Genocidas, socios y cómplices.

Hace una semana, un tribunal de Mar del Plata dictó sentencia en la causa del secuestro, tortura y asesinato de Carlos Moreno, abogado de obreros de Loma Negra. Un fallo importante, pues no sólo condena a los militares represores, sino también a los civiles que facilitaron la chacra donde estuvo retenido y fue muerto Moreno. Pero además, ordena investigar a los directivos de la empresa de Amalia Lacroze de Fortabat, porque se recogieron en las audiencias testimonios que permiten sospechar que integrantes del directorio de la cementera habrían instigado el crimen.

La singularidad del fallo reside en develar a la perfección la trama que rodeó al Golpe de Estado de 1976. Está claro el accionar de paramilitares, de las fuerzas de seguridad y de los militares, pero también existieron civiles colaboracionistas, y empresas que promovieron la instalación de la Dictadura para sacar provecho de la situación. No casualmente, Loma Negra fue la principal proveedora de cemento de la Dictadura, desde las autopistas de Cacciatore, pasando por Atucha, por ATC, hasta la remodelación de estadios para el Mundial 78.

Hay que reconocer que actualmente existe un criterio de política judicial favorable a inculpar a los responsables civiles, que se verifica con la condena al cura Christian Von Wernich en 2007, con la condena al Juez Victor Brussa en 2009 (primero en ser condenado de una lista de 55 funcionarios judiciales investigados),  con las múltiples causas penales abiertas contra José Alfredo Martinez de Hoz o con la remisión a la justicia de la investigación realizada por el Poder Ejecutivo Nacional por la apropiación por parte de la Junta Militar, Clarín, La Nación y La Razón, de la empresa Papel Prensa. Pero todas las causas han sido abiertas en relación a hechos aislados, episódicos.

En honor a la memoria completa debemos concluir que la complicidad civil, y especialmente empresarial, no operó durante la Dictadura como una suerte de alianza circunstancial, o de rapiña de ocasión. Por el contrario, el Poder Económico y el Poder Corporativo sirvieron de sustento ideológico, fueron promotores y beneficiarios directos de una política implementada con el fin de subordinar los destinos de la Nación a los intereses financieros transnacionales, propiciando la concentración obscena de la riqueza y el lucro ilimitado y la vuelta a un modelo de país subdesarrollado y agroexportador. No fue su objetivo el transitorio quebrantamiento del orden constitucional, sino la sumisión definitiva de los futuros gobiernos democráticos a los dictados de los intereses financieros internacionales.

La ideología neoliberal, como en el resto de Latinoamérica, necesitó de la Dictadura para instalar un modelo que exigía la desindustrialización y la exclusión  social como correlato y la sustitución del Estado por la preeminencia de los poderes fácticos como condición de éxito.

Los 30 mil compañeros no fueron desaparecidos por un designio de pura maldad de un grupo de uniformados sedientos de muerte, fueron inmolados para garantizar un nuevo orden donde los poderosos estaban llamados a  maximizar el éxito de sus negocios, y donde la democracia debía ser desacreditada como herramienta del pueblo para regir su destino y limitar a sus expoliadores.

Durante la dictadura, el accionar de los cómplices civiles y empresarios revistió el mismo carácter sistemático que el terrorismo de estado.

No podemos olvidar que el preámbulo del Golpe de Estado fue redactado en ocasión del lock out patronal convocado  el 16 de febrero del 76 por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, síntesis de la rancia oligarquía integrada por la Sociedad Rural, CARBAP, Confederaciones Rurales, Cámaras de comercio y de Sociedades Anónimas, Federaciones industriales y de la construcción, que patearon el tablero de la concertación por el que transitaban la CGT y la patronal Confederación General Económica, ambas disueltas por Decreto el mismo día que asumió la Junta. En la Proclama aparecen los mismos argumentos que, un mes más tarde, fueran esgrimidos como justificación oficial del Golpe de Estado. El paro careció de otro sentido que demostrar a las Fuerzas Armadas que buena parte del empresariado argentino, especialmente el vinculado a intereses extranjeros, respaldaba la ruptura del orden institucional, al pingüe costo de acatar su programa económico y de desarticular la organización sindical, y todo tipo de organización social o elaboración intelectual que pudiera implicar oposición o cuestionamiento al discurso único.

El gran capital abrió un ciclo, y pretendió que nunca fuera cerrado. El endeudamiento externo no sólo significó un gran negocio, libre de costos desde que Cavallo cargó sobre nuestros hombros la deuda originada en autopréstamos de las multinacionales a sus filiales locales. Resultó, por sobre todo, una herramienta eficaz para perpetuar el poder real consolidado durante la Dictadura, para birlar a la democracia los instrumentos de desarrollo, para someter las decisiones trascendentes a las recetas de los centros financieros internacionales, demasiado distantes para ser interpelados eficazmente por la soberanía popular. No se conformaron con robarnos 7 años, pretendieron hacerse dueños de nuestro porvenir.

