Marita Verón y la Familia Unida de Lorenzeti.

Hace unos días atrás, escribí un post titulado “Un mamarracho judicial y el respaldo corporativo”  relacionado al conocido fallo de extensión de la cautelar contra el art. 161 de la LSCA instigada por Clarín, y el comunicado que suscribieran, conjuntamente  la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura.  

Afortunadamente, un posterior comunicado suscripto por unos 200 magistrados, funcionarios judiciales y académicos del derecho, disipó esa imagen de uniformidad monolítica que pretendieron vender Lorenzetti y la corporación mediática. A pesar de ello, quedó claro que existe una cuestionable mirada hegemónica en el sector judicial, impulsada desde sus más altas esferas, que pretende sustituir la idea de división funcional de competencias y periodicidad de los mandatos que impone en el republicanismo, trastocándolo en una especie de aristocracia gubernamental permanente e intocable.

Esta conclusión no se desprende directamente del comunicado en cuestión, sino del discurso de cierre (completo ACÁ) que brindó el presidente de la Suprema Corte en la V Conferencia Nacional de Jueces (Mendoza – 19/10/12).

Notables coincidencias, la primera, el CIJ (Centro de Información Judicial) nos informa que “en el acto de clausura estuvieron presentes en el estrado Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema; Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema; Pedro Llorente, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; Luis Francisco Lozano, presidente de Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Víctor María Vélez, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, y Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”. Es decir, excepto el presidente del STJ de Mendoza (el anfitrión), exactamente los máximos dirigentes de las mismas organizaciones, ni una más ni una menos, que suscribieron el polémico Comunicado el 6/12/12 solidarizándose con el Fallo de cámara que amplió la cautelar. 

La segunda coincidencia nos revela la autoría ideológica del libelo y el carácter de la reunión de jueces. Es innegable la identidad conceptual y textual que guardan varios segmentos del discurso de Lorenzetti con el contenido del Comunicado en cuestión. La reunión sirvió de espacio propicio para la “bajada de línea” y, de paso, de ámbito que la legitime, interpretando el respetuoso silencio de los oyentes como consenso de los participantes (al mejor estilo los tiempos de la rebelión agrogarca, en la Ruta 14, D’Angelis arengaba, disponía y ordenaba, los restantes escuchaban, a eso los medios llamaban “Asambleas de Autoconvocados”). 

Seamos buenos y consideremos que, evidentemente, el Comunicado fue redactado (o se guardaba "in pectore") y reservado para ser lanzado en un momento oportuno que le garantizara la mayor y mejor repercusión posible: la decisión de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal fue considerada esa oportunidad. ¿Y si esa oportunidad se hubiese demorado o no hubiese existido?

Recordando que el Comunicado no hace ninguna alusión expresa a la sentencia referida, teniendo en consideración exclusivamente el tenor de su contenido, y las circunstancias que rodearon otra decisión judicial, la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, en el caso Marita Verón, podría haber sido, tranquilamente, considerada una circunstancia propicia. Nos remitimos al texto del Comunicado (parte resolutiva)  y las circunstancias colindantes:

I). Exhortar a las autoridades competentes para que se cubran los cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado. La provincia de Tucumán cuenta con Consejo de la Magistratura desde 2006. Incluso de los 3 jueces intervinientes, Eduardo Romero Lascano, fue designado por este procedimiento (Alberto Piedrabuena ingresó a la Carrera Judicial en 1984 y Emilio Herrera Molina en 1986). Sin embargo, el Poder Judicial tucumano tiene un déficit del 30% de loscargos sin cubrir. Como justificativo, el legislador del opositor “Proyecto Tucumán” (aliados nacionalmente en 2011 con Alberto Rodriguez Saa), argumenta  "la confianza en el sistema se ha traducido en mayor cantidad de aspirantes genuinos. Era muy fácil llegar a la Justicia a través del amiguismo, pero no se garantizaba una administración adecuada. Quien está llegando hoy por hoy lo hace con los mejores pergaminos", sin embargo el desempeño de Romero Lascano en el caso hace dudar sobre tal percepción, si con el viejo procedimiento no se garantizaba “una administración adecuada”, salta a la vista que el actual tampoco lo hace.

II) Exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia. No hay dudas, tanto el Ejecutivo Provincial (según los dichos de la propia Susana Trimarco), como el Ejecutivo Nacional, como las legislaturas provinciales y nacionales, han apoyado la persecución y condena de los responsables del secuestro y desaparición de Marita Verón, avanzando en la legislación contra la trata de personas, introduciendo nuevos paradigmas, desarrollando acciones positivas contra todas las formas de discriminación, maltrato y esclavitud de la mujer.

A pesar de la pomposa defensa de la independencia de los poderes elucubrada por el Comunicado, queda nuevamente claro que los avances no encuentran su reflejo en los tribunales: para los jueces, los relatos de mujeres víctimas de trata, no dejan de ser dichos de mujeres de “mala vida” (putas, bah), no merecedores de mayor credibilidad. 

