Kirchnerismo y DD.HH.: Refutando los 3 pecados.

Dejando de lado las paparruchadas derechistas de ocasión, tales como la promesa de “terminar con el curro” de los derechos humanos, o de “cerrar la etapa”, vale la pena reflexionar sobre algunas cuestiones que se plantean (a veces con inocencia, otras desde la ignorancia, las más de mala leche) en torno a la política K en esta materia.

Particularmente me refiero a las acusaciones lanzadas por la supuesta “apropiación de los DDHH”, su “estatización”, y a la adhesión a esas políticas por parte de algunos organismos defensores de los mismos (la “cooptación”), que, al decir de los detractores, quitan legitimidad a su lucha.

I - La apropiación.

Cuando se habla de que el kirchnerismo “se apropió” de los DDHH, suele sostenérselo desde la perspectiva de afirmarse que se desconoce lo actuado por los restantes gobiernos desde 1983 en adelante, en lo que hace al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Dictadura. Vale la pena hacer un sintético recuento de lo realizado y lo retrocedido en la materia en cada etapa, para evitar alguna suspicacia, o que se piense que el suscripto desconoce o prefiere soslayar lo acontecido en el proceso de 20 años de avances y retrocesos:

Es decir, a 20 años de reinstalada la democracia, más allá de intenciones, responsabilidades y convicciones, lo único que teníamos en pié, gracias a la voluntad inquebrantable de los organismos de DDHH y de un puñadito de jueces, eran los Juicios por la Verdad (meramente declarativos, sin posibilidad de otra condena que no sea la social) y los iniciados por la apropiación de bebés (posibles gracias a que Strassera se negó a considerarlos crímenes de lesa humanidad, no los incluyó como cargo en el juicio a las Juntas, y de que Alfonsín no le dio el impulso necesario al reclamo de Abuelas en 1985, y por lo tanto, sus perpetradores quedaron fuera de los indultos menemistas). 

No puede negarse que el kirchnerismo, vía decretos, leyes, creación de nuevos derechos (a la verdad, a la identidad), con impulso de las causas, buscando las ratificaciones de nulidad en la justicia, puso claramente de manifiesto su voluntad de desmantelar todo el aparato jurídico montado a favor de la impunidad.

Sin embargo, los fracasos pasados, no nos autorizan a decir que “nada se hizo”, o al menos que “nada se intentó hacer”. Pero tampoco creo que pueda enunciarse como regla una linealidad de la política de DDHH del kirchnerismo respecto a sus antecesores, ni que el kirchnerismo planteó una mera continuidad, solo que resultó más exitoso. Sus diferencias son demasiado notables, y me remito a 3 ejemplos.

1) El fundamento ideológico:

Cuando la CONADEP presentó ante la TV el “Nunca Más”, El Ministro del Interior radical, Antonio Tróccoli irrumpió en escena oficiando de “presentador”. En esa oportunidad dejó claro que el accionar del Estado  en el intento de castigar penalmente a los responsables de la Dictadura se inscribía en la denominada “Teoría de los Dos Demonios”, un engendro doctrinario que contradecía la realidad histórica y la legislación internacional en materia de DDHH y crímenes de lesa humanidad; y que obviaba por completo la complicidad civil en el Golpe de 1976. Todo quedaba reducido al choque de dos brutalidades armadas, equiparando a los contendientes y juzgando a quienes se habían excedido metodológicamente en el rol que le había confiado “la gente” de terminar con el “enemigo subversivo”. Suele olvidarse que, mientras se juzgaba a los dictadores, se mantenía el pedido de captura contra Juan Gelman (entre varios otros); y que Alfonsín, no conforme con nunca recibir a Madres de Plaza de Mayo, acusó de desestabilizadora a Hebe de Bonaffini (y por extensión a la organización) por el sólo hecho de continuar con sus reclamos de aparición con vida y castigo a los culpables.

