La nueva pantomima de Clarín.

Si la justicia argentina se caracterizara por la seriedad y la objetividad, el destino de la ya famosa denuncia de Clarín estaría cantado: no sólo podríamos predecir un final de archivo sin ningún tipo de trámite más allá de su lectura, sino que correspondería se aplique una multa a los letrados intervinientes y al propio Grupo por evidente malicia procesal, por abuso de la jurisdicción, es decir forzar la actuación de la justicia en busca de una finalidad distinta a la que se alega.

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Según el Grupo, está siendo víctima de amenazas por parte de algunos periodistas y funcionarios. De arranque nomás empiezan los dislates: comienzan mencionando una serie de manifestaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos y pretenden amparar al Grupo en las Convenciones de DDHH con reconocimiento constitucional según el art. 75 inc. 12 (SIC – o por bestias o en el apuro, le erraron el inciso, debieron mencionar el 22). Evidentemente, los doctores patrocinantes de DDHH conocen bastante poco, o son unos piolas del año cero, los mismos son un importante conjunto de garantías para las personas físicas, los individuos de carne y hueso, no para los grupos económicos. 

Pero, salteando este “detalle”, de la propia letra de la denuncia surge con claridad que el delito denunciado y que supuestamente lo tiene como víctima, no existe. El art. 149 bis del CP dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a uno o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.  Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad”. Para que este delito se considere tal, resulta necesaria la condición de la idoneidad de la amenaza, es decir, que sea capaz de amedrentar, producir tal miedo a la víctima que lo induzca a cambiar de actitud, si este requisito no se verifica, no hay delito. Los mismos denunciantes dicen que no se amedrentaron ni mierda: 

Pero además, es indispensable que la amenaza contenga la promesa de producir a la víctima un mal injusto, contrario a derecho. Este otro párrafo de la denuncia, más allá de la rimbombante fraseología y enunciados que carecen de cualquier asidero en los hechos mencionados, aclara que la amenaza consistiría, para el caso de que el Grupo no se adecuase a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la autoridad de aplicación actuaría de oficio, es decir, no haría otra cosa que hacer lo que la ley dice que tiene que hacer en ese caso.

También es notable la pretensión de afirmar de manera redundante que la Libertad de Expresión es un privilegio otorgado casi en exclusividad al grupo, no un derecho de alcance universal. Se deduce esta idea no sólo del hecho de denunciar a periodistas, sino incluso de aludir a simples manifestaciones de opinión de funcionarios (no a actos jurídicos que ellos adoptaren y que de algún modo puedan ser tenidos como formas de conculcar algún derecho), e incluso a meras pintadas callejeras realizadas por agrupaciones Militantes ¿a quién se le puede ocurrir que escribir “con la democracia no se jode” implica una amenaza hacia alguien? En todo caso, lo que implica es una advertencia dirigida todo aquel que pretenda subvertir el sistema democrático o condicionar el ejercicio de las funciones que les son conferidas por la Constitución a los funcionarios de gobierno. En ambos casos los que serían sospechados de cometer delitos, serían los destinatarios de las pintadas, no los pintores que ejercitan la libre expresión de sus pareceres.

Naturalmente, también se sostiene que no existe cosa más importante para el derecho y para la democracia que “la libertad de expresión”, la de ellos, por supuesto, tornándose en una especie de Superderecho por encima de los idem de los restantes mortales. Lástima que para enarbolar esta tesis, se recurra a un respaldo tan raquítico, porque si bien se empieza diciendo “tal como ha recordado nuestro Máximo Tribunal”, se termina diciendo que en realidad la cita se extrae de un voto en disidencia (es decir, minoritario).

La denuncia es pródiga en este tipo de perlitas y contradicciones, no parece tener otro sentido que convertirse en otro eslabón de la cadena de victimizaciones que viene ensayando el Grupo hegemónico. Pero lo notable es que no fue utilizada como contenido de los programas y del propio diario, sino hasta que saliera a la luz en Tiempo Argentino y en 678. Evidentemente, el propio Grupo asume el carácter absolutamente vergonzante y contradictorio de la maniobra, un paso en falso en su desbocada carrera al 7D. Los abogados denunciantes salieron hoy con la siguiente versión  "No se busca imputar a periodista alguno, estos sólo serán testigos” y "No es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia” tratando de atenuar el mamarracho. Sin embargo, la denuncia contiene una clara imputación a los periodistas: de todo lo dicho surge que hasta el momento y sin pretensiones de taxatividad han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín, las siguientes personas: “Sandra Russo, periodista;… Roberto Cavallero, periodista;...  Javier Vicente, relator de futbol para todos… Por todo ello y en reclamo al reconocimiento a tales principios constitucionales, se promueve la presente denuncia contra quienes, con el claro objeto de perjudicar al Grupo Clarin y sus directivos, incitan a la violencia colectiva…”, los tres en pie de igualdad y mezcladitos con De Petris, Sabatella, las agrupaciones militantes, etc. Otra nota de la edición digital de propio diario del 26/11, insiste en desmentir que los abogados del Grupo denunciaron a periodistas, contradiciendo la letra de su propia denuncia.

Evidentemente, la jugada es impresentable, no merece calificación más descriptiva que "patoteada mafiosa", incluso creo que, si existiera algún fiscal iluminado y afectado realmente a su misión de impartir justicia, amén de archivar el mamarracho e imponer las multas correspondientes, debería analizar a su vez el contenido de la denuncia y considerar si la misma no implica un intento de coaccionar a funcionarios o mejor, de colocarlos artificial y preventivamente en una situación que permita, con facilidad, hacer dudar de su imparcialidad al momento de aplicar la ley. Y, especialmente, amedrentar periodistas con el objeto de disciplinarlos,  haciendo gala de su poder de fuego judicial y de su ilimitada capacidad de emprender una cruzada tribunalicia, del mismo modo que el “democrático” gobierno menemista lo hacía en los ‘90.