martes, 6 de marzo de 2012

LOS LÍMITES DE LO DEBATIBLE.

¿Todo es libremente debatible por cualquiera? En primera instancia tendríamos la tendencia de contestar que sí, que esta condición es casi una premisa del modo de vida democrático. Aquellos que creemos en el sistema político, incluso frente a aquellos que ni siquiera comulgan con él, pero no dudan en aprovechar sus beneficios, debiéramos sostener con firme convicción este principio.




Admitiendo como principio la “libre opinabilidad de cualquier asunto”, permítanme relativizarlo, aunque más no sea por vía de excepcionalidad, o condicionar la efectividad de su ejercicio a ciertas “conditio sine qua non”. Para hacer más gráfica (y comprensible) mi afirmación, echo mano al siguiente ejemplo: ¿tiene algún sentido práctico, o efectividad en la realidad social o política, el debate planteado por los 17 sobre la cuestión Malvinas, en el marco de las actuales condiciones que  impone la Constitución Nacional y las disposiciones internacionales vigentes?

Suponiendo que (como si ello fuera posible) la posición de los 17 se alzara con un triunfo dialéctico obteniendo una fuerte adhesión social, ningún impacto real podría tener en la ejecución de políticas desde el Estado, a menos que se impulse a la par la reforma de la Constitución Nacional (Cláusula Transitoria I) y el desconocimiento, al menos de las Resoluciones 1514 y 2065 de la ONU, y de toda norma de Derecho Internacional Público, que vincule a la Argentina y que, como lo hacen coherentemente, desconocen a los kelpers calidad de pueblo, y por ende, le niegan su derecho a autodeterminarse.

Lo que estoy diciendo, es que la Ley (nacional e internacional), es decir el Derecho, consolida las relaciones regulándolas y atribuyéndole ciertos efectos, y transforma en estériles ciertos debates, reduciéndolos a meras especulaciones con sentido más vano que el desplegar de plumas de una pavo real (al menos, el pavo real, de ese modo, levanta pavitas). 

Hoy, el Ministro Julio de Vido le remitió al intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri, una carta documento intimándolo a hacerse cargo de sus responsabilidades funcionales respecto al subte. Las competencias del Estado Nacional y del Municipio de la CABA están perfectamente establecidas en la Constitución Nacional, la Constitución de CABA, por las leyes dictadas en consecuencia por cada uno de sus poderes legislativos y por los actos propios enmarcados en la ley de cada uno de los Estados.

Me parece una medida apropiada, y necesaria, la de De Vido. Encarrila la discusión por el andarivel que corresponde: Si las relaciones entre el Gobierno Federal y el de CABA están reguladas por el Derecho, y no se ponen de acuerdo con cuales son los derechos y obligaciones que le corresponden a cada uno en una cuestión puntual, se recurre a la Justicia (Suprema Corte de Justicia, para el caso) y punto. Los ciudadanos no tenemos por qué quedar enredados en un debate eterno y estéril, con argumentos amañados, manipulado desde las corporaciones mediáticas o económicas, con el fin de instrumentarlo como el lanzamiento de las aspiraciones políticas nacionales de su prohijado (como impúdicamente se reconoce ACÁ). Los ciudadanos porteños quieren (y necesitan) ver a los subtes funcionando, los ciudadanos del resto del país no queremos seguir subsidiando a la población que más y mejores recursos tiene. El marco regulatorio existe, que la Justicia determina, pues, a que Estado le toca cada cosa para satisfacer los intereses de todos.

A no ser, claro, que lo que subyazca sea la pretensión de desconocer la trama de relaciones existentes entre ambos Estados, y que se pretenda  modificarlas. En ese caso, plantéenlo claramente de una, impulsen una nueva Reforma Constitucional, y convóquennos a participar como ciudadanos plenos, y no como meros y pasivos telespectadores y consumidores de tergiversadas noticias de Clarín. Si el debate es político, aquel carril de participación democrática es el que corresponde.

