Un mamarracho judicial y el respaldo corporativo

Ya todos conocemos, y mucho se ha dicho sobre el fallo de la Sala I en lo Civil y Comercial Federal, personificado en la decisión de Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta. 

 

El hecho de que los encargados de elaborar un fallo en una contienda judicial que enfrenta al Grupo Clarín con el Estado Nacional, sean razonablemente sospechados de parcialidad (el uno por recibir evidentes prebendas de la parte privada, que subvencionó todos sus gastos durante 15 días en Miami donde participó de un “curso de adoctrinamiento” organizado por la misma parte; la otra por haber sido la encargada de reinstalar la competencia del caso al propio De Las Carreras y a la esposa de un apoderado de Cablevisión), no sólo parece no causar pena ni contradicción alguna a la Gran Famiglia del Tribunale, sino que ha hecho merecedores a los jueces de un respaldo inédito. Un respaldo que, puesto en contexto, llama a la preocupación porque demuestra en manos de quienes se encuentra el Poder encargado de distribuir justicia en medio de un proceso de profundos cambios de paradigmas.

Conjuntamente, Comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, Junta Federal de Cortes, Asociación de Magistrados y Federación Argentina de la Magistratura, emitieron un ampuloso comunicado (completo acá) que implica nada menos que una reacción corporativa injustificada y hasta sediciosa.

INJUSTIFICADA: porque el posicionamiento se construye sobre una apelación al respeto que el Poder Ejecutivo le debe al principio constitucional de la división de poderes, de manera alguna afectado en este momento. Dice el comunicado: “Exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia”. 

¿Que dice el tan mentado pero poco trancripto art. 109, sobre el que se construye el principio de “independencia” del Poder Judicial? “Art. 109.- En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. ¿de qué acto se desprende que el PEN haya ejercido en el caso una función judicial? ¿en que momento ha pretendido quitarle la jurisdicción al Poder Judicial, reclamándola para sí? ¿cuándo el gobierno ha restablecido alguna causa fenecida?… a no ser, claro, las vinculadas a las violaciones sistemáticas de DDHH perpetradas por la dictadura, las mismas que los Jueces se han mostrado en muchas oportunidades reacios a diligenciar debidamente ¿a estas se refieren? Por el contrario, se viene sometiendo al arbitrario criterio de jueces jubilados desde hace 3 años, soportando el fórum shopping desarrollado por Clarín y apañado por jueces a todas luces incompetentes, bancándose el cepo impuesto por los propios magistrados a la designación de jueces definitivos en el Consejo de la Magistratura y sorteos amañados que se cagan en la legislación. 

SEDICIOSA, dije, porque se atreve a darle instrucciones a los otros poderes del estado sobre el modo de ejercer sus funciones. No sólo porque cuestionan que los funcionarios expresen y comuniquen sus sentires a la opinión pública (del mismo modo que lo hizo Nestor en el 2003, cuando fuera apretado por la Suprema Corte Menemista), usando el elegante eufemismo “evitando el uso de mecanismos … indirectos de presión sobre los jueces”. ¿Qué pretenden? ¿Que los integrantes de los poderes democráticamente electos se callen la boca frente a lo que consideran injusto y aberrante? ¿no les gusta ser expuestos en sus miserias? ¿un Ministro no puede decir que una jueza es esposa del abogado de una parte? ¿es incorrecto hacer conocer al que quiera oir que un juez fue coimeado con viajes y estadías en el extranjero? ¿Hay que ocultar los vínculos y complicidades de un Poder del Estado con los poderes fácticos? Están en su derecho de pretender que “no se les saque los trapitos al sol”. Nosotros, amparados por la libertad de expresión que dicen defender, tenemos el derecho de no darles tronco de bola, e incluso, considerar su pretensión de esconder todo bajo la alfombra, como una autoritaria amenaza velada.

También pretenden incidir sobre las facultades de los otros poderes exigiendo: “III).  Exhortar a los demás poderes públicos del estado, para que no avancen en la modificación de legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados”. ¿De qué legislaciones están hablando? ¿de las que se impulsan para que, cuando un juez está en edad de jubilarse, se jubile? ¿de las que pretenden que paguen impuestos por sus ganancias como cualquier asalariado? ¿de esas que ponen en cuestionamiento las jubilaciones de privilegio que perciben poniendo en jaque las economías de las cajas de jubilaciones provinciales? ¿acaso pretenden que no haya modificaciones legales que amplíen causales de remoción o quelas definan más claramente? ¿y si se nos ocurriera, por ejemplo, modificar las constituciones para que los jueces sean electos popularmente, e incluso su accionar fuera sujeto a la evaluación pública y a la posibilidad de revocatoria de mandato? ¿no podríamos? ¿Acaso este párrafo, totalmente fuera de contexto, no implica que el Poder Judicial pretende avanzar sobre las facultades de otro Poder del Estado? ¿Se están preparando para gobernar?

Ahora, me gustaría que me aclararan otra idea. Cuando se refieren a “hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la justicia es para todos”, ¿Uds. en serio creen que el ciudadano de a pié piensa que en sus Estrados están en igualdad de condiciones y tienen idénticas “garantías” que las grandes corporaciones? ¿Piensan realmente que se comen la vigencia del Principio de Igualdad ante la Ley que Uds. debieran garantizar?

 

¿Uds. creen señores jueces que a “todos los ciudadanos de la Nación” les pasa inadvertido que el Juez Recondo acusó ante el Consejo de la Magistratura, pretendiendo destituir por "actos ofensivos al decoro de la función judicial que podrían comprometer la dignidad de su cargo" a Oyarbide por cantar y bailar en un Show de la Mona Giménez frente a miles de trabajadore/as y jóvenes cordobeses, pero sin embargo le pasa totalmente desapercibido que De Las Carreras pasee con todos los gastos pago por una empresa parte de un juicio en el que tiene que sentenciar? ¿Cuándo la asociación de fomento de Villa Carozo obtuvo una reunión privada con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia como sí lo consiguieron Magneto y los restantes dirigentes de AEA? ¿Se haría presente si es convocado a la fiesta del 1er. Aniversario de la Asociación Gremial de Cartoneros del Conurbano así como se presta a los coloquios de IDEA?

Cuando acusó a Oyarbide (¿lo hubiera acusado si hubiera karaokeado y bailado en la fiesta anual del Rotary Club?), Ricardo Recondo dijo "No es pacatería. Los jueces sabemos que debemos ser prudentes. Así como tenemos privilegios que son por la función, también tenemos prohibiciones especiales"… "En algún momento hay que empezar. Al Capone fue a prisión por evadir impuestos" para regodeo de la oposición mediática. Pareciera ser que la comparación de un Juez con Al Capone no implicaba “campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal” y que el criterio de “prudencia” exigible por entonces ya no se encuentra vigente, al menos la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura no consideró pertinente manifestarse en esa oportunidad. 

Menos mal que el comunicado aclara: “Esta manifestación no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos” si no, este burro malpensado hubiese caído irremediablemente en tan deplorable error.