Para servir y proteger (una propuesta que no se puede rechazar).

Hace una semana, aparecía como un caso aislado. La policía de Córdoba se autoacuartelaba, automáticamente se desatan saqueos por toda la ciudad, vecinos se organizan en especies de comités de autodefensa. Robos en banda, muertos y heridos. 

Inmediatamente, hay focos de rebelión, rápidamente extinguidos en La Rioja, Catamarca, Neuquen, después San Juan, y, en menos de una semana, se reproducen conflictos similares por prácticamente todo el territorio nacional.

Anoche, en Plaza de Mayo, la presidenta dijo no creer en las casualidades. Es decir que no cree casual que todas las policías provinciales del país, de repente y simultáneamente, hayan adquirido consciencia de la escasez de su retribución. Tampoco ha de serlo que eligieran el mismo método extremo de protesta, renunciando a toda forma de gradualidad de las medidas de reclamo, autoacuartelándose y realizando una quita total de colaboración. Ni que, a segundos de declarado el cese de servicios, grupos organizados y ordenados salieran coordinadamente a incitar y a producir saqueos. Ni ha de serlo que cientos de sitios en las redes sociales y los medios de comunicación masiva reprodujeran y magnificaran los hechos, cuando no, los anticiparan. Tampoco habría de considerarse producto del azar, que en múltiples comunidades, comerciantes que sufrieron asalto, comentaran que momentos previos a que llegaran las patotas a romper los cristales, aparecieran grupitos de personas, en las cercanías, que se aglomeraban “sin hacer nada, como esperando”. Tampoco ha de serlo la homogeneidad de los requerimientos policiales a las autoridades, ni que las demandas sean dirigidas a los gobernadores, sin intermediarios, ni que casi siempre aparezca entre los amotinados un grupo más “civilizado” y dispuesto a negociar y otro desaforado, empecinado en boicotear las negociaciones “corriendo el arco”, cuando no mudando el lugar físico de las negociaciones (la vieja táctica del policía bueno y el policía malo que tan bien se hiciera notar en Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, entre otras provincias). No puede ser casual la simultaneidad de acciones  de fuerzas autónomas, independientes entre sí, sin representación ni conducción unificada, simultaneidad aparentemente pergeñada para evitar que las escasas fuerzas federales disponibles puedan actuar con eficiencia y suficiencia cuantitativa para suplir los requerimientos de seguridad dejados vacantes por los amotinados. 

En todos los casos, los mandatarios cedieron a las exigencias extorsivas, sea respaldándose con lastimeros argumentos como en el caso de Entre Ríos, o tratando de amparar aunque sea un poco la dignidad, recurriendo a un “decretazo” para que no parezca que sucumbieron a la presión en una “mesa de negociación” (como en La Rioja o Tucumán, entre otras). 

La hipótesis de Cristina se encuentra respaldada por la forma que adquirieron los acontecimientos precedentes, pero también adquiere firmeza por un dato que pasó desapercibido en medio del aluvión informativo. El 6 de diciembre (apenas a dos días de cerrada “exitosamente” en Córdoba la primera experiencia de rebelión policial, y cuando aún no habían adquirido relevancia o fueran rápidamente extinguidos los primeros conatos restantes), Perfil realiza una entrevista a Raúl Maza, el ex gendarme que encabezara la rebelión de la fuerza a la que pertenecía en año pasado. Es sobreabundancia hacer referencia al contenido de sus opiniones respecto a los levantamientos, lo importante es que la nota refiere a que el “ahora, devenido en referente de los manifestantes en las fuerzas de seguridad” se encontraba en Santa Cruz “luego de participar de un encuentro … con delegados de unidades policiales de todo el país”.  Desde allí preanunciaba "se están preparando protestas en Mendoza, Río Negro, San Juan y en la provincia de Buenos Aires 'están ahí' de comenzar a reclamar". Hay muchos fiscales ansiosos de emprender cruzadas interminables contra funcionarios nacionales,  blandiendo como pruebas tapas de diarios o tapes de shows televisivos con apariencia de investigación periodística. Sorprendentemente ninguno de ellos reaccionó ante la coincidencia entre los datos aportados por esta entrevista, que denota a las claras una orquestada conspiración, y los indicios concordantes que brindan la simetría de los hechos acaecidos con posterioridad. 

El discurso presidencial vino a coronar las primeras reacciones del Estado Nacional, expresadas a través de sus ministros. Mientras que los gobernadores cedían a la extorsión 45mm en mano, condenando al vaciamiento las arcas presupuestarias y poniendo un piso extremadamente alto para las negociaciones paritarias del sector público provincial,  el Jefe de Ministros Capitanich, Julio Alak y Julian Alvarez, el día 9, empezaron a vincular los términos saqueos-policía-desestabilización, y prometieron señalar ante la justicia a “grupos organizados” con vinculaciones con sectores políticos.

