ParagUSAID, Lugo y “la pista Monsanto”. ¿errando el vizcachazo?

A Atilio Borón le corresponde la responsabilidad de haber difundido el fino análisis del periodista e investigador paraguayo Idilio Mendez Grimaldi. El interesante y bien fundamentado  artículo, rico en argumentos que evado sintetizar (remitiendo directamente a su lectura) ha dado lugar a la interpretación simplista (y bastante generalizada) de imputar a Monsanto la exclusiva responsabilidad de la épica destituyente. No es exactamente lo que dice Mendez Grimaldi, quien plantea un escenario bastante más complejo.

La lectura simplificada que se generalizó, pudo haber sido el resultado de un intencionado intento de desvincular la relación existente entre la situación de Paraguay y de los arrebatos destituyentes en el resto de Latinoamérica.

Hermes Binner me inspira esa conclusión. Después de que su espacio decidiera apoyar unívocamente los reclamos de “los Moyano” y adherir a la movida del miércoles, sale Binner proponiendo se convoque a un “gobierno de coalición” agitando el fantasma de la situación paraguaya. Descartando la ingenuidad como móvil (no puede escapársele a un ex gobernador y candidato a presidente que la estructura política que sostiene al gobierno nacional y popular dista años luz de la endeble organización, casi sin representación parlamentaria, que sustentaba a Fernando Lugo), el accionar sojalista más parece francamente hipócrita y su enunciado casi una amenaza. Haciendo memoria, desde antaño podemos encontrar que los transgresores de la democracia son afectos a responsabilizar a los gobiernos democráticamente instituidos de atentar contra la democracia (recordar el discurso de justificación del bombardeo a Plaza de Mayo y de la Revolución Fusiladora).

Apartando del análisis las dimensiones cuantitativa (minoritaria en la Argentina) y representativa (minoritaria en la Argentina), sí es dable reconocer un emparentamiento entre las prédicas y las prácticas desestabilizadoras en ambos países, extendiéndolas además a otros eventos más o menos cercanos en el tiempo y en el espacio del “Patio Trasero” del decadente imperio. No debe ser casual que guarden tanta similitud los argumentos para derrocar a Lugo, con los utilizados para hacerlo con Zelaya en Honduras. Las tácticas se replican mucho más lejos de donde Monsanto asienta sus negocios.

La unidad de acción opositora.

Por un lado, en la “lucha contra el gobierno reformista, burgués y entreguista” o “populista, corrupto, ineficiente y propalador del odio y la división” cierran filas sin solución ideológica aparente, desde la más rancia oligarquía terrateniente hasta grupos de izquierda (al extremo, el anacrónico e inefable “EPP”) que, llamativamente,  olvidan convenientemente desde los preceptos de “lucha de clases” hasta los de “burocracia sindical” en los momentos oportunos, para apuntar unívocamente contra gobiernos de indiscutibles bases y adhesión populares. En el medio pululan desde vicepresidentes sediciosos (Cleto Cobos – Federico Franco), pasando por ex aliados travestidos (Reutemann, Scioli, Moyano… - Partido Liberal), minorías movilizadas (caceroleros, ambientalistas, ONGs honestistas, nichos de la aristocracia judicial, policías descontentos, etc.),  una amplia gama de enanos pragmáticos castigados por las urnas, y una prensa monopólica en tren continuo de intentar esmerilar del apoyo popular. Panorama lo suficientemente complejo como para creer que el accionar de una sola multinacional fuera la causa única eficiente.

La violencia y la inseguridad.

Desde las prensas monopólicas de todo Latinoamérica se vehiculizan los discursos sobre la inseguridad (no sólo la real y tangible, sino incluso la mera “sensación”). E, indistintamente, sea contra reclamos sociales o delincuencia común, se clama por el accionar represivo. Por supuesto, si eso ocurre, sus mentores jamás se harán cargo de las luctuosas consecuencias.

