Joaco ante la CIDDHH: “estamos intranquilos”.

La tela de araña que, trabajosa y pacientemente, se venía tejiendo para desprestigiar al Estado Argentino, tratando de generar una imagen internacional de Nación gobernada por una tiranía que menoscaba la libertad de expresión de sus ciudadanos, fracasó sin atenuantes al tratar  legitimarse ante un organismo internacional especializado en la materia de Derechos Humanos. 

Delacroix: Los partisanos girondinos Joaco, Magdalena y Carrió

conducen al pueblo hacia la libertad de expresión.

Hasta ahora, a las corporaciones mediáticas les había resultado sencillo avanzar en terreno propio, nacional e internacional. Para regodeo de La Nación, Clarín & Cia., ADePA, la SIP, incluso ignotas organizaciones empresariales de editores (GEN) y alguna que otra ONG de esas generosamente financiadas por la USAID (que de repente adquirieron un inconmensurable prestigio ad-hoc),  avalaban las desmesuras acusatorios con fervor. 

El paso en falso fue dado en la instancia de la apertura de la 49º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, espacio donde mezquinos 20 minutos les fueron concedidos para que sean compartidos por Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá y la Asociación por los Derechos Civiles, ONG presidida por Alejandro Carrió (primo de la demencial pitonisa con fueros parlamentarios y, casualmente, abogado del Grupo Clarín).

La cuestión no lucía sencilla. La escena no revestía ninguna calidad acusatoria,  y la presentación carecía de toda entidad para motorizar una condena al Estado Nacional. Para aclarar los tantos, el propio Pacto de San José de Costa Rica veda la posibilidad de recurrir a la instancia acusatoria ante la CIDDHH sin haber antes agotado las instancias judiciales internas (“Artículo 46 - 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:  a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”), o que no existan tales instancias, o que se demore injustificadamente su resolución, ninguna circunstancia que se verifique en el caso.

Claro que, teniendo en cuenta que los articuladores de la maniobra saben esto y conocerán el DIP de los DDHH mucho mejor que el suscripto, de hecho que el objetivo condenatorio habrá sido descartado de plano. Habrá estado motivado su accionar, entonces, en el montaje de una escena mediática, con sentido político desprestigiador, y de repercusión internacional, en otras palabras, en un montaje que representa un vil abuso del tiempo, el prestigio (menguado) y la finalidad de la Comisión, aquella que entre sus lauros cuenta ser la primera entidad internacional de relevancia que metiera mano en la cuestión de las violaciones a DDHH durante la dictadura. Ahora bien, tan desmesurado y ambicioso propósito debía ser finamente disimulado para evitar se transforme en un mamarracho de proporciones deslegitimantes y ridiculizadoras de quienes lo emprendieran.  En esa parte, tampoco tuvieron éxito. 

Fue patético ver y escuchar, en vivo y en directo, a Magadalena Ruiz Guiñazú, chapeando con su participación en la CONADEP, para luego sobre esa base enunciar su teoría de que, ser cuestionada por la Organización Madres de Plaza de Mayo en un simbólico “juicio histórico” por su participación colaboracionista durante la Dictadura, configuraba una persecución por parte del Gobierno Nacional. Ahora bien, si el Estado no participa, no hay violación de DDHH ¿Dónde estaba la participación del Estado? En que “a espaldas del escenario montado estaba la Casa Rosada” y “un funcionario del gobierno (del AFSCA para ser preciso) participó declarando como testigo. Por la misma línea argumental discurrió Joaquín Morales Solá, quien reconoció que podía escribir lo que se le cantara sin censura previa ni posterior persecución, pero que estaba “intranquilo” y que “grupos de gente lo insultaban por la calle”. Catalina Bottero, relatora de la Comisión de Libertad de Expresión, redujo estos argumentos a cenizas con una simple pregunta que quedó sin respuesta de parte de los quejosos “¿acaso no debería considerarse el juicio simbólico (y por que no las opiniones críticas de ciudadanos o de otros periodistas) también como formas de ejercicio del derecho a la libertad de expresión?

La carencia de respuesta a esta réplica desnudó una convicción común del periodismo opositor: ellos tienen la libertad de expresarse aunque ello implique la de calumniar, injuriar, mentir, extorsionar, hacer lobby, pero pretenden monopolizarla, excluyendo del goce de ese derecho al resto de la comunidad. Porque si nosotros manifestamos lo que creemos que son, los “intranquilizamos” dificultándole su sacrosanta función.

