viernes, 10 de febrero de 2012

NO, NO y NO (des enlace)

¿Para muestra basta un botón? Tomemos este artículo del periódico local El Entre Ríos (de tradición conservadora, pasado reciente procesista y actualidad peornista federal) y nos vamos a encontrar con la típica metodología comunicacional de la posición ambientalista. Tras la mención del art. 41 CN, una consecución de clichés, expuestos como axiomas sin explicación, referencias ni fundamentos, aseveraciones genéricas aplicables a cualquier situación sólo mutando los términos asociados a la minería por cualquier otro emprendimiento que se pretenda denigrar, todo avalado por supuestos especialistas cuyos nombres y trayectorias se reservan celosamente. Por fin, es condimentado finamente con alusiones al gobierno nacional y a los provinciales subrayando su carácter de socios de los intereses económicos multinacionales (lo que da "cositas", proviniendo la nota de un diario de fina estirpe neoiberal).


Shinyanga, Tanzania ¿Minería a cielo abierto?

En esas condiciones se baja la persiana a un debate nonato, se elude cualquier disidencia científica o tecnológica y, lo peor, se esquiva y proscribe la cuestión central: el derecho del Estado a resolver  sobre la administración estratégica de los recursos naturales, determinando las condiciones y la finalidad de su explotación, y su utilización como herramienta de desarrollo sustentable y autónomo.

¿Cómo y por qué se llegó a implantar y naturalizar la idea de que son las organizaciones ecologistas las legitimadas para determinar la conveniencia o no de una explotación económica?  El ecologismo viene reclamando su reconocimiento como religión secular. Apreciemos la posición de la Iglesia Católica respecto a temas como el divorcio, el matrimonio igualitario o el aborto. No está mal que sus acólitos elijan participar de un régimen moral particular, el problema estalla cuando sus posiciones fundamentalistas pretenden ser impuestas a la totalidad de una comunidad, independientemente de la adhesión que en sus miembros concite el posicionamiento. Aquí, la Iglesia pretende ocupar un sitial reservado en exclusividad al Estado. En este sentido, los límites y efectos del concepto “pecado” se van asimilando al de “contaminación”. Como la religión, el ecologismo va perfilando un dogma infalible, revelado, que aspira ser absoluto y de aplicación obligatoria a todos los mortales. Si continuamos con las comparaciones, la Iglesia Católica (en vistas de su funcionalidad como factor de cohesión social y de legitimación) se consolida, se expande e impone a partir de su reconocimiento como religión oficial del Imperio (Romano). Luego de ser ignorado y hasta perseguido (recordemos a Chico Mendes), el ecologismo también.

Remito nuevamente a la lúcida descripción que James Petras hace de las ONGs en general, pero ya es hora de especificar un poco más sobre las relacionadas al tema.

Hacia 1990, el Banco Mundial, en el marco ideológico del Consenso de Whashington, reafirma la concepción de la división internacional del trabajo y dirige sus créditos hacia los países periféricos inspirado en la idea de mejorar sus condiciones de productores de materias primas. Particular relevancia adquieren los montos destinados a la forestación, con múltiples finalidades: se manifiesta que es un intento de eliminar la pobreza protegiendo los bosques nativos, pero en realidad, responde al objetivo de compensar el desequilibrio producido por los gases de efecto invernadero emitidos desde el primer mundo. Las cuestiones social y conservacionista fueron mera excusas. La prueba está en que no se promovió la reforestación de especies nativas, sino el monocultivo de especies transgénicas de usos industriales. Nunca se verificó que la pobreza haya disminuido en ningún punto del mundo, producto de semejante política. Lo reconoció el propio Banco Mundial en 2000, en una tibia autocrítica del organismo.  

Que los objetivos primordiales fueron en realidad reforzar la idea de la división internacional del trabajo y equilibrar la producción de gases de efecto invernadero, lo demuestran el adicional incentivo mediante la introducción del comercio de bonos decarbono  (Kioto 1997) y el hecho que en  2007 (7 años después de la autocrítica), ante la mala idea del Gobierno de Corrientes de consultar al Banco Mundial respecto a las perspectivas de desarrollo, la institución le responde: foresten,señores, foresten, y sigan produciendo materias primas.

En este punto, es necesario decir que el plexo legal nacional regulatorio de la minería (Código; Ley de Inversiones Mineras  yAcuerdo Federal Minero entre otras, a las que debemos agregar los acuerdos de protección recíprocas de inversiones), reinventado en los 90, es claramente, un dispositivo que alienta la actividad extractiva a fines de la exportación de la materia prima sin valor agregado, perfectamente funcional a los dictados del Banco Mundial y los lineamientos del Consenso de Washington. 