Observemos que, entre los 5 puntos del pliego acusatorio contra Lugo, existen estos 3:  2do.) presentado por el parlamentario Avalos Mariño, analiza pedido de juicio político a Lugo por “ser instigador y facilitador en invasiones de tierras (Ñacunday), 3ro.)  presentado por el diputado Carlos Liseras, que exige el juicio político por creciente inseguridad. “El presidente Lugo nunca pudo desarrollar una política eficaz para disminuir la inseguridad ciudadana”, y 5to.) el caso de la Matanza en Curuguaty, presentado por el diputado  Oscar Tuma , quien señaló como responsable a Lugo de la muerte de 17 personas. El diputado tildó al legítimo mandatario como “negligente e irresponsable”, y también descalificó al ministro de interior, Rubén Candia Amarilla, por ser  "incapaz" de “responder a la ciudadanía por los hechos de la matanza” en la estancia “Campos Morombí”. 

Lugo es responsabilizado, simultáneamente, de promover la ocupación ilegal de tierras y de impedirlo, de no reprimir y de hacerlo. La caracterización ideológica favorable al status quo de la acusación salta a la vista desde lo que no se dice: el 80% de la tierra rural paraguaya está en manos de menos de un 2% de su población, y poblaciones indígenas y campesinas son condenados a la desposesión y desplazados permanentemente por el proceso de sojalización.

Pero volviendo a los recientes episodios de Curuguaty, donde mueren policías, campesinos y resultan heridos cerca de un centenar de personas. Todo apunta a que el origen de la agresión es externa tanto a los policías que pretendían desalojar, como a los que se pretendía desalojar. Francotiradores extraños, particulares “oficiosos”, como en Puente Llaguno (Venezuela-2002), la Masacre de Pando (Bolivia-2008), el desalojo en el Parque Indoamericano (CABA-2010), el desalojo del Ingenio Ledesma (Jujuy-2011), entre tantos otros sucesos que condimentan movidas desestabilizadoras. 

La permanente zancadilla de un doble juego de la incitación a la represión – condena a la represión, de verse frustrada, amerita ser “ayudada” para no interrumpir el indispensable “in crescendo”. Pero nótese un detalle: para los perpetradores de estas prácticas artificiosas después de la experiencia de Puente Llaguno, las víctimas propiciatorias  siempre serán pobres, nunca estos sucesos se repetirían en otro tipo de movilizaciones que concentren sectores medios o estratos más opulentos de la sociedad. Una delicadeza que se repite en los epítetos, piqueteros será una denominación impropia para interrumpidores seriales de tránsito como caceroleros, agraristas, antimineros o ambientalistas.

El precedente clima adecuado.

Los medios de comunicación masiva aparecen, en todas las latitudes del subcontinente, como hábiles diseminadores de especies que pretenden implantar una sensación ciudadana proclive a recibir con brazos abiertos a salvadores de una patria amenzada con la desunión, contra un gobierno que siembra el odio entre compatriotas. Un odio que emerge de la nada, cuando la correlación de fuerzas manifiestas en gobiernos populares pone el jaque el sistema de desigualdad y privilegios. 

Escuchamos decir, en la acusación a Lugo: representa "lo más nefasto para el pueblo paraguayo" y  promueve "la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad". Escuchamos a diario en las diatribas clarinescas y nacioneras que el gobierno K ha creado la desunión entre los argentinos, calificar de confiscación la expropiación de YPF, o revolcarse en la defensa del sagrado derecho de propiedad que asistía a los administradores privados de “la plata de los jubilados”.

“Corrupción”, “cercenamiento de libertades”, “tiranía”, “desabastecimiento”,  "autoritarismo”, “falta de diálogo y consenso” completan el uniforme menú deslegitimizante que se cocina en las editoriales latinoamericanas. 

El Poder Judicial.

