La cuestión no es volver, sino seguir llegando.

En las redes sociales proliferan las expresiones de deseos que Cristina vuelva (cosa solamente posible dentro de 4 años) o que el propio accionar del gobierno macrista produzca su caída antes de la finalización de su mandato (como dijera Perón desde el exilio cuando se le preguntara que pensaba hacer para volver "yo no haré nada, todo lo harán mis enemigos"). 

No pretendo ahora bucear en estas hipótesis (ambas de cumplimiento factible, por cierto, pero no forzoso), sino manifestar mi preocupación en relación a algunos tópicos que, evidentemente, están presentes en la agenda del nuevo gobierno, y que expresan un grave retroceso respecto a la forma de vida democrática, tendencia que es ineludible frenar para no lamentar la consolidación de una autocracia de pronunciado sesgo oligárquico y corporativo. 

No es una caracterización antojadiza, ni desconoce la legitimidad democrática de origen del Primer Mandatario. Sí reconoce la voluntad expresa del Presidente de “gobernar por decreto” (al menos en una primer etapa), desconociendo la voluntad popular expresada en las elecciones y traducida en la composición de las cámaras del Congreso y en las administraciones provinciales (el macrismo y sus aliados sólo ganaron ¼ de las provincias) y municipales. El sesgo oligárquico es reconocible en medidas tales como la eliminación de las retenciones y la devaluación del peso, ambas en beneficio de un reducido grupo de productores agropecuarios y exportadores de materia prima de origen rural (granos, carnes sin procesar), en contraposición de una avarienta medida de “mejorar” con el pago por única vez de $ 400 a los beneficiarios de Asignaciones por hijo y por embarazo y jubilados que perciben la jubilación mínima (quienes sufrieron la pérdida de alrededor del 40% del poder adquisitivo de sus ingresos merced a las ambas medidas mencionadas en primer lugar, o la negativa a prestar ayuda económica a quienes sufrieron las consecuencias de las inundaciones en el Litoral. El sesgo corporativo quedó de manifiesto en la designación de los ministros y secretarios, la gran mayoría de ellos vinculados a grandes corporaciones multinacionales o a los medios de comunicación hegemónicos.

Pasemos a enunciar algunos de esos tópicos, manipulados desde el gobierno con una discursividad fundada en el lenguaje eufemístico..

1)   La institucionalidad.

Mauricio Macri se paró, desde el primer día, pisando la línea de divide las atribuciones de los Poderes del Estado. Sin otra necesidad ni urgencia que las exigencias de sus socios del ámbito empresarial, legisló modificando leyes (Ley de Ministerios), o derogándolas (en el caso de la Ley de Educación Nacional y del Financiamiento Educativo, recortando el presupuesto educativo a la mitad por la remisión –y reinstalación- a la ley derogada hace una década), intervino entidades autárquicas modificando su estatuto legal (AFSCA y AFTIC), designó magistrados de la Suprema Corte sin acuerdo del Senado (usando un artilugio inconstitucional que cosechó el rechazado de la enorme mayoría de los doctrinarios del derecho, sean oficialistas u opositores).

Ninguna de estas medidas (mencionadas solo 3 en medio de un aluvión que a 18 días de gobierno supera la treintena) es inocente o casual. La creación de una nueva y numerosa estructura de Ministerios ( DNU 13/2015, el que ni siquiera dedica una línea para justificar su necesidad y/o urgencia) y Secretarías parece responder a la necesidad de hacer lugar en el gobierno a una multitud de CEOs de Empresas “amigas” que regentearán (seguramente con cierto grado de autonomía, copiando el sistema de “Agencias” norteamericanas) áreas íntimamente vinculadas con los intereses de sus empleadores (Por ej.: Shell: combustibles y energía; Clarín: Cultura, editorial, producciones audiovisuales, legislación sobre medios audiovisuales; LAN Chile: Aerolíneas Argentinas; JP Morgan: Banca, endeudamiento externo; Cadena de supermercados “La Anónima: Secretaría de Comercio Interior) lo que hace dudar de su ánimo de avocarse a la protección del “el interés común”. 

