viernes, 10 de febrero de 2012

NO, NO y NO (des enlace)

¿Para muestra basta un botón? Tomemos este artículo del periódico local El Entre Ríos (de tradición conservadora, pasado reciente procesista y actualidad peornista federal) y nos vamos a encontrar con la típica metodología comunicacional de la posición ambientalista. Tras la mención del art. 41 CN, una consecución de clichés, expuestos como axiomas sin explicación, referencias ni fundamentos, aseveraciones genéricas aplicables a cualquier situación sólo mutando los términos asociados a la minería por cualquier otro emprendimiento que se pretenda denigrar, todo avalado por supuestos especialistas cuyos nombres y trayectorias se reservan celosamente. Por fin, es condimentado finamente con alusiones al gobierno nacional y a los provinciales subrayando su carácter de socios de los intereses económicos multinacionales (lo que da "cositas", proviniendo la nota de un diario de fina estirpe neoiberal).


Shinyanga, Tanzania ¿Minería a cielo abierto?

En esas condiciones se baja la persiana a un debate nonato, se elude cualquier disidencia científica o tecnológica y, lo peor, se esquiva y proscribe la cuestión central: el derecho del Estado a resolver  sobre la administración estratégica de los recursos naturales, determinando las condiciones y la finalidad de su explotación, y su utilización como herramienta de desarrollo sustentable y autónomo.

¿Cómo y por qué se llegó a implantar y naturalizar la idea de que son las organizaciones ecologistas las legitimadas para determinar la conveniencia o no de una explotación económica?  El ecologismo viene reclamando su reconocimiento como religión secular. Apreciemos la posición de la Iglesia Católica respecto a temas como el divorcio, el matrimonio igualitario o el aborto. No está mal que sus acólitos elijan participar de un régimen moral particular, el problema estalla cuando sus posiciones fundamentalistas pretenden ser impuestas a la totalidad de una comunidad, independientemente de la adhesión que en sus miembros concite el posicionamiento. Aquí, la Iglesia pretende ocupar un sitial reservado en exclusividad al Estado. En este sentido, los límites y efectos del concepto “pecado” se van asimilando al de “contaminación”. Como la religión, el ecologismo va perfilando un dogma infalible, revelado, que aspira ser absoluto y de aplicación obligatoria a todos los mortales. Si continuamos con las comparaciones, la Iglesia Católica (en vistas de su funcionalidad como factor de cohesión social y de legitimación) se consolida, se expande e impone a partir de su reconocimiento como religión oficial del Imperio (Romano). Luego de ser ignorado y hasta perseguido (recordemos a Chico Mendes), el ecologismo también.

Remito nuevamente a la lúcida descripción que James Petras hace de las ONGs en general, pero ya es hora de especificar un poco más sobre las relacionadas al tema.

Hacia 1990, el Banco Mundial, en el marco ideológico del Consenso de Whashington, reafirma la concepción de la división internacional del trabajo y dirige sus créditos hacia los países periféricos inspirado en la idea de mejorar sus condiciones de productores de materias primas. Particular relevancia adquieren los montos destinados a la forestación, con múltiples finalidades: se manifiesta que es un intento de eliminar la pobreza protegiendo los bosques nativos, pero en realidad, responde al objetivo de compensar el desequilibrio producido por los gases de efecto invernadero emitidos desde el primer mundo. Las cuestiones social y conservacionista fueron mera excusas. La prueba está en que no se promovió la reforestación de especies nativas, sino el monocultivo de especies transgénicas de usos industriales. Nunca se verificó que la pobreza haya disminuido en ningún punto del mundo, producto de semejante política. Lo reconoció el propio Banco Mundial en 2000, en una tibia autocrítica del organismo.  

Que los objetivos primordiales fueron en realidad reforzar la idea de la división internacional del trabajo y equilibrar la producción de gases de efecto invernadero, lo demuestran el adicional incentivo mediante la introducción del comercio de bonos decarbono  (Kioto 1997) y el hecho que en  2007 (7 años después de la autocrítica), ante la mala idea del Gobierno de Corrientes de consultar al Banco Mundial respecto a las perspectivas de desarrollo, la institución le responde: foresten,señores, foresten, y sigan produciendo materias primas.

En este punto, es necesario decir que el plexo legal nacional regulatorio de la minería (Código; Ley de Inversiones Mineras  yAcuerdo Federal Minero entre otras, a las que debemos agregar los acuerdos de protección recíprocas de inversiones), reinventado en los 90, es claramente, un dispositivo que alienta la actividad extractiva a fines de la exportación de la materia prima sin valor agregado, perfectamente funcional a los dictados del Banco Mundial y los lineamientos del Consenso de Washington. 

Por supuesto que la imposición de los criterios que deben adoptar los Estados para definir su rol en el mundo, está ineludiblemente unida al logro de “consensos sociales” (reales o aparentes) que naturalicen la sumisión, al punto tal, que la vuelva invulnerable a las posibles modificaciones de políticas a adoptar desde el Estado, producto de las oscilaciones del sentir popular expresadas a través del sistema democrático. 