A justicia fue la que ordenó el desalojo violento de los campesinos en Curuguaty, solicitada por un terrateniente apropiador sobre tierras fiscales que no le pertenecían. La justicia fue la que ordenó el desalojo del Ingenio Ledesma en Jujuy y del Parque indoamericano en la CABA. Sin  embargo, los cañones apuntaron siempre al poder político poco proclive  sustanciar estas acciones violentas de desalojo. Y golpearon tanto para censurar la falta de acatamiento a la orden de un juez, como para enrostrarle los resultados de la violencia al poder político, aunque no estuvieran directamente relacionados con el accionar policial.

De la misma justicia provienen las medidas cautelares que maniatan las acciones más claramente transformadoras de los gobiernos. ¿Puede un Poder aristocrático, cuyos miembros muchas veces denotan inocultables vínculos con los poderes reales, que fueron cómodos transeúntes por el período neoliberal e incluso enraízan su mandato en decisiones de las dictaduras, pretenderse un fiel de la República y de la democracia? Sus fallos demasiadas veces huelen a naftalina y prolongan, como una sombra en el tiempo, los criterios que la democracia ha ido desalojando de otros estrados del Estado. Representan una rémora, el más fiel mandatario del poder cuestionado, amenazan a configurarse en guardianes de los privilegios, el freno indispensable contra el poder democrático hasta tanto la reacción logre reunir las fuerzas necesarias para desarticular los embates de los nuevos protagonistas de la historia.

La innecesariedad de la demostración de los postulados.

“Todas las causales son de pública notoriedad. No necesita ser probada, conforme al ordenamiento jurídico vigente”, se escuchó decir como única apoyatura probatoria del libelo acusatorio de los Diputados Paraguayos. 

Tal manifestación equivale a invertir la carga de la prueba, obligar que el acusado, en menos de 24 horas, se encargue de demostrar su inocencia. Nada importa cuando bajo el manto de la aparente legalidad no se oculta otra cosa que una movida política destituyente. Si el terreno venía siendo abonado desde la prensa desde casi el momento de asumir Lugo, basta el barniz de la forma jurídica para apuntalar la sustancia aberrante. Salvando las distancias ¿Cuántas movilizaciones se sucedieron en el mundo para repudiar las ejecuciones sumarias de Bin Laden o de Kaddafi? ¿Acaso la “desprolijidad” no se justifica con el altruista fin de aniquilar al monstruo?

Una sentencia absolutoria a De Vido, por el caso Skanska, llegó en un momento en el que a nadie interesaba. Como a nadie interesa que los EEUU se nieguen a extraditar a Antonini Wilson. Ya el golpe de efecto estaba consumado, lástima que no se supo aprovechar lo suficiente la situación. Nada ni nadie logrará que un montón de imbéciles sigan recitando como autistas que el kirchnerismo es estructuralmente corrupto, o que es igual al menemato. ¿Desde cuándo a los corruptos que se aliaron a la dictadura para garantizarse la monopolio del papel prensa y con el menemato para asegurar su hegemonía mediática son sujetos impolutos que pueden distinguir a los corruptos de los honestos? Y si fuera así ¿Por qué la misma calificación merece Guillermo Moreno de quien jamás pudieron reunir siquiera una sospecha que les permitiera acusarlo en tal sentido? 

Boudou-Ciccone transita por la misma senda, lo que digan los jueces ya poco importa. De última, el abrazo a Tribunales por una justicia independiente ya fue llevado a cabo por la piba Bullrich y Amadeo, y la sentencia absolutoria siempre estará teñida de sospecha de coptación (sospecha que nunca se extenderá a los jueces procesistas cautelares). “Fusilamiento Mediático” le llamó acertadamente Cristina, a la “conditio sine qua non” de los linchamientos parlamentarios.

Continuaré, porque hay mucha tela para cortar. Qué papel juega la USAID en la construcción de un nuevo poder permanente (Judicialismo y ONGismo) al margen de la democracia, el  eje de la derecha posmoderna (desde Macri hasta Vargas Llosa) y el rol de los “contratistas” (eufemismo de mercenario) de la vieja guardia del progresismo intelectual, son cuestiones que vale la pena abordar.