¿Qué otro concepto, que otra forma de ver la realidad, sino, puede justificar que, por ejemplo, Magdalena Ruiz Guiñazú tenga el tupé de reclamar en instancias internacionales por su libre expresión, mientras que en los tribunales nacionales acusó penalmente por calumnias e injurias a Hebe de Bonafini? ¿Qué sentido puede otorgársele que Alejandro Carrió, presente en la audiencia, defienda (con la careta puesta de una ONG) la libertad de expresión del grupo empresario (que patrocina y asesora) que es capaz de denunciar penalmente por “incitación pública a la violencia” a un grupo de periodistas que expresan su disensión con las prácticas del grupo y por “calumnias e injurias” a otro periodista (Victor Hugo) a quien, desde las páginas y pantallas vive calumniando?

La ONG “Asociación por los Derechos Civiles” expresó la otra cuestión en pugna… creo que la afectación más preocupante a los intereses que se escudan tras la libertad de expresión: la plata. Bien es sabido que la Comisión interamericana de DDHH es un organismo pensado para la protección de libertades, no intereses económicos. Así que resulta una tarea ardua relacionar DDHH y dinero (como se pudo apreciar ante la Corte Suprema Nacional, cuando los representantes de Clarín patinaron haciendo pininos para tratar de explicar de que modo un recorte a su exorbitante rentabilidad podía afectar a su libertad de expresión). La primera contradicción fue mencionar los fallos que favorecen al Diario Rio Negro y a Fontevecchia (otro, según Morales Solá y al igual que él, injustamente sospechado por su colaboracionismo con la Dictadura Militar) contra los Estados de Neuquen y Nacional respectivamente. Digo que existe una contradicción porque, si el mismo quejoso trae a colación esos casos favorables a quienes reclaman publicidad oficial, en la jurisdicción del Estado local, eso fallos demuestran por sí mismos que no hace falta recurrir a instancias internacionales para hacer valer ese derecho. Confusión comprensible para aquellos que, cuando editorializan, no tiene en claro que es el Gobierno, que es el Estado y que es el Poder Ejecutivo Nacional, o usan los términos a la bartola según mejor les convenga.

Pero, desde otra perspectiva, la pauta oficial representa algo así como el 5% del total del dinero que se vuelca a la publicidad mediática en la Argentina. Resulta que ese 5%, distribuido de la forma que sea, es una cantidad más que insuficiente para poner en vilo la libertad de expresión de toda una comunidad. ¿Acaso el Estado debiera regular la distribución del 95% restante para garantizar que todos los que queremos expresarnos libremente tengamos acceso a la posibilidad? A mi me tienen bastante podrido con ese criterio de que a la plata privada la regulan las leyes del mercado y el que más tiene más se lleva. Y más aún con la pretensión de que, el mismo criterio, debe ser aplicado al dinero público ¿por qué? Al contrario. Yo creo que (en razón de la vigencia de los DDHH Económicos, Sociales y Culturales) al Estado le corresponde una función redistribuidora y equilibradora. En otras palabras, para que exista multiplicidad de voces, justamente para compensar y promover, debe darle más al que menos recibe del mercado privado de publicidad. Eso sí, estoy de acuerdo que se regulen pautas de distribución, pero no sobre el criterio de que siempre sean los mismos los beneficiados, ni sobre la cantidad de abonados o diarios vendidos. Menos aún cuando esa posición dominante actual fue producto de negocios con genocidas y estrategias de apriete para devorarse a los pequeños competidores.

Un par de últimas preguntas caben respecto a esta cuestión. El Grupo Clarín se ha dado el lujo de sostener un privilegio ilegal durante 4 años, ahora pretende que las pautas de distribución de la publicidad oficial y los créditos de fomento que establece la Ley de Medios que desconoce (considero atribuible a Clarín lo expresado por el representante de la ONG, no caigamos en la ingenuidad), debieran ser el criterio a aplicarse. Indignante. Si la actividad y la tenencia de medios que detenta el Grupo es ilegal ¿entregarle dinero antes de que se adecue, público no implica que el Estado estaría financiando una actividad ilícita? Si la tenencia de medios es ilícita y todavía no se ha resuelto con cuáles ha de quedarse después de la adecuación ¿Qué criterios adoptar para determinar la suma que le corresponde sin que ello implique premiarlo por tener algo que no le corresponde?

Por supuesto que dirán, y con razón, que mis relatos y argumentos son sesgados (¿los de quien no lo son?) así que, para compensar, les dejo acá el video completo de la entrevista.