A modo de exculpar a los que transformaron la sangre en lucro y a la masacre en un clima propicio para los negocios, hasta hoy se insiste en la idea que “la gente”, es ambiguo sujeto, apoyaba la interrupción del proceso democrático. Que estaban cansados del caos, de la corrupción, de la violencia y de la inflación.

Los mismos que hoy dedican extensos editoriales al respecto, son aquellos que en la época volcaron ríos de tinta en sacudir concienzudamente cada desatino del gobierno democrático, fueron los que sobredimensionaron en sus tapas las acciones de la guerrilla, generando una “sensación de inseguridad” de que cualquiera podía ser víctima, a la par que destinaban confusas y escasas líneas al accionar conjunto de la “triple A”, los grupos empresarios y las fuerzas de seguridad.

Episodios de represión extrema como el de Villa Constitución, que involucran a la Triple A, a la ortodoxia sindical, a las fuerzas de seguridad y al propio Martinez de Hoz como Presidente del Directorio de Acindar, fueron periodísticamente ninguneados, así como lo fuera el intento de encontrar una salida democrática a la crisis, adelantando las elecciones para el 17 de octubre de 1976.

El adoctrinamiento a la población del que fueron responsables los principales medios de comunicación masiva, no sólo incluía agitar el fantasma de la agresión guerrillera, también necesitaba del sistemático ocultamiento del accionar represivo ilegal, y el divorcio de la historia. El mensaje apuntaba a instalar la tesis de la aparición espontánea de la violencia, nunca a dilucidar que la misma era producto de décadas de opresión, de cercenamiento de derechos y de libertades, de la proscripción política y de la explotación. Los diarios y revistas, fueron el vehículo indispensable para que los mismos verdugos que deambulaban desde 1930, pudieran limpiar sus uniformes y volver a presentarse como Salvadores de la Patria.  

Tan bien diseñada estuvo la estrategia comunicacional, que el 24 de marzo de 1976, y los días subsiguientes, conceptos odiosos como “Golpe de Estado”, “Quebrantamiento del orden constitucional”, “Dictadura” se ausentaron de las tapas de los diarios, y fueron sustituidas por eufemismos escandalosos como “nuevo gobierno”, “¡Cayó Isabel!”, “las fuerzas armadas han asumido el ejercicio del poder” o “caducaron los mandatos políticos”.

Para lograr promocionar la necesidad del golpe primero, y el silencio frente a la represión brutal después, para la mayoría de los medios de comunicación, más eficiente que la amenaza de censura, resultaron los jugosos dividendos que dejaron las pautas de campañas publicitarias como “ganamos la paz”, Mundial 78, “Somos derechos y humanos” o “estamos ganando”, o la irreductible posición dominante con que se premió por los servicios prestados a Clarín y La Nación mediante la apropiación a punta de picana de Papel Prensa.

Desde entonces, poderes económicos y mediáticos transitan la historia de la mano, pretendiendo tomar distancia de los uniformados, pero defendiendo a ultranza sus añejos logros y privilegios, exigiendo conjurar fantasmas perimidos, denunciando irreales crisis, apelando a la desmemoria para proponer los mismos ajustes y el re-re-endeudamiento del Estado.

Patalean, en definitiva, añorando las épocas en que los Anu Sing no necesitaban de consensos ni votos para imponer políticas a medida de su conveniencia, sólo le bastaba blandir los vencimientos de títulos de deuda.

Es necesario ratificar nuestra incondicional pretensión de conocer el destino de cada uno de nuestro compañeros desaparecidos, de que a cada niño apropiado le sea restituida su identidad, de que cada asesino, torturador, secuestrador, apropiador, se enfrente con la ley y con la autoridad de los magistrados de la democracia.

Pero hacer honor a la verdad y a la memoria,  exige también develar los nombres y apellidos, y condenar, a aquellos que co-escribieron la tragedia desde fuera de los cuarteles.

No importa si lo hicieron  desde las reuniones de directorio, desde despachos ministeriales, desde sus altos estrados, desde sus púlpitos sagrados o desde sus oficinas de redacción.  Las decisiones empresariales, los decretos y sentencias, los sermones y las editoriales, también causaron casi tanto y tan perdurable daño como las balas.

AGMER Seccional Colón

Sec. DD.HH. y Cap.Sind.

24 de marzo de 2012.