Para ello, nada mejor que preservar ciertos ámbitos, enajenándolos de la política y poniéndolos en mano directamente de “la gente”, un colectivo inorgánico carente de canales representativos, y por ello fácilmente manipulable desde alguna cúpula dirigencial suficientemente militante y generosamente financiada. Y sembrando en este campo, descolla la actividad de la USAID como reclutadora, conscientizadora, entrenadora, articuladora de mecanismos de sensibilización social y financista de actividades que tienen como objetivo la conservación de las premisas neoliberales funcionales a los intereses del Departamento de Estado Norteamericano (en un abanico tan amplio que le permite abarcar desde la calificación de democrático o no de un gobierno, pasando por su transparencia, cánones de desarrollo a adoptar y, obviamente, los parámetros medioambientales).

Volvamos a la detestable práctica de pretender universalizar a partir de un caso particular (pero no aislado, JE!). Un ineludible referente nacional en todo lo que concierne a la materia ambiental es el jurista, “reconocido constitucionalista”, alma mater de la Fundación FARN (desde 1985): DANIEL SABSAY (ver CV), renombrado opinólogo mediático en materias tales como el destino final de los residuos domiciliarios en la CABA, la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, el conflicto por las pasteras uruguayas, la constitucionalidad de las retenciones móviles, la conflictividad social en torno de la minería, entre una diversidad de etcéteras, entre los que se cuenta opinar sobre la idoneidad moral de Zaffaroni o sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales. 

En la amplia foja de servicios que el propio Sabsay expone en la página de la UBA, encontramos que, simultánea o sucesivamente, ha prestado servicios para el C.F.I de la Dictadura (como consultor externo desde 1981 hasta 1983 en materia de descentralización hacia las provincias de servicios públicos), para el Banco Mundial (consultor desde 1991), en 1996 integra una “Comisión internacional de expertos a quienes se les encarga el diseño de una estrategia para desarrollar un sistema político democrático realmente funcional y participativo”, impulsada y financiada por la USAID, también alterna con IDEA, Poder Ciudadano y la Fundación Ford. Asimismo, a través de su Fundación Farm (entre cuyos sponsors 2010 figuran la USAID, Coca Cola, la delegación argentina de la UE, Walmart) ha sido un conspicuo animador de acciones relacionadas al medio amiente financiadas por el Estado Nacional, algunas provincias, el PNUD (Programa ONU para el desarrollo), entre otros organismos públicos. A pesar de la apariencia “progresista” con que se lo acostumbra barnizar, la calidad de sus mecenas delata su coherente práctica conservadora.
Junto a otras ONGs de similar perfil, FARN financiado por PNUD el proyecto “Mapa del ConflictoMinero”, cuya declarada finalidad es “La conformación de una “Plataforma de diálogo e intercambio de información y generación de confianza multisectorial” para el análisis estratégico de las causas de la conflictividad, y generación de consensos mínimos en el abordaje de conflictos mineros. A partir del mapa producido se busca conformar una plataforma de gestión del mismo que definirá el mecanismo de adhesiones y la dinámica de actualización de información”.
 
Si visualizamos el mapa y leemos sus comentarios, no tardamos en darnos cuenta que las organizaciones involucradas han dilapidado lastimosamente el dinero de la ONU, ya que ni han logrado consensos, ni han logrado gestionar exitosamente el conflicto, ni mucho menos han promovido válidamente “la compresión y la confianza entre diferentes actores, encontrando vías de comunicación de calidad para la integración de la información y evitando que los conflictos escalen como consecuencia de la falta de información comprensible, así como por una comunicación deficiente o perturbadora”. Lejos quedamos del diálogo sobre la minería sustentable, en la actualidad la discusión quedó enfrascada en el sí o no a la minería. Si recordamos la descripción de la situación peruana del post anterior, al menos respecto  Daniel Sabsay la similitud del cambio de actitud es enorme. Mientras ahora aboga por la prohibición lisa y llana de la minería a cielo abierto  o sobre la necesidad de construcción de consensos que ya han sido dinamitados, durante los 90 se plegó mansamente a la redacción del actual estatuto minero, sin oponer ninguna objeción a este tipo de explotación (ver CV).

El resultado concreto es que se acepta y naturaliza que un grupo de personas, incluso sin razón jurídica o científica alguna, en razón de su localización geográfica, puede ser capaz de torcer el rumbo de mayorías que adhieren a una estrategia de desarrollo. La verdad es que suelen resultar simpáticos los brotes de rebeldía de cualquier tipo que sea. Pero no es menos verdad que solemos ser susceptibles  a temer a lo desconocido, por más que la racionalidad nos indique la absoluta improbabilidad de que suceda el evento que tememos.  Si no pregunten qué pasó cuando, en 1938, a Orson Welles se le ocurrió la mala idea de realizar un radioteatro sobre “La guerra de los Mundos”. Ah, claro! Fue en 1938, estas cosas ya no pasan… vean el inicio (min. 3 en adelante) de la disertación en este video, sobre la búsqueda de avales para la prohibición de una sustancia peligrosa.