Tampoco parece casual la mención a la Ley Federal de Educación como marco normativo de la actividad del Ministro del área. No implica sólo un recorte presupuestario del 50%, sino también una redefinición de todo el sistema (quedan sin regulación la Educación técnica, modifica el sistema de grados, desaparece la idea de Educación como Derecho inclusivo para retomarse la paradigma de educación como servicio). El Ministro calificó la remisión como “un error”, lo cierto es que no se enmendó y así llegó al Congreso para su ratificación o rechazo. 

Si a esto sumamos la reticencia y los amañamientos de los legisladores de la coalición gobernante (en Franca minoría en ambas cámaras del Congreso), todo indica que el sistema republicano está siendo francamente vulnerado. El argumento preferido de los acólitos macrista parece ser “nosotros ganamos”, lo que sólo es parcialmente cierto. Ganaron las potestad de conducir el país, pero en el marco de la legalidad y del juego de las instituciones. El FPV en primera vuelta recibió un caudal electoral que le permitió quedar a 5 votos de la mayoría especial de 2/3 de la Cámara de Senadores y a 13 (contabilizando aliados) de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados). Evidentemente, se impone una práctica de diálogo y consenso, de la que el partido de gobierno sólo parece tomar registro en el ámbito discursivo, pero no en su “Blitzkrieg” político.

2)   Los derechos humanos.

Casi inmediatamente después de la toma de posesión, jueces de Entre Ríos y La Pampa, mostraron la hilacha, es decir, “sinceraron” su posición real respecto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura Cívico-Militar, ampliando la reticencia ya manifiesta de juzgar las complicidades empresariales durante ese período. Otros indicios preocupantes son que Macri (ni antes ni después de asumir) jamás convocó a ningún organismo vinculado a los DDHH a debatir ni a explicitar su propuesta sobre la cuestión y que, quien fuera designado a cargo de la Secretaría de DDHH (Claudio Avruj) no menciona en su currículum ninguna relación ni compromiso con el tema.

Pero “el curro de los derechos humanos”, como lo calificara el actual Presidente, tiene aristas bastante más amplias que la política de Memoria, Verdad y Justicia impulsada coherentemente en los últimos 12 años. 

En el terreno de los DDHH económicos, sociales y culturales, los salarios, jubilaciones, pensiones y asignaciones, sufrieron un abrupto recorte de hecho del 40% de su poder adquisitivo, merced a la acción combinada de la devaluación, la quita y reducción de retenciones y de la especulación de los formadores de precios; también se han discontinuado (o recortado) programas de inclusión social (como Argentina Trabaja) y son cada vez más fuertes las posiciones que sostienen la eliminación de los de inclusión educativa (FINES, programas de becas y estímulos). 

No en vano, en las primeras encuestas que se realizan pos asunción de Macri, el problema del desempleo pasó a ser tenido como el motivo de angustia de los argentinos de mayor crecimiento, duplicando su anterior registro. 

 

Desde el oficialismo (y desde el sector empresario más concentrado) se ha redefinido a los salarios como un “costo” (no como un derecho), y, lejos de alentarse una perspectiva favorable a su recuperación, se adoptan posturas que van desde la eliminación de las paritarias como método para fijar su piso, pasando por aquellas que sostienen que deben estar sujetos a la “productividad”, hasta la que sostiene la cristalización de la pérdida sufrida proponiendo que el debate sobre la recomposición salarial gire en torno a la expectativa de inflación (futura) y no sobre la ya sufrida. 

Esta situación de regresividad de los DESC ya ha sido en cierta forma reconocida y legitimada por la Suprema Corte. En el año 2004 el máximo organismo judicial sentenció que cuando se hablaba en los pactos internacionales de que estos derechos eran “progresivos”, no solo implicaba la obligación del Estado de mejorarlos paulatinamente, sino también la prohibición de menoscabarlos, es decir, de desconocerlos o recortarlos en un futuro. Y lo sostuvo de manera tajante y en términos absolutos. En un reciente fallo ("Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción de amparo" 24/11/15,), al que al menos en este aspecto poca trascendencia se le dio, el menguado Tribunal relativizó su anterior conclusión y dijo que “progresivamente” implicaba desconocer “injustificadamente” derechos ya reconocidos. Es decir, pareciera que ahora existirían hipótesis en que se admitiría su recorte o regresión. 