Si cuestionamos la legalidad existente, está todo bien, las reglas necesarias para garantizar la convivencia son susceptibles de ser modificadas para dar lugar a configurar otros modos de relación. Pero lo que no es lícito es cuestionar y desconocer las normas, y no hacerse cargo de que para su reformulación, es necesaria una actividad que genere una masa crítica ciudadana interesada activamente en esa modificación. 

Es esa, o propender a la “Atomización del Poder Estatal”, una especie de corolario político de un argentinismo, propio de aquellos que cren que las leyes (o las instituciones) sólo son justas y hay que respetarlas cuando nos son convenientes. Delicado asunto al que volveré en la próxima.



12 comentarios:

Hernandez Arregui. dijo...

Entonces Binner va por el buen camino de la legalidad y el respeto de las leyes...

Rucio dijo...

Honestamente, no entiendo la relación que hacés con Binner y lo escrito, o de que acción concreta de Binner hablás. Otra aclaración antes de que se sumen "malinterpretaciones", no estoy defendiendo consrvadoramente ninguna legalidad (como para categorizarla como buen o mal camino), sino la necesidad de canalizar debates en ámbitos específicos para evitar paradojas y chicanas.

Pibe Peronista dijo...

Bien ahi, amigo. Ajustarse a derecho, lo cual nos garantiza limarle el buje en lo relativo al subte, y juega decididamente para la gente en los tiempos y en la clarificación del tema.

Abrazo

Capitán Yáñez dijo...

Estimado compañero Rucio: no se caliente más por Betty Mármol (¡perdón... Sarlo!) & Los Inimputables. Es sólo un pésimo grupo de música ligera.

Anónimo dijo...

Gran cantidad de argentinos somos reacios a cumplir con normas y leyes, sean de la categoría que sean, empezando por el reglamento de co-propiedad de un edificio de departamentos y terminando con la Constitución Nacional que, de paso, no todo el mundo se ha "calentado" por saber qué establece y en qué condiciones.
Esta resistencia se pone de manifiesto a través de las conductas de los simples ciudadanos, los políticos, autoridades de seguridad, intendentes, gobernadores, etc. Dos casos vienen a mi memoria, uno muy actual y el otro más viejardo.

* El Jefe de Gobierno de la Ciudad, absolutamente carente de los más básicos conocimientos para la tarea para la que se comprometió y - hasta ahora - no ha cumplido. Tanto es así que, además de sus incumplimientos, se dá el lujo de FIRMAR un acta convenio, actuar en consecuencia durante algunos días ... y recular en chancletas con cara de ofendido.

* El grupo Clarín, recurriendo a cuanta medida cautelar sus jueces amigos le admitan, en cuyo caso un gigantesco grupo empresario se arroga el derecho de NO RESPETAR LAS LEYES y determinados miembros del Poder Judicial a actuar como si fueran simples empleados de dichos grupos.

Contemplando a estos "tipos y casos importantes" que hacen pito catalán a las normas vigentes, qué cabe esperar del resto de los mortales?

Yo sostengo que uno no tiene derecho a exigir que sus gobernantes sean más honestos de lo que uno está dispuesto a ser.

Por otro lado, es evidente que si quienes debieran ser celosos custodios de las normas "se defecan" graciosamente en ellas, el resto de los pobres mortales no podemos más que perder el respeto por esas leyes y, además, sentirnos absolutamente desamparados.

Saludos
Tilo, 70 años

Moscón dijo...

