El republicanismo, en la Eurozona y acá. Otra vez.

Siguiendo la línea de pensamiento de los dos post anteriores, no debiera sorprendernos leer que, en medio de una crisis política, el Presidente del Concejo Europeo Hernán Van Rompuy diga “Italia necesita reformas, no elecciones” (¿no suena a “las urnas están bien guardadas?), a contramano de lo que piensa todo el arco político de la península, tras la renuncia de Silvio Berlusconi. Como tampoco debiera sorprendernos que desde la prensa se insista en instalar que el número puesto para suplantar al Cavallieri sea el ex Comisario Europeo Mario Monti, un burócrata salido de las entrañas de la organización supranacional, que exhibe como principal virtud ser ajeno a la política, también a contramano de lo que piensa todo el arco político de la península. 

La fórmula griega de crisis se repite, la UE no se contenta con imponer los planes de ajuste, sino que también impone tecnócratas de su confianza para administrarlos. Eso sí, las instituciones de la República, perpetrado el vaciamiento de poder, tienen garantizado su formal e inocuo funcionamiento. 

Para quien lo quiera ver así, este tipo de maniobras suenan a una vuelta de rosca más para alejar de las decisiones populares (democráticas) el manejo de los resortes de la economía en la eurozona, utilizando las instituciones estatales de la república como valla de contención. Los hasta ahora confiables representantes del pueblo parecen también haber caído en desgracia. 

¿Por qué esta afirmación respecto a la denominada clase política? Pues miremos el panorama del viejo continente en 2005, época en que se pretendía aprobar la Constitución Europea. 

El instrumento fundacional del organismo supraestatal que se pretendía crear contenía renuncias explícitas a aspectos de la soberanía de sus miembros (vg. Política aduanera, política monetaria, normas de competencia del mercado europeo interior y de comercio exterior, tranfiriéndose incluso la coordinación de políticas sociales y de empleo arts. I-13 y I-15). 

Obviamente, cada Estado miembro tenía previsto mecanismos institucionales para operar semejante mengua de su soberanía, algunos mediante meros acuerdos parlamentarios, otros mediante la consulta popular. Según lo demuestra el mapa y el cuadro que siguen, no existió inconvenientes en los países donde el mecanismo era reservado a los parlamentos. 

Pero si de consultar al pueblo se trataba, las aspiraciones de crear la nueva Santa Confederación europea, empezó a encontrar un escollo significativo. Las primeras hurras se dieron en España, donde el 76,73% de los consultados apoyaron la iniciativa. Pero hubo una señal de alerta: sólo participó el 42% de los empadronados ( y casi el 7% de los participantes anuló el voto o votó en blanco), a pesar de que los 2 partidos mayoritarios (PSOE y PP, entre otros) impulsaban activamente el voto de adhesión. La situación se repitió sólo en Luxerburgo (56,52% a 43,48%). 

Con porcentajes de participación considerablemente mayores, los franceses dijeron NON (54,68%), y los holandeses y los irlandeses no se como lo dijeron, pero también rechazaron la propuesta (61,5% y 53,4% respectivamente, aclarando que los irlandeses estuvieron más aún a la defensiva porque lo que rechazaron fue una reforma de su constitución para posibilitar el intento de incorporación). 

Aún faltan los referéndum de Inglaterra, Portugal, Polonia, Dinamarca, la República Checa y el polaco definitivo… todos fueron suspendidos sine die. 

Por ese entonces ya se evidenciaba una profunda desconfianza del pueblo europeo hacia su clase dirigente… y viceversa (tal como se puede leer acá), lo que resultaba razonable en vista de los disímiles resultados que arrojaban las urnas y los parlamentos respecto a la cuestión. Probablemente por ese entonces se haya naturalizado en la política el apotegma chichegelbrumista: no dejes que el electorado te niegue hacer lo que piensas hacer en nombre del electorado. 

Con la voluntad popular en el freezer, el Consejo de la Unión Europa (órgano colegislador de la comunidad, integrado por los Ministros de sus miembros) siguió avanzando sobre los Estados hasta el punto en que nos encontramos hoy en día. 

Mal que les pese a los europeos, la instancia de decisión de los asuntos cruciales se encuentra cada día más lejos del alcance de la voluntad popular. La complejización de los mecanismos de integración ha ido otorgando poder a personas con mandatos irrepresentativas, es decir, no derivados directamente de la voluntad popular sino de actos de decisión del gobernante. Si bien podría pensarse que ello implica un resguardo especial para los ejecutivos nacionales (quienes designan a los ministros), los acontecimientos de Grecia e Italia indican lo contrario: los máximos detentadores del poder político nacional, e incluso los parlamentos, también pueden terminar fagocitados por la maquinaria europeísta. 

No debe resultar sorprendente, entonces, que un buen sector de la intelectualidad argentina (tradicionalmente inspirada en los vientos que soplan desde la culta Europa), se ensañen desembozadamente en desvalorizar el Poder emanado de la voluntad popular. La complejidad de la materia a la que alude Sarlo como justificativo a una no injerencia del pueblo en cuestiones financieras, guarda un cercano parentesco con la afirmación sobre la “escasa calidad del voto” enarbolado brutalmente por Pino Solanas, con la decisión de “resistir el régimen” de Carrió e incluso con el menosprecio con que desde las filas troskistas se mira el resultado del 23/10; y todos, quizás, se inspiren en esta nueva versión del Despotismo Ilustrado. Quizás por eso mismo, después del debacle de 2001, pocos levantaron la voz mientras Duhalde “garantizaba la supervivencia de las instituciones de la República” metiendo mano en profundidad para salvar a bancos y corporaciones, pero se negaba a llamar a elecciones. 

Por supuesto, no comprenden que las nutridas filas de indignados de toda índole que van poblando las calles y plazas europeas, están porque allí buscando aquello de lo que se los privó al depreciarse el contenido de su voto en resguardo de la supervivencia de los poderes financieros.