Desde los organismos de DDHH se sostuvo siempre la tesis de que no se podía establecer equivalencias. El Estado debe estar sometido a la legalidad aún cuando combate a la ilegalidad porque es el depositario de la fuerza pública y cuenta con los mecanismos y medios necesarios para hacerlo, nada justifica los excesos y, mucho menos, la sistematización de la arbitrariedad, de la inhumanidad y de la clandestinidad como método.

El kirchnerismo recogió en su práctica este concepto, no pretendió ser neutral ni equidistante desde lo discursivo, sin que ello implique privar de alguna garantía legal o jurisdiccional a los juzgados por practicar el Terrorismo de Estado. Su voluntad de desarticular el aparato de impunidad chocó con la reticencia cómplice de decenas de jueces (de los de acá y de los que, desde el exterior, se negaron a viabilizar extradiciones), mas no por ello se apartó de los estrechos márgenes que el tiempo y la legalidad le imponen.

El kirchnerismo apoyó su acción en la articulación de la amañada legalidad argentina y la vigencia de los Tratados Internacionales que la impugnaban. El alfonsinismo sí quebrantó la legalidad existente, pero, lamentablemente (y excepción hecha de la inicial reforma al Código de Justicia Militar que habilitó el juzgamiento por tribunales civiles), siempre y progresivamente a favor de la impunidad.

2) Los alcances de la investigación:

Volviendo a Tróccoli, la cuestión se centró en la disputa por el poder entablada por organizaciones guerrilleras, y el ejército que se desmadró, quebrantando la institucionalidad primero y violando DDHH después. Un recorte inadmisible de un proceso histórico caracterizado por el permanente ninguneo de los intereses populares, la represión de sus protestas y reclamos y por la proscripción sistemática de las fuerzas que lo representaban (desde el viejo anarco-sindicalismo, pasando por el yrigoyenismo, hasta el peronismo). Proceso iniciado en la génesis misma del Estado Nacional para preservar una estructura de desigualdad funcional a los privilegios de una oligarquía local con inescindibles lazos con el colonialismo. Porque el Golpe del 76 pudo ser el más cruento, el más violento, pero no fue más que otro eslabón de una larga cadena de intervenciones directas de los sectores de poder, con la que se azotó al país cada vez que consideraron que la democracia ponía en jaque alguno de sus privilegios.

Por eso se juzgó sólo a militares por violaciones a derechos civiles y políticos, nunca se puso en la mira a los agentes de las grandes corporaciones, a los autores intelectuales y a los beneficiados con el desquicio, a aquellos que a través del Golpe hicieron pingües ganancias de la desarticulación de los movimientos sindicales y políticos y se dieron a la tarea de vulnerar sistemáticamente Derechos Humanos (tanto como los otros) económicos, sociales y culturales.

El combate con estos otros golpistas no ingresó en el ámbito tribunalicio, y tampoco en la lucha por sofrenar las inequidades del mercado. Se mantuvo exclusivamente en el terreno de la retórica de barricada, en la sociedad rural, en algún púlpito, desde algún estrado desde donde se denunció la campaña de desánimo desplegada desde la prensa. 

Faltó voluntad para ir por los cómplices, ideólogos y favorecidos. Y no es que no se contaran, por entonces, con elementos judiciables. ¿Acaso el Fiscal Ricardo Molinas no puso en manos de Alfonsín (así como la CONADEP el Nunca Más) un informe lapidario que justificaba la anulación de la entrega de Papel Prensa a Clarín y La Nación? ¿Acaso la propia declaración testimonial de Magdalena Ruiz Guiñazú en el juicio a las Juntas no fue demostrativa de la interacción entre periodistas y militares? ¿Acaso el Apagón de Ledesma o los acontecimientos de Villa Constitución eran casos desconocidos en la época? ¿no quedaron registrados en el informe de la CONADEP episodios en Ford, Mercedes Benz, Astarsa (Techint)? ¿No resultan significativas las similitud entre los postulados levantados y publicados por las entidades patronales previamente al golpe y las medidas adoptadas en abril del 76 por Martínez de Hoz?