El 17 es la desgracia(entre los quineleros),mañana le mando 50 a la cabeza y 50 a los diez.
La cuestión que apremia,es que la soluciones se postergan.
Y acá falla ipso facto la cuestión judicializada por lerda,barroca,atemporal y puntillosa en forma vacía de contenido.¿A quien favorece esta "justicia"?
Llega el momento de que a todo el poder judicial se le plantee un "pronto despacho".Porque todos los ciudadanos de a pie terminamos "ensanguchados" por inoperancia de los poderes:nos peleamos entre nosotros y queremos incendiar el congreso y la Casa Rosada olvidando el elemental regulador que se rasca bien las bolas.
Yo no tengo porqué bancarle el subte a los porteños,pero ni macri ni berreta ni Cristina ni De Vido utilizan el servicio exclusivo capitalino,lo hacen los laburantes que quedan presos y ensanguchados de una situación que depende de la expedición de un juez porque hay confusión entre los mandamases.
Ya que la sordera testicular de los actores influye de manera determinante en el resto de sus congéneres,que algún juez salga del siglo 18 y se entere que transcurrimos la segunda década del 21 ayudaría y mucho.

Un Abrazo

PD,en un par de meses hacemos un encuentro.

profquesada dijo...

No estoy seguro de que el camino elegido -una demanda judicial que necesariamente acabará en la Corte- sea el mejor ni tampoco el único. Si en su momento fue posible transferirle las escuelas a los municipios y otros servicios públicos a las provincias mediante una ley del Congreso,no veo el porqué en este caso no se ha recurrido a un procedimiento similar. Si en todas las provincias el transporte es administrado por ellas, no veo la razón por la cual mediante una ley del mismo tenor no se le pueda transferir a la CABA uno de sus medios de transporte. Si estoy equivocado me gustaría que alguien me lo explique.

Rucio dijo...

Profe, justamente el planteo de la judicialidad viene a cuenta porque ya existen las leyes respectivas, incluso convenios de parte para su instrumentación, arrancan con la autonomía en la reforma constitucional del 94 y sigue con la ley Cafiero (Ley 24.588 y su reforma)y la ley de CABA Nº 373 (creo). Las potestades de ambos estados están ya delimitadas, si hay desacuerdo entre las partes de que le corresponde hacer a cada una, o queda otra que recurrir a un acuerdo (cosa que aparece como inviable tal como se presenta) o a un fallo judicial. La demanda judicial no tiene que terminar en la Corte, empieza y termina en la Corte porque tiene competencia originaria en problemas entre los estados provinciales (CABA) y el Estado Nacional.

profquesada dijo...

Mirá Rucio escribí un post para explicar un poco más la idea. Se que están esas leyes previas y además ambas constituciones, pero por sobre la Constitución de la Ciudad está la Constitución Nacional y por sobre las leyes de la Ciudad las Leyes Nacionales y una ley que le transfiera el Subte a la Ciudad no es violatoria de la autonomía. En todo caso no me gusta lo de pasarle la papa caliente a la Corte sin otro respaldo que el documento firmado, la Corte bien puede hacer valer los reclamos de Macri y otorgarle más de lo que el Gobierno y la Provincias están dispuestos a cederle.

Hilda dijo...

Es que todo pasa por cumplir con la premisa “hecha la ley, hecha la trampa” y el cumplimiento de las leyes es inversamente proporcional al poder del ciudadano.
El incumplimiento, entre nosotros, está tan generalizado que lo único que falta es la entrega de premios al mayor incumplidor, al mayor violador de leyes… Desde las reglas mínimas a las que regulan el funcionamiento social, todas, son violables.
A no olvidar que también hay leyes sancionadas por una elite, son las que habría que modificar, porque no todas señalan lo deseable para el pueblo…
No sé cuál es el origen, tal vez sea que nos sentimos tantas veces pisoteados que creemos que es la única forma de vida… Es una de las premisas culturales que habría que intentar modificar… No digo un “cumplimiento nórdico” pero… (ya estoy arrugando)

Daniel Mancuso dijo...

Interesante debate, compañero, pero sin duda, todo se enmarca dentro de la batalla cultural que debemos seguir dando: desde la falta de indignación de los porteños frente a los desaguisados de macri, hasta el final de la nota "aquellos que cren que las leyes (o las instituciones) sólo son justas y hay que respetarlas sólo cuando nos son convenientes...", falta mucho todavía pero en eso estamos, abrazo

profquesada dijo...

Rucio se te extraña. ¿Todo bien?