De mi parte no creo en la sinceridad de las organizaciones ambientales cuando plantean que sus acciones tienen por objeto el empoderamiento de la gente,  o la promoción de formas de la democracia participativa “focalizada” en una acción local.

Fundamentalmente no creo en ese discurso “empoderador”, basista y democratista, porque los ambientalistas lo suelen usar como excusa, pero no es la razón última de su accionar. ¿Qué sucede cuándo, a pesar de sus prédicas, los supuestos beneficiarios son reacios a sus alertas y no acompañan sus acciones? Lean este revelador (y enternecedor) testimonio publicado por la promotora de la glamorosa propaganda protagonizada por Julita Diaz, Nicolás Pauls y otr@s: la ONG Conciencia Solidaria. El patético escrito “La Heroicidad en Marcha”  (por favor, lean al menos las frases coloreadas) de su líder Daniel Gagliardo  es un alegato paternalista que resume, desde el título, la consciencia mesiánica de su autor, y de sus seguidores. Aunque tome nota que no quieren “ser salvados”, invadieron igual el pueblo en nombre de los ausentes, asumiendo una representatividad que nadie les confirió, y continuaron su sorda marcha obstruccionista. 

Distinta es la lectura sobre organizaciones como la Fundación FARN, en este caso, desembozadamente renuncian a toda pretensión representativa, y se asumen indecorosamente como lobistas o mercenarios según el caso. Se sinceran al expresar en su página web: “Los destinatarios del trabajo de FARN son, principalmente, los decisores públicos y privados”.

El formato “asambleísta” y la práctica de la “licencia social”, en tanto reconoce a organizaciones irrepresentativas (del pueblo o de la ciencia y técnica; sí, claro, de los intereses que financian su acción) a las que se admite en el debate de lo público sin indagar primero siquiera el origen de los fondos que las sustentan, sin garantizar condiciones mínimas de “consentimiento informado”, más que un reconocimiento de capacidades ciudadanas de autogestión, termina resultando un nuevo desmembramiento del poder estatal, ya menguado por la Constitución de 1994 cuando la capacidad de fijar políticas estratégicas del Estado fue atomizada a favor de las administraciones provinciales al reconocerles a éstas el dominio originario sobre los recursos naturales (art. 124). Parece necesario recordar que la legislación nacional que regula la conservación y salud ambiental (L. 25.675 – 2002), si bien reconoce la participación ciudadana, le da un mero carácter de consultiva y no vinculante (Art. 20: Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública), contrariamente a las aspiraciones de las ONGs.

La contradicción fundamental sigue siendo la misma.

Para terminar, quiero que quede claro que estos posts están orientados a denunciar la funcionalidad (no gratuita) de ciertas organizaciones autodenominadas “ambientalistas” o “ecologistas”, a los intereses de dominación del Imperialismo. Ningún amor al medio ambiente, mucho menos a los intereses nacionales. 

Distingo de esos a aquellas personas legítimamente preocupadas por su salud, su economía doméstica, su forma de vida o su paisaje, cuya sensibilidad es exacerbada, manipulada y explotada por los vendedores de humo (no contaminante) profesionales. El mecanismo de inducir el terror al cambio y al desarrollo y de fomentar la desconfianza hacia sus gobiernos encuentra naturales andariveles en una población susceptible por haber sufrido, hace 10 años nomás, las prácticas neoliberales de los mismos que ahora financian, entrenan y se esconden detrás de los "defensores de la naturaleza".

Tampoco quiero decir que todo está bien en materia de legislación Minera. Pero no me pasa por alto que durante la segunda década infame (los 90) nunca se aprobó el tan mentado proyecto de Código Ambiental ¿impulsado? por Maria Julia Alsogaray. No fue sino en 2002, en el ocaso del neoliberalismo, cuando el modelo era cuestionado, acosado y se sentía en riesgo, que se aprobó la Ley General Ambiental que habilita cierta participación popular en cuestiones que íntimamente se relacionan con el desarrollo. 

El debate sobre otra minería debe darse ahora, porque ¿qué otro signo político ha demostrado mejor que el actual gobierno nacional, una voluntad de generar condiciones de desarrollo sustentable, basado en la producción industrial y la innovación tecnológica y productiva, y con inclusión social?