Verlos a Blaquier, a Massot, a Martinez de Hoz, a directivos de las automotrices, en el banquillo de los acusados; que se haya abierto la investigación contra directivos de Loma Negra por los desaparecidos en Olavarría;  que se haya reabierto y se lleve a la justicia la causa por la apropiación de Papel Prensa, que se haga hincapié permanente a caracterizar la resultante del Golpe de Estado como “Dictadura Cívico Militar”, demuestra que el kirchnerismo, en cambio, se hace cargo de lo denunciado por Rodolfo Walsh en su “Carta Abierta a la Dictadura Militar”: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. ´He aquí otro sustancial elemento diferenciador.

Eludiendo la cuestión de la matriz ideológica que animó al alfonsinismo (la Teoría de los Dos Demonios, inadecuada para abordar la cuestión de las motivaciones económicas), suele justificárselo aduciendo que no estaban dadas las condiciones en una democracia joven y no consolidada, distintas a las presentes. Puede que esa lectura tiempista tenga algo de acertada. Pero no es menos cierto que las condiciones en que Alfonsín deja anticipadamente el gobierno demuestran que el Poder Permanente, reafirmado durante la Dictadura y no cuestionado durante el nuevo régimen, conservó su capacidad de fuego y disposición a ejercitarlo (ya no por golpes militares, sino por golpes de mercado), socavando aún más el prestigio de la joven democracia. 

En tal sentido, la concentración económica y de poder real, continuó consolidándose durante el neoliberalismo menemista, renovando y ampliando escandalosamente el aparato de control social. Sin embargo, lejos de ampararse en el justificativo de que el enemigo es demasiado grande (más grande), el kircherismo se atrevió a interpelar a los artífices ocultos de aquella Dictadura, los mostró a la sociedad y empezó a rascarle la pátina de intocabilidad con la que gustan desplazarse por la vida. Ha sufrido las consecuencias de su ira, es cierto, pero cuando más es golpeado por las corporaciones,  parece más se fortalece. El axioma alfonsinista de “no se hace para preservar la democracia” viene siendo exitosamente refutado: la lucha por la justicia social y el cuestionamiento al poder económico refuerza la democracia, no la desestabiliza.

3) La finalidad última de la política de DDHH:

No hay por qué estar de acuerdo con esta afirmación, pero a mi entender la reivindicación de los DDHH realizada por el alfonsinismo fue funcional a un primer objetivo: el sostenimiento y consolidación del orden democrático. Visto desde la óptica liberal, la democracia formal “per se”, es antecedente y garante de los DDHH (“con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa”). Mostrar a la sociedad las atrocidades cometidas por los militares, podría fungir de convincente argumento para persuadir a la sociedad de que “nunca más” apoye Golpes de Estado, aislar a sus cultores y desprestigiar para siempre a sus propagandistas (la lógica surge del discurso de Tróccoli ya mencionado).

Ese es el motivo, quizás, por el cual el impulso desde el gobierno se centró, exclusivamente, en la Juntas, intentando evitar, vanamente, con la Ley de Punto Final (sancionada inmediatamente a que recayera la sentencia de condena), que las causas se extiendan al resto de los ejecutores, privilegiando la estabilidad política (la casa en orden, como dirá un año más tarde) a la búsqueda de verdad y justicia.

Reconozco que, formalmente, la democracia no estaba en peligro al advenimiento del kirchnerismo (la crisis del 2001 se saldó por los canales institucionales). Pero desde la perspectiva material, y si es cierto que con la democracia se come, se cura y se educa, la situación se presentaba más grave aún que en el ‘83. Prescindiendo de los militares y a través de “maniobras de mercado”, el poder mediático y el poder económico se las arreglaron para eliminar el escollo alfonsinista, “domesticar” a Menem, y sostener el modelo neoliberal más allá de la inoperancia delaurrista, condicionando a su antojo los gobiernos y divorciándolos de las expectativas de su base electoral. La democracia, para 2003, no era más que un juego dispuesto para cambiar gerentes, y el Estado un ente inoperante, endeudado defaulteado y condicionado por la amenaza replicante de “quedar fuera del mundo”, atrofiado a las dimensiones del S. XIX, colonizado en todos sus estamentos por consciencias amoldadas a las directivas del Consenso de Washington, y con la mayoría de las fuerzas de seguridad y funcionarios del poder judicial “incontaminados” de cualquier tendencia que les permita abordar los fenómenos de la marginación, la pobreza y la desocupación desde cualquier otra óptica que no fuera la represiva.