Por supuesto que la imposición de los criterios que deben adoptar los Estados para definir su rol en el mundo, está ineludiblemente unida al logro de “consensos sociales” (reales o aparentes) que naturalicen la sumisión, al punto tal, que la vuelva invulnerable a las posibles modificaciones de políticas a adoptar desde el Estado, producto de las oscilaciones del sentir popular expresadas a través del sistema democrático. 

Para ello, nada mejor que preservar ciertos ámbitos, enajenándolos de la política y poniéndolos en mano directamente de “la gente”, un colectivo inorgánico carente de canales representativos, y por ello fácilmente manipulable desde alguna cúpula dirigencial suficientemente militante y generosamente financiada. Y sembrando en este campo, descolla la actividad de la USAID como reclutadora, conscientizadora, entrenadora, articuladora de mecanismos de sensibilización social y financista de actividades que tienen como objetivo la conservación de las premisas neoliberales funcionales a los intereses del Departamento de Estado Norteamericano (en un abanico tan amplio que le permite abarcar desde la calificación de democrático o no de un gobierno, pasando por su transparencia, cánones de desarrollo a adoptar y, obviamente, los parámetros medioambientales).

Volvamos a la detestable práctica de pretender universalizar a partir de un caso particular (pero no aislado, JE!). Un ineludible referente nacional en todo lo que concierne a la materia ambiental es el jurista, “reconocido constitucionalista”, alma mater de la Fundación FARN (desde 1985): DANIEL SABSAY (ver CV), renombrado opinólogo mediático en materias tales como el destino final de los residuos domiciliarios en la CABA, la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, el conflicto por las pasteras uruguayas, la constitucionalidad de las retenciones móviles, la conflictividad social en torno de la minería, entre una diversidad de etcéteras, entre los que se cuenta opinar sobre la idoneidad moral de Zaffaroni o sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales. 

En la amplia foja de servicios que el propio Sabsay expone en la página de la UBA, encontramos que, simultánea o sucesivamente, ha prestado servicios para el C.F.I de la Dictadura (como consultor externo desde 1981 hasta 1983 en materia de descentralización hacia las provincias de servicios públicos), para el Banco Mundial (consultor desde 1991), en 1996 integra una “Comisión internacional de expertos a quienes se les encarga el diseño de una estrategia para desarrollar un sistema político democrático realmente funcional y participativo”, impulsada y financiada por la USAID, también alterna con IDEA, Poder Ciudadano y la Fundación Ford. Asimismo, a través de su Fundación Farm (entre cuyos sponsors 2010 figuran la USAID, Coca Cola, la delegación argentina de la UE, Walmart) ha sido un conspicuo animador de acciones relacionadas al medio amiente financiadas por el Estado Nacional, algunas provincias, el PNUD (Programa ONU para el desarrollo), entre otros organismos públicos. A pesar de la apariencia “progresista” con que se lo acostumbra barnizar, la calidad de sus mecenas delata su coherente práctica conservadora.
Junto a otras ONGs de similar perfil, FARN financiado por PNUD el proyecto “Mapa del ConflictoMinero”, cuya declarada finalidad es “La conformación de una “Plataforma de diálogo e intercambio de información y generación de confianza multisectorialpara el análisis estratégico de las causas de la conflictividad, y generación de consensos mínimos en el abordaje de conflictos mineros. A partir del mapa producido se busca conformar una plataforma de gestión del mismo que definirá el mecanismo de adhesiones y la dinámica de actualización de información”.
 
Si visualizamos el mapa y leemos sus comentarios, no tardamos en darnos cuenta que las organizaciones involucradas han dilapidado lastimosamente el dinero de la ONU, ya que ni han logrado consensos, ni han logrado gestionar exitosamente el conflicto, ni mucho menos han promovido válidamente “la compresión y la confianza entre diferentes actores, encontrando vías de comunicación de calidad para la integración de la información y evitando que los conflictos escalen como consecuencia de la falta de información comprensible, así como por una comunicación deficiente o perturbadora”. Lejos quedamos del diálogo sobre la minería sustentable, en la actualidad la discusión quedó enfrascada en el sí o no a la minería. Si recordamos la descripción de la situación peruana del post anterior, al menos respecto  Daniel Sabsay la similitud del cambio de actitud es enorme. Mientras ahora aboga por la prohibición lisa y llana de la minería a cielo abierto  o sobre la necesidad de construcción de consensos que ya han sido dinamitados, durante los 90 se plegó mansamente a la redacción del actual estatuto minero, sin oponer ninguna objeción a este tipo de explotación (ver CV).