Una vez que el menemato otorgó las concesiones de exploración y explotación sobre las riquezas minerales conocidas, le dio otra vuelta de tuerca a la cuestión: provincializó su dominio originario, con varias consecuencias evidentes: 1) Las administraciones provinciales tienen, incluso por razones presupuestarias, menores posibilidades de realizar eficaces controles sobre los emprendimientos; 2) su capacidad negocial es infinitamente menor a la del Estado Nacional, normalmente acuciadas por necesidades económicas, incluso muchas de las provincias mineras fueron consideradas como inviables por el Banco Mundial; 3) sus limitaciones técnicas y económicas las convirtieron en presa fáciles para el negocio de asesoramiento de las megaONGs ambientalistas (vean en el CV el aprovechamiento que en ese sentido hizo el propio Sabsay y su Fundación), y por su intermedio, para la USAID, la NED, el Banco Mundial, etc.; 5) “la otra cara de las ONGs” se manifiesta obstaculizando el accionar de los gobiernos, generando un “riesgo empresario adicional” que debilita aún más la capacidad negocial del Estado frente a las megaempresas, y facilitando el trabajo de generación de desconfianza hacia lo público; 6) la multiplicidad de jurisdicciones trajo como consecuencia la multiplicidad de legislaciones, en franca competencia de “benignidad” con el fin de hacer atractiva cada provincia a las inversiones; 7) La multiplicidad de actores públicos dificulta la explotación minera como un todo orgánico y organizado, y el diseño de políticas comunes hacia el sector empresarial.

A aquel que crea que la contradicción fundamental sigue siendo “Liberación o Dependencia”, no puede ser ajeno a la idea que para superarla es necesario activar todos los mecanismos posibles de desarrollo, superando la primarización de la economía y siendo capaces de producir la mayor parte posible de lo que consumimos o utilizamos. La minería es, precisamente, una actividad extractiva que posibilita el desenvolvimiento de una matriz industrial-tecnológica, siempre y cuando se supere la concepción netamente extractiva-exportadora. El pueril y mentiroso argumento pseudopatriotero de “no a la minería – no al saqueo de nuestra riqueza” (si los minerales no se extraen del suelo, no son riqueza) debe ser superado por una propuesta que acepte la actividad, la regule y abarque el mejor aprovechamiento del recurso.
Un “no a la minería” implica  un “no al desarrollo autónomo”, esconde el deseo de ocultar bajo la tierra recursos potenciales hasta que los vientos cambien, y puedan ser mejor y más libremente aprovechados por los intereses foráneos. Barrik Gold puede esperar, la concreción de nuestros sueños de desarrollo, sustentable y con justicia social, NO.


Entrenamiento USAID. Un par de ejemplos.


Para empaparse en un análisis global, está buena esta serie.

lunes, 6 de febrero de 2012

NO, NO y NO (Nudo - continuación)

Si no lo han hecho antes, y antes de patalear, lean  la parte II y la parte I)

Si queremos ver un acabado ejemplo de todo lo dicho en los posts anteriores, tomemos el caso de Perú, país tradicional y esencialmente minero si los hay, como podemos ver acá. El complejo minero es el principal motor de la economía, siendo la razón fundamental del crecimiento y del boom inversionista de los últimos años, bajo la héjira neoliberal. Las exportaciones, principalmente de cobre, oro, cinc, plata y molidbeno, entre otros, representan el 60% del total de las exportaciones peruanas.

Si googleamos “movilizaciones contra minería Perú”, o similares, nos vamos a encontrar que resultaron francamente escasas las manifestaciones de este tipo… hasta el año pasado que se produjo una impresionante y “espontánea” explosión de la conciencia ambientalista antiminera. ¡Ta’queloparió! Justo cuando gana Ollanta Humala, que recientemente dice en Davos a los directivos de las Mineras que operan en Perú: "Queremos que nos conozcan y que sepan cuáles son las reglas de la nueva minería que queremos, de la nueva relación con las empresas mineras, donde se pone énfasis al respeto del medioambiente y el desarrollo social … La idea es que convivan de manera positiva actividades extractivas no renovables, como la minería, con las renovables, como agricultura, ganadería o agroindustria".

Lástima que exista el rebrote ambientalista casualmente justo ahora, no? Porque eso ha logrado generar la preocupación de las empresas mineras radicadas, que expresaron recientemente en un Cónclave en Cuzco "Si esto (la protesta ha adquirido "sorprendente" similitud metodológíca de cortes de rutas y viás internacionales, a los intransigentes sojeros o antipasteros argentinos) continúa y toma vuelo, esto es un riesgo… La población no cree en el Estado y eso escapa al marco de la empresa".