El mismo día, la Jefa de Fiscales Federales, Alejandra Gils Carbó, formó una comisión especial con el objeto de investigar “de manera exhaustiva la posibilidad de que los saqueos guarden alguna vinculación con las protestas policiales y resulten el emergente de una hipótesis delictiva que involucre conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional, cuyo conocimiento es de competencia exclusiva del sistema de administración de justicia penal federal” conforme lo dispone la “Ley de Defensa de la Democracia”. Incluso, la irrupción en escena de “fuerzas armadas” habilita que se active el anticuado tipo  penal de la “sedición”, pensado sobre los antecedentes de los golpes militares pero inadecuado a las nuevas formas de desestabilización difundidas por el “thik tank” de Gene Sharp y promovidas desde “La Embajada” como medio de sacudirse molestias populistas cuestionadoras del stablishment.

El Dr. Jorge García, Jefe de Fiscales de la Provincia de Entre Ríos, ni bien comenzaron el autoacuartelamiento concordiense y los correlativos saqueos, reaccionó aún más categóricamente. “En términos directos, aseguró que “esto está orquestado y no hay que chuparse los dedos”. “Estamos ante una posibilidad de un delito de sedición, es la afectación del orden constitucional”, dijo el procurador quien agregó que la Justicia irá “hasta las últimas consecuencias legales” debido a que “el Estado debe demostrar que es fuerte”. Sobre los policías acuartelados, García dijo que “a todos esos personajes, que ya los tenemos identificados con posición irreductible”, son los que “instigaron” los saqueos que fueron protagonizados por “personas que no son carenciadas, llevándose televisores y plasmas, algo lamentable”, sostuvo” (JunioDigital).

En esos primeros momentos de zozobra, Urribarri compartía el criterio y manifestaba su indeclinable decisión de no negociar con los sediciosos. Al finalizar la jornada del lunes, Urribarri, ¿respaldado? en la mesa de negociaciones por el Obispo Luis Collazuol,  había ya cedido a la totalidad de las exigencias y prometía que no iba a ver sanciones para el personal policial. El cambio de opinión no hizo mella en la decisión del Procurador General del Superior Tribunal, quien continúa en sus trece y deslinda competencias: “Se va a liberar la orden de detención seguramente por los jueces de garantías por los delitos de sedición, además de la responsabilidad por los saqueos, y por todos los delitos cometidos desde incitación a la violencia colectivas, hasta si se demuestra que esta muerte que ocurrió está en ese marco”, adelantó García. "Vamos a pedir la detención de las 50 o 60 personas que tomaron la Jefatura", aseveró”...  “Por otro lado, separó el accionar de su área con las decisiones políticas que pueda tomar el Gobernador, Sergio Urribarri, desde su función. “Nosotros actuamos frente al delito. Está más allá de la cuestión de índole político”. (Babel Digital).

En Tucumán, Alperovich decretó el aumento salarial pretendido bajo la extorsión de los saqueos, pero para dejar clara su posición y dar señales claras al poder judicial de que no existía ninguna “amnistía” política al accionar policial, fue él mismo quien denunció penalmente a los sediciosos. 

Evidentemente, los gobiernos provinciales han demostrado una alarmante debilidad a la hora de confrontar semejante situación. Aparentemente, una ventaja comparativa de los insurrectos fue la de coordinar sus acciones a nivel nacional, “apretando” a mandatarios descoordinados entre sí, desprevenidos y sin una lectura común respecto a la amenaza. La simultaneidad de las acciones quitó operatividad y eficacia a una respuesta federal, destinataria última de los efectos del levantamiento, pero intermediatizada su reacción por las disposiciones del sistema federal. 

La respuesta presidencial puede que sea, en muchos aspectos, tardía (en razón del “foquismo” provincial que tuvo la mecánica del ataque), pero el globalizador enfoque que se imprimió desde la Procuración General puede hacer que la respuesta punitiva sea estructurada correctamente, abarcando la totalidad de las manifestaciones policiales como un todo único: un artilugio desestabilizador de la democracia agazapado tras la apariencia de reivindicaciones salariales sectoriales. Incluso estos “muchos” acontecimientos, al ser considerados sólo uno, abran las puertas para analizar con certidumbre materialmente demostrable, que son nada más que una parte de un plan conspirativo mucho más amplio y extendido en el tiempo.

Pero no cuenta sólo el castigo de los participantes directos y la indagación de las fuentes sobre las que pretenden construir un consenso destituyente. Importa también la reconstitución del tejido roto, el desplazamiento de las fuerzas insurgentes (en cuanto se demostraron como incompatibles con el sistema democrático y despreciaron la función para el cual el estado las dotó del poder que confieren las armas), la recomposición de la confianza en instituciones provinciales que se mostraron endebles ante el accionar coordinado y violento, el restañamiento de las heridas que se infringieron entre distintos sectores de la sociedad y que impiden a muchos ver la verdadera dimensión y las responsabilidades sobre los hechos. Y sobre todo, sacarnos el sabor de múltiples "Felices Pascuas" de pago chico.