieron sus integrantes en tal función, han sido reducidos
a la calidad de “Ilotas” (del griego Εἱλώτης, Heilṓtēs, “siervos que pertenecen al Estado, sin derechos políticos, adscritos a la propiedad que cultivan o
trabajan”), quienes así quedaron sujetos a los caprichos de los idiotas. La condición de idiota es ensalzada por el nuevo régimen, quien
aplica los epítetos de “politizado” o “militante” para descalificar a quienes
se oponen por cualquier medio a alguna de las medidas que adopta o se resiste
tercamente a adherirse a la “Revolución de la Alegría” implementada desde las
más altas esferas como Política de Estado, bajo las estimulantes consignas de "sonría, la PFA lo está filmando y la Gendarmería lo está apuntando".