Oh! Y ahora… quien podrá defenderlos frente al riesgo y el descrédito en que cayó el Estado (que pretende reformular las relaciones con las mineras) frente a “la gente”? Para eludir este problema, sacando del medio a un Estado inoperante frente al conflicto social, los previsores empresarios de la minería radicados en Perú, venían formulando desde 2010 “alianzas estratégicas” con sujetos más confiables, ni más ni menos que la propia USAID, dependiente directa del Departamento de Estado Norteamericano y la mayor agencia norteamericana financiadora de ONGs. “preocupadas en el desarrollo sustentable de los pueblos”. La Alianza, denominada proyecto PRA, incluye acciones en materia de salud, producción y comercialización para pequeños productores que habitan las áreas de influencia de las explotaciones mineras, es decir acción social mediante microcréditos y capacitación, pero sin la participación del detestable y “cuestionado socialmente” Estado no neoliberal. 
Por supuesto que nada de esto habilita a pensar que, de ese modo, el Departamento de Estado busca desarrollar el control social y geopolítico sobre el territorio minero peruano, lo que implica el control de su economía y del recurso natural estratégico. ¡Como asociar esta suma de casualidades con la situación que atravesó Evo Morales hace poco? ¿quien dice que la política exterior norteamericana se olvidó de Latinoamérica? (nota al margen: USAID-Perú tiene experiencia en el campo social, estuvo directamente involucrada en el programa esterilización definitiva, masiva y forzosa aplicado a más de 350.000 mujeres y 25.000 hombres de comunidades indígenas campesinas, llevada a cabo bajo la administración fujimorista, especialmente durante los años 96 y 97 –ver acá y acá).  
El ejemplo peruano, creo que demuestra claramente que la táctica de “NO a la Minería” resulta un recurrente método que termina afianzando la posición de las empresas mineras frente a quienes pretenden regular su actividad desde una perspectiva de defensa del interés nacional, resultando también funcional a la injerencia del poder imperialista sobre los recursos naturales, debilitando su administración estratégica por parte del Estado.

Si les parece paranoico de mi parte comparar la documentada situación peruana con la nuestra actual, sepan disculpar mi desviación, es que estoy fuertemente influenciado por el consignismo binario de la propaganda ambientalista.

Veo un canadiense, y me pongo como loco, claro, me dicen que los hijunagranputa vienen a cagarnos acá porque allá está prohibida la minería a cielo abierto y no pueden contaminar ni un tantito así. ¿Si? ¿acaso no escucharon hablar de las arenas petrolíferas de Athabasca, megaminería a cielo abierto, consumidora de enormísimas cantidades de agua en forma de vapor, productor de gases de efecto invernaderos y desechos contaminantes como ninguna otra forma de extracción petrolera, destructor de bosques boreales… y está en Canadá! (también acá y acá).

Además nos van a llenar el agua de cianuro… todos muertos desde Famatina hasta la costa del Paraná. El que no se muera por el que utiliza la mina (18% del total del cianuro utilizado industrialmente lo es en la actividad minera), se morirá sacando fotos, tomando agua en botellas de plástico, o por usar el anillo de casamiento (buena excusa), o por techar el rancho con zinc, por comprar juguetes plásticos o productos de goma sintética para los niños, o por usar forro, o por comer papa o mandioca, entre tantos otros riesgos a los que nos somete diariamente la utilización del 82% restante del uso industrial del cianuro más el cianuro en estado natural. Pero además, no nos informan que el cianuro se puede reutilizar mediante reciclado en circuitos cerrados (disminuyendo su capacidad contaminante) ni que es una sustancia sumamente inestable que se degrada naturalmente para transformarse en otras sustancias no peligrosas en un día al sol o 3 en el agua. Nuevamente nos imponen una contradicción maniquea, cuya falsedad reside en no permitirnos estudiar y debatir como reglamentar y controlar su uso para amortiguar hasta casi nulificar su peligrosidad, lo cual es perfectamente viable siguiendo las reglas internacionales (Codigo Internacional del Uso del Cianuro en PDF).


Por supuesto que, la única verdad revelada es la que poseen las organizaciones ambientalistas. ¿saben por qué? Es que no se puede confiar en el criterio de los académicos especialistas, y mucho menos en las Universidades… están todas compradas por las mineras. Mirá acá está la prueba, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA  renunció a la “prebenda” para mantener su independencia de criterio. Por supuesto que lo que normalmente no se publicita es que ese dinero no es una graciosa concesión de las mineras, sino una imposición legal (ley Nº 14.771) que data de hace más de 60 años, por expresa disposición del descubridor de la Mina La Alumbrera. Che, como hará la troscofacultad para cubrir el bache presupuestario producto del golpe de efecto? Eso lo vemos en la próxima…

¿Los gobiernos democráticamente elegids por los pueblos por contundentes mayorías? Mirá, los gobiernos también, ¿sino que me decis de esta reveladora foto que publica el enjambre de blogs de “cualquierlugarcontaminado”, cuya argumentación dialéctica pesa más que lo que vengo diciendo en los 3 post y cuya potencia comunicacional supera por afano a mil videos de Darín y la Carrá juntos?.Ya está, cerramos todo y se acabó la discusión.