El resultado concreto es que se acepta y naturaliza que un grupo de personas, incluso sin razón jurídica o científica alguna, en razón de su localización geográfica, puede ser capaz de torcer el rumbo de mayorías que adhieren a una estrategia de desarrollo. La verdad es que suelen resultar simpáticos los brotes de rebeldía de cualquier tipo que sea. Pero no es menos verdad que solemos ser susceptibles  a temer a lo desconocido, por más que la racionalidad nos indique la absoluta improbabilidad de que suceda el evento que tememos.  Si no pregunten qué pasó cuando, en 1938, a Orson Welles se le ocurrió la mala idea de realizar un radioteatro sobre “La guerra de los Mundos”. Ah, claro! Fue en 1938, estas cosas ya no pasan… vean el inicio (min. 3 en adelante) de la disertación en este video, sobre la búsqueda de avales para la prohibición de una sustancia peligrosa.




De mi parte no creo en la sinceridad de las organizaciones ambientales cuando plantean que sus acciones tienen por objeto el empoderamiento de la gente,  o la promoción de formas de la democracia participativa “focalizada” en una acción local.

Fundamentalmente no creo en ese discurso “empoderador”, basista y democratista, porque los ambientalistas lo suelen usar como excusa, pero no es la razón última de su accionar. ¿Qué sucede cuándo, a pesar de sus prédicas, los supuestos beneficiarios son reacios a sus alertas y no acompañan sus acciones? Lean este revelador (y enternecedor) testimonio publicado por la promotora de la glamorosa propaganda protagonizada por Julita Diaz, Nicolás Pauls y otr@s: la ONG Conciencia Solidaria. El patético escrito “La Heroicidad en Marcha”  (por favor, lean al menos las frases coloreadas) de su líder Daniel Gagliardo  es un alegato paternalista que resume, desde el título, la consciencia mesiánica de su autor, y de sus seguidores. Aunque tome nota que no quieren “ser salvados”, invadieron igual el pueblo en nombre de los ausentes, asumiendo una representatividad que nadie les confirió, y continuaron su sorda marcha obstruccionista. 

Distinta es la lectura sobre organizaciones como la Fundación FARN, en este caso, desembozadamente renuncian a toda pretensión representativa, y se asumen indecorosamente como lobistas o mercenarios según el caso. Se sinceran al expresar en su página web: Los destinatarios del trabajo de FARN son, principalmente, los decisores públicos y privados”.

El formato “asambleísta” y la práctica de la “licencia social”, en tanto reconoce a organizaciones irrepresentativas (del pueblo o de la ciencia y técnica; sí, claro, de los intereses que financian su acción) a las que se admite en el debate de lo público sin indagar primero siquiera el origen de los fondos que las sustentan, sin garantizar condiciones mínimas de “consentimiento informado”, más que un reconocimiento de capacidades ciudadanas de autogestión, termina resultando un nuevo desmembramiento del poder estatal, ya menguado por la Constitución de 1994 cuando la capacidad de fijar políticas estratégicas del Estado fue atomizada a favor de las administraciones provinciales al reconocerles a éstas el dominio originario sobre los recursos naturales (art. 124). Parece necesario recordar que la legislación nacional que regula la conservación y salud ambiental (L. 25.675 – 2002), si bien reconoce la participación ciudadana, le da un mero carácter de consultiva y no vinculante (Art. 20: Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública), contrariamente a las aspiraciones de las ONGs.

La contradicción fundamental sigue siendo la misma.

Para terminar, quiero que quede claro que estos posts están orientados a denunciar la funcionalidad (no gratuita) de ciertas organizaciones autodenominadas “ambientalistas” o “ecologistas”, a los intereses de dominación del Imperialismo. Ningún amor al medio ambiente, mucho menos a los intereses nacionales. 

Distingo de esos a aquellas personas legítimamente preocupadas por su salud, su economía doméstica, su forma de vida o su paisaje, cuya sensibilidad es exacerbada, manipulada y explotada por los vendedores de humo (no contaminante) profesionales. El mecanismo de inducir el terror al cambio y al desarrollo y de fomentar la desconfianza hacia sus gobiernos encuentra naturales andariveles en una población susceptible por haber sufrido, hace 10 años nomás, las prácticas neoliberales de los mismos que ahora financian, entrenan y se esconden detrás de los "defensores de la naturaleza".

Tampoco quiero decir que todo está bien en materia de legislación Minera. Pero no me pasa por alto que durante la segunda década infame (los 90) nunca se aprobó el tan mentado proyecto de Código Ambiental ¿impulsado? por Maria Julia Alsogaray. No fue sino en 2002, en el ocaso del neoliberalismo, cuando el modelo era cuestionado, acosado y se sentía en riesgo, que se aprobó la Ley General Ambiental que habilita cierta participación popular en cuestiones que íntimamente se relacionan con el desarrollo. 

