Un "cordobazo" contra Chaveta y Negrazón.

Los acontecimientos de Córdoba dejaron mucha tela para cortar. Tuvieron la característica de repeler los análisis simplistas, de demostrar una complejidad que ridiculizó a los agoreros de la “crisis”, dieron indicios de algunos puntos negros de la política nacional, denotaron la complejidad de las relaciones sociales tejidas en la última década (al calor del discurso mediático de la inseguridad y de las estigmatizaciones), y, por sobre todo, desnudaron los resultados de la convivencia de proyectos antagónicos en el territorio nacional. 

También pusieron en jaque la endeble semántica de aquellos que gustan escudarse en los formalismos republicanos y federalistas, los apegados a una legalidad arcaizada por las exigencias de las nuevas demandas, impugnando su pretensión de ser tomados en serio como defensores a ultranza de las instituciones.

¿saqueadores?

Vamos por partes.

Córdoba, por quienes conocen, viene siendo caracterizada como una provincia donde los conflictos sociales han sido “apaciaguados” recurriendo a medidas de corte administrativistas. Por un lado, una política de apartheid, consistente en la “reducción” de los indeseables (pobres) en especialmente diseñados pueblos satélites a la urbe capitalina, erradicando de la vecindad de su zona céntrica los anárquicos asentamientos y reivindicando sus territorios abandonados para la avidez inversionista de la especulación inmobiliaria. El desplazamiento vino reforzado, más que políticas sociales de integración, por la férrea aplicación de un “Codigo de Faltas” orientado (por aplicación práctica de la doctrina Lombroso) a la estigmatización y apartamiento de los “portadores de rostros” y por su instrumentación por parte de una omnipresente guardia policial especializada en la detección del “uomo delinquente” conforme a los biotipos de “Chaveta y Negrazón” difundidos en la revista Hortensia. Córdoba fue transformándose en un gran barrio privado de inspiración giulianiesca, exento de la incomodidad de la visualización de la desigualdad.

Si la multiplicación exponencial de personal policial fue la respuesta delasotista a la desigualdad social, parece ser que “la fuerza” tomó consciencia del rol asignado como garante del equilibrio. Eso no sólo le concedió impunidad represiva, sino también (tal como alumbra el escándalo de su vinculación con el narcotráfico) absoluta indemnidad para el ejercicio de negocios incompatibles, no sólo con su función, sino también con la seguridad pública. Hay quienes especulan que el descabezamiento de la cúpula narcopolicial también implicó la descentralización de una tela de araña de negociados y microemprendimientos asociados a la delincuencia “no uniformada”, que pujan por alojarse en el rescoldo de un poder político provincial necesitado de su respaldo para “legitimar” sus operaciones. Mientras, la rota cadena de mandos trastocó el juego de representaciones corporativas,  habilitando la radicalización de los rezagados reclamos salariales y gremiales. En este marco, la consciencia del propio poder policial impactó con la necesidad de orden social, valor esencial en el diseño neoliberal, liberándose la zona por omisión de presencia (incluso, se dice acicateando cuando no participando directamente de la generación del caos).  

La ausencia de  personal policial en las calles permitió graficar que las políticas segregacionistas del cordobesismo tienen un sustento social. Los jóvenes bien se apoderaron de las calles de los barrios de gente bien, y con argumentos prevencionistas y de autodefensa (evitar saqueos), desplegaron cacerías indiscriminadas que remitían a la memoria de los linchamientos de negros en los estados sureños. Curioso estado el del miedo implantado (sensación de inseguridad), que transforma a la “culta” clase media en hordas que “pegan por las dudas” a sujetos indefensos, que se regodean en apalear impunemente al “diferente” que sienten invasor y que se enorgullece de su bestialidad ominosa. 

El resultado devastador de la compulsa (a su vez interna en el marco de la fuerza y externa respecto a la pulseada con el gobierno provincial) no parece afectar demasiado (por lo pronto) a ninguno de sus responsables principales. Los pelos de De La Sota podrán ser implantados, pero ninguno es de sonso. Los resultados electorales últimos no pueden ser considerados un fuerte respaldo a su gestión. Sus endebles pretensiones presidenciales vienen siendo desplazadas por otros exponentes de la derecha como Macri y Massa. La derogación del principal instrumento de control policial y represión social (el Código de Faltas) es cuestionado anualmente por cada vez más masivas movilizaciones juveniles (la 7ma. “Marcha de la Gorra” duplicó sus participantes del año pasado). El narcoescándalo trascendió las fronteras de la provincia  en razón, principalmente, de la negativa tenaz del gobernador a quitar respaldo a sus protagonistas. 