Nos guste o no, hasta ahora, este segmento de la batalla cultural-comunicacional viene teniendo un claro favorito, y por goleada.
Próximo (¿y último?): operación glamorosamente antidemocrática ONGeísta, cómo los extremos se unen y porqué la canción (contradicción fundamental) sigue siendo la misma.
Traiganme a la Oreiro que le explico...

viernes, 3 de febrero de 2012

NO, NO y NO (Nudo... flor de nudo)

(si no lo hizo hasta ahora, antes lea la primera parte)

Comparto y suscribo ardorosamente la expresión del compañero populista provinciano, gobernador peronista sanjuanino, Dn. José Luis Gioja: “los ambientalistas quieren ver los negritos en sus ranchitos”, fundamentalmente PORQUE TIENE RAZÓN. Y de paso, repudio todo el cínico escandalete que tanta gente linda bien pensante armó en torno a semejante verdad de Perogrullo. 


Ud. me dirán que cómo nos van a ver desde afuera, que un estudioso del primer mundo, un catedrático sueco, jamás diría semejante cosa. Mentira, hace poco en una entrevista Hans Rosling dijo algo parecido: los estudiantes y ecologistas suecos (después lo extendió a los gobiernos y empresas del primer mundo) “tienen la esperanza que esa gente (de los países periféricos) va a seguir tocando la flauta bajo un árbol de mango”. Nadie se horrorizó y Rosling sigue con su agenda recargada de conferencias en universidades y núcleos empresariales europeos y norteamericanos.


Y explica por qué abrigan esa esperanza: “no todo el mundo puede vivir como nosotros”, y tiene razón, no todos podemos vivir como ellos, mucho menos, como los norteamericanos.

Si todos los habitantes del mundo consumiéramos los 21.6 barriles de petróleo crudo por año que consume norteamericano (1/4 del consumo mundial), el total de las reservas mundiales de crudo durarían apenas 8 años en vez de los 40-50 que se estiman actualmente. Si consumiéramos per cápita como los chinos, las reservas durarían 80 años y si lo hiciéramos como los indúes, 200. Si el parámetro de consumo fuera el argentino, brasilero, o ruso, andaríamos más o menos en la duración de las reservas estimada globalmente. En cambio el consumo medio de los franceses, ingleses, alemanes y japoneses, terminaría el petróleo en 15 años.

Como quien consume, desecha, tomamos también en cuenta el caso de la emisión de gases que producen efecto invernadero: EEUU produce alrededor de 6000 millones de toneladas de CO2, es decir 20 Tm per cápita anuales (20% de la emisión mundial). Si todos los habitantes del mundo siguiéramos su ejemplo, la emisión de CO2 se quintuplicaría. En cambio, si todos los habitantes del mundo emitiéramos como los chinos (cuyo país es el mayor emisor mundial), la producción mundial de CO2 se mantendría en el actual nivel. Sin embargo la posición de los EEUU respecto a la emisión de gases que producen efecto invernadero es que la cuestión del cambio climático no puede resolverse sin una “regulación” de China e India (bueno, si todos emitiéramos como los indios, la emisión global sería el 25% de la actual).

EEUU consume el 25% de la energía mundial, contando apenas con el 4,5% de la población del globo, la tierra debería producir 555 veces más energía si todos consumiéramos igual. Y así podríamos seguir analizando el consumo de alimentos, la producción de basura, etc., sin que la conclusión se modifique: el “american way of life” no es sustentable, mucho menos es exportable. Para que todo el mundo pudiera tener acceso equitativamente a ese nivel de vida, la población global no debería exceder las 1.250.000.000 personas, es decir el 18% de la actual, o debiéramos contar con los recursos de 5 mundos para sustentarla.

¿Ven por qué le damos la derecha a Rosling? Para seguir viviendo como viven en el primer mundo, necesitan que nosotros nos quedemos tocando la flauta bajo un árbol de mango, si aspiramos a desarrollarnos (no al mero crecimiento económico) y al “bien vivir”, o no alcanzan los recursos naturales o ellos deben renunciar a buena parte de su situación de privilegio, aunque más no sea a la suntuosidad.

 
Ahora bien… ¿por qué aplaudo a Gioja cuando acusa a los ambientalistas vernáculos de lo mismo que Rosling acusa a los privilegiados del primer mundo?



Por estos pagos se dice que al chancho hay que pegarle para saber quién es el dueño. Cuando hace poco la justicia egipcia ordenó el allanamiento de varias ONGs para estudiar el presunto financiamiento ilegal y foráneo de las mismas (acá), el primero que puso el grito en el cielo fue el Departamento de Estado Norteamericano (acá y acá)…