El debate sobre otra minería debe darse ahora, porque ¿qué otro signo político ha demostrado mejor que el actual gobierno nacional, una voluntad de generar condiciones de desarrollo sustentable, basado en la producción industrial y la innovación tecnológica y productiva, y con inclusión social?

Una vez que el menemato otorgó las concesiones de exploración y explotación sobre las riquezas minerales conocidas, le dio otra vuelta de tuerca a la cuestión: provincializó su dominio originario, con varias consecuencias evidentes: 1) Las administraciones provinciales tienen, incluso por razones presupuestarias, menores posibilidades de realizar eficaces controles sobre los emprendimientos; 2) su capacidad negocial es infinitamente menor a la del Estado Nacional, normalmente acuciadas por necesidades económicas, incluso muchas de las provincias mineras fueron consideradas como inviables por el Banco Mundial; 3) sus limitaciones técnicas y económicas las convirtieron en presa fáciles para el negocio de asesoramiento de las megaONGs ambientalistas (vean en el CV el aprovechamiento que en ese sentido hizo el propio Sabsay y su Fundación), y por su intermedio, para la USAID, la NED, el Banco Mundial, etc.; 5) “la otra cara de las ONGs” se manifiesta obstaculizando el accionar de los gobiernos, generando un “riesgo empresario adicional” que debilita aún más la capacidad negocial del Estado frente a las megaempresas, y facilitando el trabajo de generación de desconfianza hacia lo público; 6) la multiplicidad de jurisdicciones trajo como consecuencia la multiplicidad de legislaciones, en franca competencia de “benignidad” con el fin de hacer atractiva cada provincia a las inversiones; 7) La multiplicidad de actores públicos dificulta la explotación minera como un todo orgánico y organizado, y el diseño de políticas comunes hacia el sector empresarial.

A aquel que crea que la contradicción fundamental sigue siendo “Liberación o Dependencia”, no puede ser ajeno a la idea que para superarla es necesario activar todos los mecanismos posibles de desarrollo, superando la primarización de la economía y siendo capaces de producir la mayor parte posible de lo que consumimos o utilizamos. La minería es, precisamente, una actividad extractiva que posibilita el desenvolvimiento de una matriz industrial-tecnológica, siempre y cuando se supere la concepción netamente extractiva-exportadora. El pueril y mentiroso argumento pseudopatriotero de “no a la minería – no al saqueo de nuestra riqueza” (si los minerales no se extraen del suelo, no son riqueza) debe ser superado por una propuesta que acepte la actividad, la regule y abarque el mejor aprovechamiento del recurso.
Un “no a la minería” implica  un “no al desarrollo autónomo”, esconde el deseo de ocultar bajo la tierra recursos potenciales hasta que los vientos cambien, y puedan ser mejor y más libremente aprovechados por los intereses foráneos. Barrik Gold puede esperar, la concreción de nuestros sueños de desarrollo, sustentable y con justicia social, NO.


Entrenamiento USAID. Un par de ejemplos.


Para empaparse en un análisis global, está buena esta serie.

3 comentarios:

kike dijo...

Siempre estos muchachos haciendo la misma,aqui en San Jose los referentes son vendedores de frutas y verduras "curadas" con remedios prohibidos,denuncian un terraplen(muy bien) pero no denuncian los asidos tirados a 100 metros del balneario San Jose por Fana quimica,los propietarios de los frigorificos avicolas contaminan,Eggs en pleno pueblo,pero el senador Arletaz es la mano derecha de el,Los Marso igualmente pero su financiera es la que junto al municipio "venden" Pymes cuando en su rubro le construyen galpones de pollos a los integradores pagaderos en 10 años(o sea por ese tiempo le laburan gratuitamente)pasado ese tiempo los galpones estan hechos bolsa....pequeña reflexion a la distancia de la complicidad municipio,contaminadores.....pequeños Greenpeace disfrasados,fieles representantes de los que mas tienen...

profquesada dijo...

Rucio, publiqué un post, hace pocos días "no siempre las cosas son lo que parecen" que gira en torno y hace referencia a tu saga de tres (ahora de 4) posts No, No, NO... que me parece buenísima y que aborda un tema difícil con huevos y sin temor de parecer políticamente incorrecto, te lo comento porque me parece que no lo viste.

Un abrazo

Pibe Peronista dijo...

Terrible investigueta! Rucio, aplauso para usted!