LOS LÍMITES DE LO DEBATIBLE.

¿Todo es libremente debatible por cualquiera? En primera instancia tendríamos la tendencia de contestar que sí, que esta condición es casi una premisa del modo de vida democrático. Aquellos que creemos en el sistema político, incluso frente a aquellos que ni siquiera comulgan con él, pero no dudan en aprovechar sus beneficios, debiéramos sostener con firme convicción este principio.

Admitiendo como principio la “libre opinabilidad de cualquier asunto”, permítanme relativizarlo, aunque más no sea por vía de excepcionalidad, o condicionar la efectividad de su ejercicio a ciertas “conditio sine qua non”. Para hacer más gráfica (y comprensible) mi afirmación, echo mano al siguiente ejemplo: ¿tiene algún sentido práctico, o efectividad en la realidad social o política, el debate planteado por los 17 sobre la cuestión Malvinas, en el marco de las actuales condiciones que  impone la Constitución Nacional y las disposiciones internacionales vigentes?

Suponiendo que (como si ello fuera posible) la posición de los 17 se alzara con un triunfo dialéctico obteniendo una fuerte adhesión social, ningún impacto real podría tener en la ejecución de políticas desde el Estado, a menos que se impulse a la par la reforma de la Constitución Nacional (Cláusula Transitoria I) y el desconocimiento, al menos de las Resoluciones 1514 y 2065 de la ONU, y de toda norma de Derecho Internacional Público, que vincule a la Argentina y que, como lo hacen coherentemente, desconocen a los kelpers calidad de pueblo, y por ende, le niegan su derecho a autodeterminarse.

Lo que estoy diciendo, es que la Ley (nacional e internacional), es decir el Derecho, consolida las relaciones regulándolas y atribuyéndole ciertos efectos, y transforma en estériles ciertos debates, reduciéndolos a meras especulaciones con sentido más vano que el desplegar de plumas de una pavo real (al menos, el pavo real, de ese modo, levanta pavitas). 

Hoy, el Ministro Julio de Vido le remitió al intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri, una carta documento intimándolo a hacerse cargo de sus responsabilidades funcionales respecto al subte. Las competencias del Estado Nacional y del Municipio de la CABA están perfectamente establecidas en la Constitución Nacional, la Constitución de CABA, por las leyes dictadas en consecuencia por cada uno de sus poderes legislativos y por los actos propios enmarcados en la ley de cada uno de los Estados.

Me parece una medida apropiada, y necesaria, la de De Vido. Encarrila la discusión por el andarivel que corresponde: Si las relaciones entre el Gobierno Federal y el de CABA están reguladas por el Derecho, y no se ponen de acuerdo con cuales son los derechos y obligaciones que le corresponden a cada uno en una cuestión puntual, se recurre a la Justicia (Suprema Corte de Justicia, para el caso) y punto. Los ciudadanos no tenemos por qué quedar enredados en un debate eterno y estéril, con argumentos amañados, manipulado desde las corporaciones mediáticas o económicas, con el fin de instrumentarlo como el lanzamiento de las aspiraciones políticas nacionales de su prohijado (como impúdicamente se reconoce ACÁ). Los ciudadanos porteños quieren (y necesitan) ver a los subtes funcionando, los ciudadanos del resto del país no queremos seguir subsidiando a la población que más y mejores recursos tiene. El marco regulatorio existe, que la Justicia determina, pues, a que Estado le toca cada cosa para satisfacer los intereses de todos.

A no ser, claro, que lo que subyazca sea la pretensión de desconocer la trama de relaciones existentes entre ambos Estados, y que se pretenda  modificarlas. En ese caso, plantéenlo claramente de una, impulsen una nueva Reforma Constitucional, y convóquennos a participar como ciudadanos plenos, y no como meros y pasivos telespectadores y consumidores de tergiversadas noticias de Clarín. Si el debate es político, aquel carril de participación democrática es el que corresponde.

Si cuestionamos la legalidad existente, está todo bien, las reglas necesarias para garantizar la convivencia son susceptibles de ser modificadas para dar lugar a configurar otros modos de relación. Pero lo que no es lícito es cuestionar y desconocer las normas, y no hacerse cargo de que para su reformulación, es necesaria una actividad que genere una masa crítica ciudadana interesada activamente en esa modificación. 

Es esa, o propender a la “Atomización del Poder Estatal”, una especie de corolario político de un argentinismo, propio de aquellos que cren que las leyes (o las instituciones) sólo son justas y hay que respetarlas cuando nos son convenientes. Delicado asunto al que volveré en la próxima.