Ya por el año 2000, James Petras acusaba genéricamente a las ONGs : “Desde el principio de la década de los 80, las clases dominantes neoliberales, junto con el gobierno de Estados Unidos y gobiernos europeos, se percataron que las políticas del "libremercado" estaban polarizando a las sociedades en América Latina. Mediante fundaciones privadas y fondos estatales empezaron a financiar a las ONG, mismas que expresaban una ideología contra el Estado y promovían la "autoayuda". A finales de este milenio, existen unas 100 mil ONG en todo el mundo que reciben cerca de 10 mil millones de dólares y compiten con los movimientos sociopolíticos por la lealtad de las comunidades militantes”… “Lo importante aquí es que las ONG despolitizaron a sectores de la población, ignoraron sus compromisos hacia actividades del sector público y se valieron de líderes sociales potenciales para la realización de proyectos económicos pequeños. En realidad, las ONG no son no gubernamentales. Reciben donativos de gobiernos extranjeros o funcionan como agencias subcontratadas por gobiernos locales. Igualmente importante es el hecho de que sus programas no son calificados por las comunidades a las que ayudan, sino por sus benefactores extranjeros. Es en ese sentido que las ONG sabotean la democracia al arrancar programas sociales de las manos de las comunidades y de sus líderes oficiales, para crear dependencias a cargo de funcionarios no electos, provenientes del extranjero, quienes eligen y ungen a sus interlocutores locales. La ideología de las ONG en cuanto a sus actividades privadas y voluntarias destruye el sentido de lo "público"; la idea de que el gobierno tiene la obligación de procurar a todos sus ciudadanos. Contra esta noción de responsabilidad pública, las ONG fomentan la idea neoliberal de una responsabilidad privada hacia los problemas sociales y la importancia de los recursos para resolver estos problemas. De tal suerte, las ONG imponen una doble carga sobre los pobres: el pagar impuestos para financiar a un Estado neoliberal que sirve a los ricos; y el autoexplotarse de manera privada para satisfacer sus propias necesidades. Muchos de los líderes y militantes de las ONG son ex marxistas o "post marxistas", quienes toman prestada mucha de la retórica referida a "dar poder al pueblo", "el poder popular", "la igualdad de género" y "el liderazgo de las bases como el único que logra legitimidad", mientras que alejan la lucha social de las condiciones que marcan la vida de las personas. Las ONG se convierten en un vehículo organizado que permite la movilidad social ascendente para desempleados o profesionistas ex izquierdistas mal pagados. El lenguaje progresista disfraza el núcleo conservador de las prácticas de las ONG. Ejemplo de esto es el hecho de que la naturaleza local de las actividades de las ONG tiene siempre que ver con "dar poder", pero los esfuerzos de estos organismos rara vez van más allá de una influencia en pequeñas áreas de la vida social, utilizando los recursos limitados y siempre dentro de las condiciones permitidas por el Estado neoliberal. En lugar de dar educación política sobre la naturaleza del imperialismo y sobre las bases clasistas del neoliberalismo, las ONG discuten sobre "los excluidos", "los indefensos" y "la extrema pobreza" sin jamás pasar de sus síntomas superficiales para analizar el sistema social que produce estas condiciones.” (artículo completo acá). Recordemos que ya a partir de los ’60 y ’70 la CIA realizó una incursión parecida metodológicamente, financiando la inserción de sectas protestantes en toda Latinoamérica para socavar la influencia de los sacerdotes tercermundistas. Es preciso subrayar una distinción clara, lamentablemente la denominación genérica de ONG no permite distinguir a aquellas que son agentes gentiles del neoliberalismo y del imperialismo, de aquellas que durante las dictaduras latinoamericanas se les opusieron y denunciaron su accionar (p.ej. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, SERPAJ, etc.) así como otras formas de organización popular genuinas que pretenden dar soluciones concretas a problemáticas sectoriales desde la iniciativa de los propios afectados. El inicial éxito de estas últimas y su inserción social, fueron la fuente de inspiración de la mecánica de infiltración denunciada por Petras.

El nuevo milenio encontró a las ONGs fuertemente arraigadas en Latinoamérica y el mundo (estimativamente, unas 2000 funcionan como asesoras de distintos organismos de la ONU), y dispuestas a asumir el nuevo desafío que se le presentaba al imperialismo: la aparición de gobiernos populares que pretenden escapar a lógica neoliberal, imprimiendo a sus gestiones una impronta desarrollista y de inclusión social, reasumiendo el Estado el protagonismo y las funciones sucesivamente abandonadas o delegadas durante el período de sumisión impuesto desde los 70. La reivindicación de la política como articuladora y direccionadora de los esfuerzos de toda la sociedad (en reemplazo de los caprichos del mercado) resulta odiosa a la lógica de las ONGs ya que impacta directamente en su razón de ser. Resulta lógico entonces que, naturalmente, se encrespen y reaccionen negativamente frente a los Correa, los Lula, los Evo o los Kirchner.

A la necesaria reasignación de funciones en pos de conservar la justificación de su existencia (y por qué no, las jugosas asignaciones económicas de las que venían siendo beneficiarios), no tienen por qué escapar las ONGs ambientalistas.

