PARADOJA.

Trascendió que una fuente confiable aseguró que, desde los pasillos de un ministerio, se escuchó a un encumbrado funcionario de un alto despacho,  manifestar, textual y categóricamente: “¿tiene derecho alguien a expresar lo que piensa? Sí, lo tiene. ¿Deben los demás soportar ser agredidos para que él se pueda expresar libremente? No, de ningún modo”.

Todos supieron leer su significado: La paciencia presidencial se había acabado, la libre expresión ya no estaría exenta de consecuencias. Todos imaginaron la batería de recursos legales disponibles. Si bien la calumnia y la injuria habían sido despenalizados, aún persistían las figuras como ilícitos civiles, susceptibles  de abrir la puerta a reparaciones monetarias, en tanto de generadoras de daño material y moral.

No hacía falta ser demasiado avispado para ver como en el horizonte se delineaba el retorno de negro nubarrones: el espectáculo dantesco de ejércitos de abogados marchando hacia tribunales en pos de la defensa del honor mancillado de funcionarios de variada jerarquía. Elípticamente la orden había sido bajada, una tempestad de acciones se anunciaba, como en el pasado menemista, resultaba indispensable ajustar las estructuras de costos, mezquinar distribución de dividendos y prever reservas para solventar la embestida judicial.  Una sangría insufrible  para enfrentar a un monstruo de recursos inagotables.

“Nadie puede evitar ser demandado, por injusta que sea la pretensión” se los oía lloriquear en las reuniones de directorios. Para colmo la Constitución protege la libre expresión sólo prohibiendo la censura previa (art. 14), no los costos posteriores. El Pacto de San José de Costa Rica parecía estar del lado de los ofendidos:  dice el art. 13 que el derecho a la libertad de expresión  “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.  Como si fuera poco, el art. 14 la remacha: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.  En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”. Hasta las manos.

“No es el Estado el que nos demanda, son funcionarios que dicen ser personas de a pié atacados por el poder real” explicaba un asesor lamentando la introducción de nuevas doctrinas de DDHH que no contemplan sólo la responsabilidad del Estado, sino de toda forma de poder fáctico incapaz de ser sujeto a la regulación de la ley.

El torbellino de  airadas respuestas no se hizo esperar. “Cristina embiste nuevamente contra la libertad de Expresión de TODOS los argentinos” fue tapa de Clarín. “La República en crisis terminal” fue la opción de La Nación. “En pleno brote esquizoide, la psicótica dio la orden demencial de ir por todo” la coherente línea psicopatológica que escogió Fontevecchia. “Yo voy a dejar de fumar cuando me dejen de demandar” arrancó el monólogo dominguero Lanata, “Vieron que les dije, esto es nazi-stalo-totalitarismo” se desquitó Aguinis. Patricia Bullrrich, Eduardo Amadeo y Silvana Giudice,  convocaron a un abrazo simbólico a un ejemplar de bolsillo en papel biblia de la Constitución Nacional comentada por Daniel Sabsay. Laura Alonso se colgó una bandera argentina como capa y, con el pabellón como todo atuendo, salió a correr alrededor del obelisco vociferando “cuando Mauri sea Presidente, 678 va a desaparecer”. Carrió, en cambio, llamó a sus huestes celestiales a un rezo masivo en la cancha de San Lorenzo, al que adhirió Carusso Lombardi a condición de que se amplíen las intenciones,  “por la Paz, La libertad de Expresión y los Cuervos en la A” resultó la consigna convocante. Mirta Legrand anunció el retorno de sus almuerzos televisados (serían transmitidos desde una frecuencia clandestina operada desde José Ignacio - ROU), pero, sorpresivamente el Cardenal Bergoglio, ostensiblemente molesto, rechazó la propuesta de oficiar en la Catedral Porteña, una misa ecuménica concelebrada con el Sri Sri Raví Shankar, el Rabino Bergman y el niño índigo que ve gnomos después de lamer sapos.

La totalidad de delegación argentina ante SIP se reunió de urgencia con los dirigentes de ADEPA, ARPA, FOPEA, para conjuntamente emitir un duro comunicado de condena al autoritarismo y a la intromisión del estado en los contratos privados. Para que quede clara la postura de cada uno de los representativos participantes de la totalidad de las organizaciones involucradas, para evitar posibles retiradas o arrepentimientos, lo firmaron los siete. 

De repente la calma retornó. La frase había sido erróneamente atribuida a la Excelentísima Sra. Presidenta de todos y todas los Argentinos, la Compañera, Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. No se trataba de orden o memorándum alguno, el funcionario estaba leyendo la columna de Ricardo Roa publicada en Clarín el miércoles pasado. Que susto, por Dió.

MORALEJA:

Haz lo que yo digo,

Pero no lo que…

No mejor lo que yo digo, tampoco.