Ley de Medios. Ironias del destino cruel.

Argentina no da respiro. Aún los medios hegemónicos de comunicación intentaban explicar (en franco desafío a las leyes de la aritmética y de la estadística) por qué motivo debería considerarse perdidosa a una fuerza política que amplia su representación parlamentaria, que (junto a sus aliados) triunfa en la mitad de los distritos del país, que logra un repunte excepcional obteniendo 1.500.000 votos más que en las PASO de agosto, que mantiene la mayoría en ambas cámaras legislativas. Y para colmo, ¿si perdió quien ganó? porque ninguna otra coalición, partido o rejunte (actual o potencial) logró obtener siquiera el 60% de los votos del FPV (quedando colocado a menos de 7 puntos del umbral de la consagración presidencial en primera vuelta).

Este pobre bloguero amateur, incluso, intentaba hacer los primeros palotes de un análisis de la coyuntura, con más especulaciones que certidumbres, cuando todos nos vemos impactados por una noticia que, de vivir en un país donde la justicia y la oposición (política y de la otra) nos tuvieran acostumbrados a actuar con racionalidad, debiera ser una obviedad: La Suprema Corte de Justicia (tras cuatro años de cabildeos forenses) declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales (¡Bomba!).

Uno de los hechos jurídico-políticos de mayor relevancia del país, desde 1983 para acá: la democracia alcanza a la palabra y su distribución masiva (uno de los instrumentos centrales que permanecía secuestrado merced al accionar sucesivo de la dictadura y del menemismo), ya no sólo se limita a dirimir institucionalmente la representatividad (desde el ‘83), a ampliar derechos o intentar la justa redistribución de la riqueza (desde el 2003).

Una ley redactada sobre la base de amplios consensos ciudadanos, luego de 25 años de postergación, votada por casi las 2/3 partes de ambas cámaras (arañando el número de votos exigido para declarar la necesidad de reforma de la constitución), promulgada por una presidente electa democráticamente, que luego es ratificada en su rol por el 54% de los votos, ahora es refrendada en su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Es decir una ley que atravesó, como ninguna otra, todas los filtros y las instancias democráticas y de participación ciudadana posibles e imaginables.

Si alguien se levanta contra esa ley, como lo hacen el Grupo Clarín (en la voz y pluma de su inefable tropa de bien rentados cagatintas) y Carrió, Pino, Michetti, o Macri, está pisando peligrosamente el borde de la sedición, desconociendo las mayorías y desconociendo las atribuciones de los poderes del Estado. Pero peor que eso, lisa y llanamente se está cagando en cualquier principio de convivencia democrática, para imponer, a como de lugar, su torcida parcialidad elevándola a la categoría de verdad infalible. Desde el punto de soberbia mesiánica donde se ha llegado, a legitimar cualquier forma de golpe de estado como medio de preservar un privilegio ilegítimo, sólo hay un paso.

Seguramente que habrá chicanas judiciales para obstaculizar su aplicación al desmembramiento del grupo hegemónico, que a nadie le quepan dudas de ello. Ya se elucubraron demenciales fantasías y artilugios a desplegar en los foros locales (por ej. la afiebrada construcción PRO de articular una especie de medida cautelar contra el fallo de la corte, que suspenda su aplicación hasta que “estén dadas las condiciones”, léase, hasta que no esté más este gobierno y que exista algún interlocutor más permeable, quizás un “componedor nato” o directamente un pelele servil) o internacionales (como Carrió, que resucita pactos y anuncia que tiene a Washington al tanto de todo, como si la OEA no se hubiere expedido ya conforme y adhiriendo a los enunciados de la Ley de Medios). Algunos, como los propios letrados patrocinantes del núcleo empresarial desacatado, sueñan que son capaces de dar una nueva dimensión a la expresión “Derechos Humanos”, la que, a partir de su creativa petición, haría extensible su amparo a monstruos corporativos.

Sin embargo, pataleos mediáticos y delirios jurídicos aparte, Clarín enfrenta una encrucijada mucho más apremiante. Así como los jugadores bursátiles abrieron un crédito al Grupo e incrementaron el valor de sus acciones al calor del éxito (pobre triunfo pasajero) que lograra en las PASO, ni bien tomaron conocimiento de la sentencia de la Corte huyeron despavoridos, produciendo una estrepitosa caída en las bolsas de Londres y Buenos Aires. No sólo el Capitalismo suele ser más cruel que un estado democrático y republicano, tampoco admite cautelares, dilaciones ni espera a “que estén dadas las condiciones” para desatar el loco frenesí del errático sentimiento de los mercados, ni para deglutirse los despojos del que hasta ayer era su amigo. El “olor a muerto”, decían hace poco Blanc y Van Der Kooy, explicaba la fuga de algunos dirigentes peronistas hacia el massismo… evidentemente, los buitres capitalistas tienen el sentido olfativo mucho más desarrollado.  

La pérdida de confianza (eso que tantas veces Clarín supo producir para perjudicar a sus enemigos) de los inversores suele ser sumamente difícil de revertir. Desde la perspectiva mercantil y capitalista, Magneto y Cia. se ven obligados a elegir verse involucrados en una carrera contra reloj, a todo o nada, contra un Estado que luce implacable en sus legítimas pretensiones antimonopólicas, o deshacerse por las buenas del excedente de licencias antes de que los especuladores deprecien sus activos hasta reducir su valor a chirolas.

El Grupo Clarín está es la disyuntiva: o acata mansamente una ley que desprecia y combate; o persiste en la dilación, arriesgandose a ser demolido sin piedad por las mismas reglas de juego que defiende desde sus editoriales. Ironías del destino... 

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