Es cierto que, sin peligro de rebeliones militares, la tarea del juzgamiento a los represores, pudo ser más sencilla. Pero no es menos cierto que la tarea del kirchnerismo no se redujo a la actividad jurisdiccional: además de la justificación pública y permanente, por primera vez se reflejó la Política de Estado en todos los ámbitos, de manera coherente y sistemática, desde los estrados hasta la escuela; y se amplió la promoción de los postulados de “Memoria, Verdad y Justicia”, a los de justicia social, igualdad, diversidad e inclusión, relacionando orgánicamente los unos con los otros, llenándolos de contenidos éticos y socioeconómicos prácticos, y de un sentido reparador.

Las políticas de DDHH ampliaron con el kirchnerismo su contenido: ya no están circunscriptas al impulso, solo, de su primera generación; ni se da por supuesto que su mero reconocimiento y vigencia se corresponden necesariamente con  el acceso a niveles de vida considerados dignos. Y formar consciencia en ese sentido, empoderando a la sociedad para su defensa, resulta una afrenta imperdonable al poder real (quienes, en última instancia, estuvieron dispuestos a “entregar” a sus aliados militares, pero nunca a poner en juego su propia fortuna), en tanto pone sobre la mesa la discusión acerca de la apropiación y distribución de la riqueza, de la cultura y del propio poder.

Quienes no aprecian estas diferencias, o quienes no encuentran la relación, suelen ser los que sostienen que se siguen defendiendo los DDHH del pasado, o quienes piensan que los DDHH son sólo para los delincuentes (término cuya acepción en boca de quien pronuncia la frase no refiere exclusivamente al que comete delito, sino que comprende también al marginado, al travesti, al niño/joven en situación de calle, etc.).

II – La estatización.

Si nosotros nos remontamos a los tiempos donde empezaba a perfilarse el concepto de DDHH (normalmente se señala como hito la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, Francia-1789), parecería un contrasentido que los DDHH puedan “estatizarse”. De hecho en aquel momento eran poderes de autonomía y de participación arrancados a la Monarquía Absoluta, y su vigencia requería de parte del Estado, poco más que su reconocimiento y la abstención de interferir en su ejercicio.

Pero resulta que a esta conquista le sucedió la de los DDHH Económicos Sociales y Culturales (ya temprana y embrionariamente insertos en la Constitución Republicana Francesa de 1793). Para que las personas puedan ejercitar sus derechos a la educación, al trabajo digno, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, etc.,  no alcanza con que el Estado los reconozca y se abstenga de interferirlos, es indispensable que tome parte activa, que disponga de recursos, que legisle apropiándose de parte de la renta bajo la forma de impuestos, que regule el mercado y el mercado de trabajo, que cree directa o indirectamente puestos de empleo, que organice servicios educativos y de salud pública, que realice obras de infraestructura y de saneamiento, que lleve el agua potable a todos, que proteja e incentive la cultura popular, etc., etc., entre un sinnúmero de actividades e inversiones que no pueden ser librados a la buena voluntad de las gentes ni a las ambiciosas especulaciones del mercado.

Ni hablar de la necesidad de intervención estatal cuando después se empezaron a reconocer los DDHH de los Pueblos (a la autodeterminación, al desarrollo, a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, etc.) o los DDHH en Situación (referidos a la eliminación de las formas de discriminación, a la integración y a la inclusión)… No hace mucho tiempo, Eugenio Zaffaroni (a quien no se lo puede tildar de improvisado en la materia) sostuvo, sin hesitaciones, que los DDHH eran, así como un programa de lucha, también “un buen programa de gobierno”.