El tercer DDHH jaqueado sin pudor es el de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todas las acciones parecen estar dirigidas a 2 claros objetivos: consolidar la posición dominante de Clarín (para lo cual no se han ahorrado iniciativas que van desde el asalto al AFSCA, la reforma parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la designación de personajes íntimamente vinculados al grupo en puestos claves relacionados con su actividad –Ministerio de Cultura, Incaa, Defensa al Consumidor, conducción de Radio Nacional-, hasta la designación de un abogado que tiene como cliente al Grupo -Carlos Rosenkranz- entre los nominados para integrar “en comisión” un cargo vacante en la Suprema Corte de Justicia.  

 

Como si no fuera suficiente, sistemáticamente se persigue o amenaza con sacar del aire programas y periodistas que cuestionan el nuevo régimen, cuando no eliminar de las grillas a canales completos como Telesur o Senado TV, que transmitía íntegras las sesiones de la Cámara. Ya lo sufrió 678, ya se le recortaron horas de radio a Víctor Hugo Morales, y no se cansa de denunciar la persecución Roberto Navarro. Como si algún ingrediente le faltara al caldo, la aquiescencia del Estado se hace patente cuando todo parece indicar que de la empresa del grupo Clarín Fibertel salió el ataque informático que hizo caer durante varios días a la web del diario Página 12. 

  

El término “apagón informativo” viene siendo utilizado con cada vez más frecuencia para denunciar una situación de amparo mediático del que no se tenía registro desde la última Dictadura Militar. No ignoramos que durante la democracia han existido vulneraciones puntuales y específicas a la libertad comunicacional (alguna vez realizamos un conteo sin ánimo de taxatividad) , pero jamás se presentó una verificable sistematización en el acallamiento de voces discordantes como en estos primeros 18 días de administración macrista. 

3)   El endeudamiento.

Antes de asumir se anunciaba una verdadera catarata de dólares que sería propinada por prestamistas privados de la más variada calaña, interesados en el despegue del país y su reinserción en el “civilizado” mundo de las finanzas internacionales. Para fomentar estas iniciativas, hubo que liberar el cepo cambiario y eliminar el anclaje que se les exigía a las inversiones extranjeras para evitar el voraz paso especulativo de los “capitales golondrinas”. Hasta hoy día, parece ser que los interesados aún no han encontrado suficientes garantías ni incentivos, pero ha de suponerse, porque nada de las negociaciones a tal fin trasciende de las clausuradas puertas de la sala de prensa de Casa Rosada. El único anuncio palpable es el de un crédito comprometido por el BID de 5.000 millones de dólares (en 4 años), es decir, por poco menos de 1/5 de las reservas monetarias actuales.

Sin decirlo abiertamente, el Ministro Prat Gay calificó al logro de insuficiente, en el mismo momento de anuncio dijo que Argentina necesitaba de inversiones en infraestructura de 10.000 millones de dólares anuales, dejando en claro su voraz vocación endeudadora. 

Al ritmo propuesto, considerando la inexistencia de un plan económico que impulse la producción de bienes manufacturados (por el contrario, se liberaron tanto la importación, como la exportación de materias primas agropecuarias y se promete la eliminación de subsidios a las tarifas sobre el transporte y la energía, dejando al salario como única variable para garantizar la competitividad de la industria nacional), es previsible que Argentina abandone rápidamente su condición de país más desendeudado en relación a su PBI, sumergiéndose nuevamente en el vicioso círculo del endeudamiento externo (endeudamiento - ajustes para garantizar el pago – achicamiento de la producción y caída del PBI – reendeudamiento para pagar intereses) y, con ello, abandonando toda aspiración de que el Estado participe del diseño de su economía y en la redistribución del ingreso. 

La gravedad (y probable irreversibilidad) de la situación debiera centrar nuestra atención en este hoy y ahora, momento en que se medirá la visión y dimensión política de legisladores y dirigentes. Hasta tanto no exista una reflexión profunda y una toma de conciencia del error de los que ingenuamente acompañaron electoralmente al macrismo, poco pueden hacer las masas en las calles, si la dirigencia que desempeña roles institucionales no cuentan con la capacidad de articular y canalizar los reclamos y con la férrea voluntad de frenar la desarticulación del Estado Social de Derecho con las herramientas que en sus manos pusieron la Democracia y la República y la dirigencia partidaria no se avoca a la reconstrucción de la herramienta política. 

Por eso digo que, aunque digan que nos fuimos, no es cuestión volver, sino seguir llegando.