¿Acaso debiera colegirse que el premio “Azucena Villaflor” entregado a Susana Trimarco por la presidenta 2 días antes de la sentencia, no debiera ser considerado un mecanismo indirecto de presión sobre los jueces que afectan su independencia, como suscribieron los magistrados? ¿Qué Cristina le diga a Trimarco “contá conmigo” minutos después del fallo, tampoco está bien? 

III).  Exhortar a los demás poderes públicos del estado, para que no avancen en la modificación de legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados. Esto viene de la mano de otra pretensión enarbolada por el V Conferencia de Jueces: “El último panel de la conferencia fue “Las decisiones judiciales y la estabilidad de los jueces”, referido al juzgamiento por el contenido de las sentencias…” nos cuenta el CIJ. Excepto por la posibilidad de revisión y revocación de sentencias por sus Superiores, los Jueces son reacios a admitir que pueden ser interpelados por el contenido de sus sentencias por los otros poderes, por otros jueces que investiguen, o incluso por la propia ciudadanía. No importa que las sentencias resulten arbitrarias (sin o en contra de un fundamento legal), causen perjuicios injustos, revelen prejuicios inadmisibles o sean un franco disparate, un juez no debe ser evaluado ni responsabilizado personalmente, mucho menos sancionado removido de su cargo, por el contenido de su sentencia, so pena de ofensa mayúscula al inmaculado principio de la independencia de los poderes.

Asumiendo estrictamente ese criterio corporativo, la Sala Penal que sentenció ayer en la causa de Marita Verón, liberando a todos los imputados, sólo podría ser cuestionada válidamente si se demostrara que existió cohecho (coima), tal como lo afirmó Susana Trimarco, o alguna otra forma de evidente corrupción. De no ser así, debieranseguir gozando de su privilegiada situación, bajo la latente amenaza de los magistrados que “exhortaron” a los demás poderes del estado a no modificar las legislaciones para reparar esta impunidad flagrante, digna de déspotas hobbesianos, hecho que considerarían un atentado a la estabilidad de los magistrados.

IV). Exhortar a titulares de medios de comunicación públicos y privados a ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias. La sentencia del caso Marita Verón recayó ayer… la noticia fue ayer, los fundamentos de la sentencia se darán dentro de una semana (lo que no sólo es legal, sino que también es habitual). Admitamos que no es fácil atacar la sentencia contra-argumentando un argumento que aun no existe. 

Si el comunicado hubiera sido publicado hoy (es como si lo fuera, recordemos que nada nos permitía suponer que se refería estricta o exclusivamente al fallo referido a la cautelar de Clarín), las voces de indignación contra la familia judicial hubieran estado más que justificadas: Susana Trimarco y su abogado acaba de imputar faltas éticas o criminales a los 3 jueces intervinientes públicamente. Según las asociaciones de magistrados debió abstenerse de hacerlo. Que luego eso quede en la nada o no, dependerá, exclusivamente, del buen tino y predisposición a la investigación de otros jueces.

V). Exhortar a los medios de comunicación a promover el debate democrático de ideas; VI) Solicitar, teniendo en cuenta la protección constitucional de la libertad de expresión, la pluralidad de voces que promueve la ley 26.522 y el carácter público de los medios oficiales, al Poder Ejecutivo Nacional, a la Jefatura de Gabinete y al Titular de la AFSCA, que se habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública. Pse, sería bueno que el Poder Judicial en su conjunto, a través de sus voceros, salga tan unido como lo hizo en su comunicado a dar explicaciones a la comunidad sobre este asunto, propiciando el democrático debate de ideas y justificando lo dicho a la luz del fallo de la causa Marita Verón, o explicando los remedios que el poder instrumenta para evitar las ya inadmisibles dilaciones de los procesos por causa de lesa humanidad, o los porqué sus magistrados se han prestado sistemáticamente a la práctica de las entidades inquisitoriales para impedir los abortos no punibles, o como uno de sus ahijados se enriqueció explotando las urgencias de la causa de la cuenca del Matanza-Riachuelo, o porqué las demoras del poder judicial y sus “errores” son la principal causa por la que se denuncia a la Agentina ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos desde 2003 para acá.

Incluso que Lorenzetti pueda explicarnos por qué dice que el Poder Judicial es “contramayoritario”, por qué dice que en este país se habla mucho pero nada se hace por la igualdad y por qué pretende arrogarse para los suyos la capacidad de legislar… entre otros controvertibles conceptos que deslizó en su discurso. Todo eso, para la próxima… y Será Justicia.

COMUNICADO DE ¿DESCARGO? DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (recién salidito del horno).

12/12/12

“A partir de los acontecimientos que son de público conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como titular de uno de los tres poderes del Estado, manifiesta:

Que el combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de género es una decisión institucional muy clara y contundente de esta Corte, implementada a través de una pluralidad de medidas de concientización, y mediante la suscripción de convenios con instituciones y entidades que nos permiten aunar esfuerzos en la lucha contra ese flagelo social.

Que en virtud de ello, y sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales, en el marco de la Política de Estado referida se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando los máximos esfuerzos para lograr terminar con ese delito.”

Gracias a la compañera tucumana Silvana María que me arrimó datos importantes.