Ni tan adecuada, ni tan voluntaria...

(O "hablame que soy del campo")

¡Qué suerte mis amigos! Rebocemos felicidad, hundámonos en la algarabía sin fin, alcémonos al cenit como polvo indeleble que se diluye en la perpetua sinfonía del infinito… La corpo ha hocicado, se ha avenido a las exigencias de la legalidad, ha reconocido el imperio del estado y de las instituciones republicanas. ¡Habemus voluntarium adecuatio! 

 

Este… bueno, si lo queremos ver así, nadie dudaría que miramos el presente con optimismo, salvo que se pretenda que incurrimos en un grado supino de idiotez, rayana a la imbecilidad babeante.  

Basta con apagar la tele para dejar de escuchar al eufórico funcionario, y adentrarnos en la lectura del libelo presentado por Clarín ante el AFSCA, para entrar en la cuenta de que las cosas no son como pretenden aparentar. 

Vayamos por partes. Recapitulando, inmediatamente conocido el fallo en el que la Suprema Corte de Justicia reconoció la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (reconocer significa certificar su validez y eficacia “ex tunc”, es decir desde su sanción, promulgación y publicación en 2009, no desde el día en que se dictó la sentencia), Martin Sabatella se apersonó en la sede de Clarín, acto que, jurídicamente, tuvo una trascendencia entre insignificante e inexistente. Recordemos que ni bien declarada la Constitucionalidad por el Tribunal de Primera Instancia, Sabatella había alcanzado a notificar al Grupo el inicio del proceso de adecuación antes de que la Cámara decretara una nueva cautelar. Si comprendemos que la sentencia de constitucionalidad de la ley tiene efectos “ex tunc”, de ello colegiremos que todos los actos administrativos que se realizaron en pos de su cumplimiento, son válidos (sin perjuicio de las interrupciones devenidas de las cautelares), por ende, no necesitan realizarse nuevamente.

En la oportunidad, ante cámaras, el funcionario dice que el Grupo Clarín podría adherir a la tempestiva manifestación efectuada por su socio Fintech Advisory el 6 de diciembre de 2012, por la cual manifiesta su voluntad de adecuarse ¿se acuerdan? (Esta). Afortunadamente, la desatinada opinión carece de toda virtualidad vinculante para el AFSCA: Sabatella es sólo el presidente de un organismo colegiado (Directorio) que adopta decisiones por mayoría, previos dictámenes técnica y jurídicamente fundados.

Digo esto por dos razones. Fintech Advisory Inc. no es socia del Grupo Clarín, es socio (en un 40%) de Cablevisión, una de las tantas empresas del Grupo. Evidentemente su propuesta sólo está vinculada a esta empresa, y es extraña a las restantes empresas del Grupo. Por lo tanto, con el mejor de los ánimos componedores, Clarín sólo podría adherir a la propuesta en lo referente al exceso de licencias que puedan corresponder a esta empresa, no a todo el Grupo (Canal 13, TN, Radio Mitre, por ejemplo, quedarían fuera de esta posibilidad e irremediablemente sujetos a la adecuación de oficio).

Pero además, resulta que Fintech Advisory Inc. ya realizó una propuesta: que Clarín se desprenda de la totalidad de sus acciones en Cablevisión. Si vamos a hablar de “adherir” a la propuesta, lo que significa aceptar algo que ya está escrito, la única posibilidad sería esa. 

No me deja de llamar la atención que Clarín haya acatado tal disparate. Llega al AFSCA en los mismos términos sugeridos por Sabatella: se presenta con el objeto de iniciar un proceso de adecuación voluntario (para lo cual se encuentran vencidos todos los plazos), que pretende ser acumulada con la de Fintech Advisory Inc. Vaya coincidencia de criterios...

Pero, a favor de Sabatella, es justo decir que esta es la única coincidencia.

Sabatela considera que la ley es legítima y constitucional, y en esto lo respalda la Suprema Corte. En cambio Clarín dice que hace reserva de impugnar en instancias internacionales los arts. 41, 45, 48 y 161 de la misma (Pto. IV-2)… es decir los artículos que cuestionan su posición dominante y en virtud de los cuales debe adecuarse. En ese contexto, queda claro que la presentación efectuada por Clarín no es voluntaria, ni mucho menos. 

Sabatella cree a pie juntillas que él y los restantes integrantes del AFSCA están legitimados para actuar en la aplicación del texto legal. Discrepa Clarín. Considera que tiene derecho a impugnar judicialmente la actual composición del AFSCA (Pto. IV-3), en otras palabras, sostiene que así como está integrado el organismo se encuentre legitimado para resolver nada respecto a “sus” licencias.

Sabatella se sintió con competencia para dictar resoluciones que impulsen el proceso de adecuación. Clarín, en cambio (Ptos. IV-4 y 6), reclama que tales resoluciones sean derogadas o que recurrirá a la justicia impugnándolas.