En definitiva, cuando escuchamos a alguien escandalizarse por la “estatización de los DDHH” en pleno siglo XXI, estamos escuchando una voz anacrónica, anclada en una percepción parcializada del S.XVIII, aquellos tiempos de Gloria del Capitalismo, cuando se sacudía del mismo yugo estatal absolutista que, un poquito antes, había financiado para consolidar. O a algún egoísta que se siente vulnerado porque su bandera ya se realiza y es patrimonio del común. O a algún interesado que, elípticamente, afirma que el Estado, especialmente el Estado democrático, también debería permitir dirimir el acceso a la salud o a la educación según las reglas del todopoderoso mercado.

No quiero con esto insinuar que son prescindentes los organismos y asociaciones populares que impulsan el reconocimiento o se desempeñan en la defensa de los DDHH. Pero en todos los casos tienen por finalidad que sus aspiraciones se vean concretadas en una acción del Estado. Cuanto mejor si esa actividad de desarrolla de modo permanente y en profundidad, excediendo lo meramente declarativo. Es decir con convicción, es decir que el Estado las asuma como propias, las positivice, las difunda y promueva formando consciencia y las despliegue para que el conjunto de la sociedad también las asuma como propias (hace unos días escuchaba a un dirigente de la comunidad homosexual, expresaba su aspiración de que la sociedad reconozca lo mismo que el Estado ya había reconocido). 

III – La cooptación.

Suele aparecer como una exigencia a los organismos de DDHH de neutralidad o distanciamiento del gobierno, incluso a modo de impugnación a cualquier expresión de los mismos que denote afinidad con las políticas oficiales en la materia.

No recuerdo que esa pretensión se haya enarbolado para impugnar la presencia de representantes de algunos de esos organismos en la CONADEP (APDH, Graciela Fernández Meijide; MJDH, Marshall Mayer); a pesar de que su existencia se debió a una convocatoria presidencial que sostenía (como ya dije) una mirada parcializada sobre el tema en cuestión (que hizo que no participaran de la Comisión referentes parlamentarios de otros espacios políticos distinto al radical); o que otros organismos miraran con desconfianza la convocatoria (Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo); o que, incluso, se sentaran a la misma mesa personajes que, hasta hacía muy poco tiempo, demostraran simpatía y colaboracionismo con la dictadura (Magdalena Ruiz Guiñazú, Ernesto Sábato).

La grieta, a la que gusta aludir el showman Lanata, también se extiende a este ámbito, como una profunda molestia porque referentes morales de la sociedad que se mostraran inclaudicables ante cualquier agachada, renunciamiento o retroceso en la materia, ahora manifiesten su beneplácito por la coincidencia entre sus reclamos históricos y la política adoptada desde el gobierno kirchnerista (sin privarse de apuntar sus diferencias, como lo hicieran Hebe de Bonaffini respecto a la Ley antiterrorista, o lo militara el CELS en relación a la designación de Milani como jefe de las FFAA).

De mi parte, como confío en su calidad ética, supongo que si alguno de los gobiernos anteriores hubiese adoptado el mismo rumbo, también habría recibido el mismo apoyo… pero no lo adoptaron. De parte del coro opositor, (enceguecido por la especulación electoralista, incapaz de reconocer virtud alguna al kirchnerismo, incapaz de blanquear sus críticas a la gestión en DDHH desde la óptica regresiva que los anima) es preferible destruir y bastardear baluartes de la lucha (cualquier lucha), antes que admitir la vergüenza de no contar con su respaldo.

En las denuncias de cooptación hay un tiro por elevación a las políticas actuales, no son sino (en la mayoría de los casos, y dejando de lado opiniones comprensiblemente impacientes, fundadas en la necesidad de mayor profundización) una manifestación de la frustración por no contar entre sus filas con jugadores de peso que legitimen sus posturas ambiguas, cuando no francamente retardatarias.