Otro Massaso en el dedo

Bajo el título “La oposición buscará emitir dictamen para derogar la ley antiterrorista”, el lunes pasado Infobae nos regala un inconmensurable cúmulo de incongruencias emitidas por las eminencias grises del campo anti-K.

Todo viene a cuenta porque que la Presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich, impulsa la derogación de esa Ley, de la que mucho se ha hablado, pero que es poco más que un agravante genérico (duplicación del mínimo y del máximo de pena) para cualquier delito previsto en el Código Penal cuando se cometa con el dolo específico de “de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (el único agregado al catálogo de delitos existentes, es el que incrimina distintas formas de lavado de dinero, con fines de financiamiento de actividades o agrupamientos terroristas). Se le ha atribuido infundadamente a la norma la intencionalidad política de penalizar la protesta social, lo cierto es que  nunca se ha aplicado en tal sentido, básicamente porque es una norma dependiente de interpretación judicial (no administrativa o policial), pero sobre todo porque la misma ley establece (entiendo que de manera sobre abundante, pero para despejar cualquier duda) que “las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”  

Contra todos los arbitrarios pronósticos, la primer amenaza de aplicación de la ley Antiterrorista que hace el gobierno, fue dirigida a castigar la quiebra fraudulenta instada por la Imprenta Donnelley, parcialmente propiedad de Fondos Buitres que litigan contra Argentina, bajo la sospecha que de ese procedimiento estaba enderezado a producir malestar social y desestabilización político-económica, con el fin de crear zozobra y desconfianza en los mercados artificialmente. La maniobra pretendería inducir a pensar que la quiebra fue una consecuencia del supuesto default impulsado por Griesa, al negarse el país a cumplir una sentencia, amén de contraria al derecho internacional público, de cumplimiento imposible. De ser esta intencionalidad demostrada judicialmente, las penas previstas a los responsables de perpetrar el delito penal de “quiebra fraudulenta” se duplicarían por tener la finalidad de “aterrorizar a la población” y de “obligar a las autoridades públicas nacionales…  a realizar un acto” (pagar lo impagable).

Sin embargo, queda claro en el artículo que esa intención que se le endilga al kirchnerismo, está latente en la mente de algún presidenciable opositor, dando razón al temor expresado en su momento (2011) por Hebe de Bonafini: “También hablamos (con Cristina) de la preocupación que teníamos sobre la Ley Antiterrorista, porque yo le dije, ustedes no van a aplicar pero puede ser que vengan otros y la apliquen”. 

Y no fue otro que el aspirante a la Primera Magistratura Sergio Massa quien primero se anotó para integrar la lista de “otros” a la que aludió Hebe: “El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró que el Gobierno utiliza la ley ‘de forma muy negativa’ y sentenció: ‘Cuando uno utiliza un martillo para clavar un clavo lo está utilizando para lo que corresponde, cuando utiliza el martillo para partir una cabeza lo está utilizando para lo que no corresponde’" se puede leer textualmente en la nota que da pie a este post. En otros términos, y contextualizando, si la ley hubiese sido desvirtuada para perseguir la protesta social o laboral como si fuera un acto terrorista, para Massa hubiese sido correcto; pero como amenazó ser aplicada a empresarios de los que se sospecha actúan “in fraudem legis” para extorsionar al gobierno, intentando obligarlo a cumplir la inquina sentencia de Griesa a favor de los fondos buitres,  es una incorrecta aplicación que merece motorizar su derogación.

Esta película ya la vimos. En el año 1974 el Congreso Nacional sancionó la L. 20.840, en sus arts. 6º a 9º, se prevén delitos denominados “de subversión económica”. Durante la Dictadura se hizo uso y abuso de tales disposiciones, argumentando el propósito de destruir el financiamiento de actividades de “organizaciones subversivas”.

Durante la crisis de 2001, los banqueros, sin tapujos ni pudor, perpetraron prolija y repetidamente todas y cada una de las conductas previstas como típicas de actos de subversión económica por esa ley. Incluso, en medio del desmadre, hubo jueces que iniciaron investigaciones, procesaron e incluso encarcelaron a algunos de estos delincuentes de guante blanco. Todo terminó como debía terminar en un país donde la ley más que ciega es tuerta y jugaba  siempre como instrumento de persecución del débil y protección del poderoso. El entuerto fue zanjado en la sesión parlamentaria del día 20 de junio de 2002, derogándose las normas “conflictivas” y garantizando la impunidad de quienes vaciaron los bancos, estafaron a millones de ahorristas y hundieran las economías y las expectativas de todos los argentinos.

Según la nota que nos ocupa, encabezados por la impetuosa diputada Bullrich, secundada por Massa y Macri; Mario Negri (UCR), Margarita Stolbizer, Victoria Donda (FAUNEN); Luis Petri, Oscar Aguad, Manuel Garrido, María Gabriela Burgos, María Soledad Carrizo (UCR); Pablo Javkin (CC ARI); Ivana Bianchi (Compromiso Federal); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda); Eduardo Cáceres (Unión Pro); Oscar Martínez, Gilberto Alegre (Frente Renovador), están dispuestos a repetir la escena, para solaz de aquellos piratas del mercado y sus secuaces lenguaraces que pretenden siga vigente lo que payaba “El Moreno”:

La ley es tela de araña

en mi inorancia lo esplico:

no la tema el hombre rico;

nunca la tema el que mande;

pues la ruempe el bicho grande

y sólo enrieda a los chicos.

Es la ley como la lluvia:

nunca puede ser pareja;

el que la aguanta se queja,

pero el asunto es sencillo:

la ley es como el cuchillo,

no ofende a quien lo maneja.

NOTA: Las noticias indican que “el gobierno dio marcha atrás con la aplicación de la Ley Antiterrorista a Donnelley”, fundándose en una intervención de Alejandro Vanolli (CNV). Independientemente de los términos de la denuncia que efectúe el PEN, la aplicación o no de la LA y el encuadre de los hechos en algún tipo penal, corresponde al juez interviniente. La aplicación de la LA  en el caso dependerá entonces de si se demuestra o no el “dolo específico” que exige la misma en la comisión de cualquier delito, y no de la voluntad del gobierno.