Sabatella piensa que sancionada la ley y declarada su constitucionalidad, las empresas involucradas deben desprenderse de las licencias que tuvieren en exceso, caducando su derecho a explotación. Clarín considera que, en lo que a él respecta, lo asisten “derechos adquiridos” y, por lo tanto, salvo que se haga todo como el Grupo pretende (desprendiéndose semivoluntariamente de acuerdo a un plan de desinversión que es a todas luces extemporáneo) nadie puede hacerse de sus licencias (Pto. IV-5 y 7).

Ese sentimiento expresado por Sabatella de que ahora somos un poco más iguales, carece de todo sustento. O al menos, está muy lejos de ser compartido por el Grupo hegemónico. Ellos siguen considerándose por encima de los poderes del Estado, de la Ley, y del resto de los mortales y sus derechos. Incluso Clarín se irroga el derecho de sostener que “aquí no ha pasado nada” y pretende que no le sean atribuibles las consecuencias negativas de sus propios actos, del abuso de la jurisdicción y de las injustificadas dilaciones que propició. Desde la cúspide de la soberbia impune, manifiesta imperativo: “Esta propuesta de adecuación debe ser considerada presentada en tiempo y forma en los términos del procedimiento de Adecuación Voluntaria, en el entendimiento de que mis mandantes deben tener accesos a todos los mismos mecanismos de adecuación garantizados a los demás licenciatarios que no accedieron a la suspensión judicial de las normas indicadas. De lo contrario, el ejercicio del derecho de defensa en juicio, y el dictado de medidas cautelares, lejos de proteger a mis mandantes, se convertirían en una fuente de perjuicio y de desconocimiento de sus derechos” (Pto. V). 

No seamos ingenuos, ni promovamos falsas expectativas. Queda más que claro que, por más que querramos ver en ella un gesto de sumisión ante la Ley y la Autoridad, el escrito perpetrado por Clarín pretende revestir la calidad de una corleonesca “oferta que no puede ser rechazada”.

Es probable que mi opinión sea considerada como pesimista, o talibánica, o impugnada por confrontativa en tiempo que se impone la intervención de “componedores natos”. Pero eso sí… aislada ni ahí. Comparten mis desconfianzas, con otros argumentos y desde distintas ópticas: 

Pretenden quedarse con lo que no les pertenece - Aníbal Fernández: “Como se puede apreciar, no existe la aprobación por asamblea extraordinaria sino que además, la presentación es extemporánea… Hablemos claro: no eran titulares de las licencias, pierden el juicio y ahora quieren transferir a gente del grupo lo que no les pertenece. Ah, la última perlita: pretenden eximirse de pago de impuesto a las ganancias (Punto XV) estableciendo una exención que no está en la Ley 26522 (Ley de Medios Audiovisuales)”. 

No declaran ni adecuan todo lo que tienen - Graciana Peñafort: "En el plan de adecuación del grupo Clarín presentado hoy, en el que anunció que separará sus licencias audiovisuales en seis diferentes unidades empresarias, faltan mencionar unas 100 licencias de cable".

La etapa correspondiente es la adecuación de oficio y la ejecución de sentencia - Eduardo Barcesac: “–Volviendo al caso de la ley, ¿qué herramientas puede argumentar Clarín para seguir obstaculizando? – Estamos en etapa de ejecución de sentencia. Es decir, la Autoridad Federal tiene que proceder a la adecuación a la ley, porque no se presentó antes del 7 de diciembre de 2012 un plan de adecuación. Recordemos que un socio minoritario del Grupo Clarín sí presentó un plan porque no quería estar en situación de violación de la ley y, seguramente, lo hizo preparando alguna acción reclamatoria contra el socio mayoritario. Pero esa presentación no compromete a la persona jurídica. Si en la adecuación, que abarca primero la tasación, después el pliego licitatorio y finalmente la adjudicación, hubiera obstaculización, tiene que recurrir la Autoridad Federal ante el juez de ejecución de sentencia, que es el juez de primera instancia, para pedir el auxilio y el empleo de la fuerza pública. Como se está en la etapa de ejecución de sentencia, toda posible apelación se concede con efecto diferido, es decir, para el final. No se puede impedir la prosecución de la ejecución en base a apelaciones, una tras otra, porque esto está previsto en el procedimiento de aplicación. – ¿Qué plazos puede tomar? ¿Otros dos años más? –No, de ninguna manera. No debería ser así. De acá a fin de año tendría que operar el proceso de tasación, licitación y adjudicación. Terminaron los tiempos de debate sobre la constitucionalidad de la ley. Estamos en período de proceso de ejecución.”

 ACA SE PUEDE VER, COMPLETA, LA PROPUESTA DE DON VITO.