Según este impresionante artículo cuya lectura recomiendo fervientemente (¡reproducido por una ONG ambientalista!) su nueva misión es, ni más ni menos, que ratificar la exactitud de la expresión de Gioja:

“¿Hacia dónde apuntan los cañones de las ONGs ecológicas funcionales al imperialismo?  
1) generar la matriz de opinión de que los Estados Nacionales no tienen capacidad ni responsabilidad para proteger zonas y regiones de recursos naturales estratégicos. Bajo la figura de territorios considerados de “Patrimonio de la Humanidad”, extensas regiones, riquísimas en recursos de vida (biodiversidad, agua y oxígeno), pasan a ser administradas por ONGs especializadas en la materia desvinculando así a los Estados de su responsabilidad.  
2) facilitar a las empresas multinacionales y a los gobiernos imperialistas a adueñarse de territorios con el pretexto antes señalado. Las ONGs, supuestamente “independientes” de los Estados y los gobiernos, actúan como intermediarios de un proceso “no traumático” de traspaso de territorio de un país dependiente a un país capitalista desarrollado.
3) impedir el desarrollo industrial soberano de los países periféricos. Ante cualquier interés en instalar plantas industriales, empresas de alta complejidad, industrias básicas o industrias pesadas, aparecen miles de argumentos en su contra bajo el discurso ecológico, el posible daño al medio ambiente, las posibles enfermedades que produciría la contaminación, los peligros de los residuos tóxicos, etcétera. Es cierto que en la mayoría de los casos existen razones fundadas que justifican la alarma, pero el extremismo con que actúan las ONGs en estos casos, impide que se llegue a entendimientos racionales, a tomar medidas preventivas concretas con el aporte de la comunidad, el Estado, las universidades, las organizaciones sociales y toda aquellas instituciones involucrada en el tema.
4) dificultar a los Estados periféricos que, ejerciendo su soberanía, exploten sus recursos naturales de la manera que consideren más conveniente, sin injerencias extranjeras y atendiendo a la estrategia trazada en el camino de la liberación nacional y la independencia económica.
5) reinstalar la idea de que los países del Tercer Mundo no deben industrializarse, que la división internacional del trabajo debe ser sostenida a toda costa y que nuestro futuro radica en una suerte de regiones proveedoras de materias primas y bajo la tutela de organizaciones internacionales que custodiarán responsablemente el “uso racional” de los recursos naturales. La alternativa para los países periféricos no sería otra que la solicitud a los países capitalistas centrales para que contemplen la figura de “comercio justo” ante el deterioro masivo de los términos de intercambio. La industrialización, prerrequisito para cualquier política que pretenda llegar a la independencia económica, es un objetivo estratégico que será bombardeado por el imperialismo y sus cómplices.”


Releamos los puntos, y entenderemos por qué las ONGs ambientalistas proimperialistas nada (o muy poco) dicen sobre la contaminación producida por la intensiva utilización de agrotóxicos en el cultivo de la soja transgénica, pero sí se oponen a la desforestación de montes nativos para su expansión, montes que las ONGs pretenden administrar sin la injerencia estatal. O porqué nada dijeron sobre la deforestación de montes nativos para ser sustituidos por plantaciones de árboles industriales a gran escala (vg. Eucalipto, generador de verdaderos desiertos verdes, ya que impide la aparición de cualquier otra flora bajo su sombra, erradica todas las especies animales del territorio colonizado –excepción de víboras, ratas y loros-, consume enormes cantidades de agua superficial y subterránea y expulsa población rural por impedir todo tipo de otra actividad económica y por necesitar mano de obra no calificada sólo cada 7 años), pero sí reaccionaron con absoluta intransigencia ante la instalación de procesadoras industriales de esa materia prima.

Ahora podemos entender la “sintonía fina” existente entre la visión del mundo subdesarrollado que denuncia Rosling, y sus propagandizadores locales, las ONG ambientalistas funcionales al imperialismo (apelativo al que adhiere otra ONG ambientalista, JE!).

El mecanismo al que recurren para lograr su objetivo obstruccionista es simplista y reiterativo, pero no por ello poco eficaz: 1) trabajo de campo: relevamiento y concientización negativa; 2) activismo obstruccionista consignista; 3) reafirmación prohibicionista; 4) Negociación inclusiva de la ONG en la administración del recurso. Mientras la táctica se desarrolla, en medio de la detracción y de la impugnación de toda opinión divergente, los debates necesarios sobre el modo de explotación del recurso natural, su necesariedad y condiciones de funcionalidad al desarrollo humano sustentable y al progreso colectivo, las condiciones de inversión y la posibilidad de expansión de actividades conexas, y la apropiación de parte de la renta a favor del Estado, quedan marginados, fortaleciendo la posición negociadora de la empresa interesas (normalmente multinacional) frente al Estado, al que con el argumento de la seguridad jurídica y la protección de la inversión, se lo obliga a lidiar con un obstáculo adicional. Pero de esto nos vamos a ocupar en la próxima.

Mientras tanto, para que veamos que en todos lados se repite lo de Famatina, los dejo con el amigo Rafael Correa para que les cuente.



continuará.