Arriesgando hipótesis.

A mi juicio, no debe haber situación más paradójica en la política argentina actual, que esa masa amorfa que se llena la boca de sentires republicanos. Inmediatamente después de soltar su diatriba sobre el debido respeto a las instituciones, te increpan pelando del bolsillo de atrás del pantalón un encuesta elaborada por la prestigiosa consultora “Pitodoro & Asoc.”, que sobre 1038 casos consultados en todo el país construye la irrefutable conclusión de que la imagen de Cristina está por el piso y te grita, al borde del orgasmo, ¡YA NO TIENEN EL 54! (que en realidad es el 54,11%), como argumento de presunta deslegitimación de algún acto de gobierno, o del propio gobierno. 

Pareciera ser que algún criterio tácito calificaría las disposiciones constitucionales referidas a la composición, duración y funciones de los Poderes del Estado en normas de estrictísimo cumplimiento y normas que me chupan un huevo. Porque, más allá de lo acertado o no de los criterios de análisis para determinar “qué cosa es” el principio de la división de poderes, las normas que lo regulan tienen exactamente la misma importancia y exigen el mismo cumplimiento que aquellas que determinan la forma de elección y la duración de los mandatos de los representantes. La Presidenta fue elegida “como jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”, mal que les pese por cuatro años, en virtud de lo cual, pueden meterse democrática e institucionalmente la encuestita en el orto. 

Claro que podríamos decir que siempre y cuando esa “legitimidad genética” sea ratificada por la “legitimidad de ejercicio”. Pero hete aquí que los más acervados críticos no la cuestionan por no hacer lo que prometió hacer (y venía haciendo con anterioridad), sino por no hacer lo que prometieron los que sufrieron una derrota histórica en las urnas.

Pero es justo reconocer que esta especie de esquizofrénicos institucionales conforman una parte del heterogéneo colectivo denominado “Pueblo de la Nación Argentina”, al menos en el sentido que la Constitución le reconoce a los efectos de integrar “el cuerpo electoral”. Allí se paran para sostener con altivez (pero sin argumentos que logren superar las irreductibles diferencias entre Duhalde y Altamira, por ejemplo, o entre Carrió y el resto del mundo racional) “somos el 46” (en realidad el 45,88%). 

A mí me cuesta reconocerle a esa masa la calidad de sujeto político (entre otras cosas, por lo que venía diciendo, también por su tendencia a reconocerse a sí mismo como individualidades con intereses muchas veces inconexos, cuando no contrapuestos), al menos en el sentido tradicional, en tanto la imposibilidad de considerarlo “un grupo” en términos de la psicología social. 

En cambio sí me van inspirando la idea de un conjunto heterogéneo que puede ser capitalizado políticamente de manera intermediatizada. ¿Por qué?

Observemos la representatividad política electoral medible de quienes aparecen como dirigentes vinculados fuertemente con el caceroleo (excepto Carrió, integrantes del GAPU): Bullrich 0,43% del total votantes habilitados en todo el país (28.918.335); Elisa Carrió 1,82% del total votos válidos emitidos en todo el país; Eduardo Amadeo 1,87% del total votantes  habilitados en todo el país; Federico Pinedo 1,29% del total votantes  habilitados en todo el país. Incluso podríamos especular sobre la adhesión de otros no tan expuestos (Duhalde 5,86% sobre votos válidos emitidos; De La Sota 2,65% del total votantes  habilitados en todo el país) pero con inocultable relación. Podríamos incluir a varios dirigentes radicales y del FAP.

Como podemos apreciar, es evidente la irrepresentatividad e incapacidad de acumulación de cualquiera de los mencionados, e incluso la enorme distancia de peso propio que separa a los enumerados como más comprometidos, con las facciones más suculentas (UCR FAP) pero a su vez más distante de la metodología, al punto de ser destinatarios de las críticas de la inutilidad de la oposición (emanada de los propios cacerolos, discurso al que parecen querer plegarse la Carrió y Bullrich).

El Grupo Clarín, en cambio,  ha sabido  contrarrestar su pérdida de prestigio frente a las mayorías (verificable en la ostensible caída de ventas de su diario, y en el hecho de la pérdida de audiencia de todos sus programas televisivos y radiales, especialmente aquellos dedicados a las noticias, la economía y a la política) con una profundización en la penetración ideológico en sus restantes acólitos, llevándolos al borde de la fanatización irracional. En ese afán ha procedido a “cercar su quinta”, no sólo respecto a la “detestable acción del Estado”, sino incluso, a cualquier intento de debate procedente de otros medios de comunicación, utilizando el simple argumento de asimilarlos a su enemigo estatal (no sólo a acuñado el término “medios adictos”, sino que ahora los denomina “paraoficiales”), no importando para la implantación de la consigna encanastar desde medios o periodistas que comulgan expresamente con el modelo político, a otros que ni por las tapas serían merecedores de tal elogio. El resultado está a la vista, en las movilizaciones cacerolas se pone el mismo ahínco en defenestrar al gobierno que en insultar o golpear periodistas de cualquier medio que no sea pertenencia del Grupo Clarín o sus asociados (Perfil, La Nación).

La lógica “o estás conmigo, o estás en contra mí” se ha apoderado de la estrategia del Grupo, con el evidente propósito, decía, de homogenizar por contraposición una heterogenea e ¿involuntaria? tropa. Han logrado dividir aguas de manera contundente, como lo lograron en 2008. Pero conscientes de que la porción capturada es cuantitativamente menor que en aquella oportunidad, parecen decididos a apostar al aspecto cualitativo: blindándola y transformándola en una “minoría intensa”, adoctrinada a partir del mito de la infalibilidad y pureza sacrosanta periodística, y capaz de, no sólo hacer palidecer de envidia, sino también seducir y condicionar con semejante despliegue militante a cualquier opositor con esperanzas de triunfo. 

Si bien hasta ahora la lucha central fue la judicial, consciente del destino que correrá la aventura tribunalicia cuando se falle sobre la cuestión central (constitucionalidad del art. 161), el Grupo parece haber diseñado otra estrategia de mediano plazo que lo trasforma en un actor político central, no ya dirigiendo su discurso a una masa genérica, sino colonizando la mente de una minoría activa, incapaz de cuestionar su discurso, y presta a encolumnarse talibánicamente detrás de quien mejor represente los intereses del Grupo (incluso si abandonan la tesitura del “puesto menor” y ensoñaran una “Argentina atendida por sus propios dueños”, o algún gerente pero sin intermediarios políticos). La firme determinación el Grupo ya no estaría orientada a sostener la incolumnidad patrimonial del factor hegemónico de la comunicación social, sino directamente a la derogación total de la legislación cuestionadora, mediante el cambio el signo político del gobierno, en 2015, o si antes, mejor. Todo por recuperar aquella añorada tradición de trabajar de “poner y sacar presidentes”, pero ahora, abandonando las bambalinas y  debajo de los reflectores.