Hábil teatrero, montó un espectáculo digno de Broadway, en medio de la tensión creciente de la trama, hizo mutis por el foro sentenciando la imposibilidad financiera de atender los reclamos policiales. Durante su ausencia los acontecimientos se desencadenaron brutalmente, superando los peores presagios. Reaparece en escena (previa “espontánea” y sorprendente suspensión de los saqueos y actos de violencia) con las respuestas precisas y el dinero necesario. Tras la llegada del héroe de la jornada, ríos de tinta endilgan culpas a delincuentes innominados y a la Casa Rosada. Apoteosis en la casa de gobierno cordobesa y en los cuarteles policiales… cae el telón mientras de fondo musical se escucha “olé, olé, olé, somos los dueños de la calle otra vez”.  FIN. 

Para De La Sota, nada pudo haber salido mejor. El periodismo aliado obvia los reparos legales y constitucionales y azuza a los cordobeses a creer que la gendarmería no apareció por designio maldito del gobierno federal, no porque la provincia sitiada no ejercía su deber de requerirla. Hay quienes eligen creer que no hubiese habido el mismo el ensañamiento si “de prepo” hubiesen sido enviadas las tropas federales. En lo que a mi concierne, creo que desplegarían el contraargumento, basado en la ley y la Constitución, para sugerir que Nación intervenía la provincia de Córdoba para desplazar a De La Sota.  Para la oposición federalismo y república no son principios constitucionales, son meras excusas maleables. 

El punto negro que imputo al Gobierno Nacional, nada tiene que ver con responsabilidades u obligaciones que le competen, sino más bien con lo que supongo una falta de viveza. En vista de los acontecimientos, nada habría costado ofrecer formal y públicamente la ayuda de Gendarmería Nacional para prevenir y desbaratar los saqueos, aunque todos sabemos que habría sido rechazada tajantemente (la Ministra de Gobierno cordobesa rechazaba la posibilidad en medio del incendio). 

Es que el probable éxito de la intervención de Gendarmería hubiese desbaratado la prosecución de los fines esperados por lo que parece un bien articulado movimientos de pinzas entre los principales actores. Por un lado, los reclamos policiales (los salariales y quizás otros ocultos a la opinión pública), la exigencia de reivindicación y su necesidad de reafirmar su esencialidad al modelo delasotista. Por el otro, un Juan Manuel de La Sota ávido de protagonismo y legitimación, de reconocimiento como salvador de la jornada. La magnitud, interdependencia e inconfesabilidad de las necesidades de ambos jugadores, las hacían imposibles de resolver en una mesa de negociaciones ordinaria, debían superarse en un marco de comprensión de la sociedad. La principal y numerosa destinataria de la política neocon cordobesa debía volver a necesitar de esa policía (aunque sea corrupta, coimera y narcotraficante) y debía volver a creer que De La Sota es el artífice de su felicidad, y alinearse automáticamente en la lucha contra los enemigos comunes: los pobres que ambicionan los objetos que construyen su bienestar y el Gobierno Nacional que los ampara reconociéndoles derechos. Y para eso, ningún mejor tratamiento disciplinador que una crisis de pánico y violencia.

¿Cuál será el origen de la involución? ¿Cómo se trastocan los valores para llegar a la deshumanización? “Los negros ladrones y asesinos comenzaron” dirán algunos, “la exclusión de los noventa los privó de todo”, responderán otros. ¿Cuál es el huevo y cuál la gallina? Lo cierto es que, hace 45 años, en el mismo lugar, podíamos ver a los Chavetas y a los Negrazones luchar junto a los comerciantes, los “Dotores” y los estudiantes para resistir a la dictadura. Hoy la democracia tiene en su debe haberlos malquistado al punto de que parecen incapaces de distinguir al opresor común, o bien el opresor ha sabido granjearse el guiño de los unos (beneficiarios), haciendo creer que los responsable de su “cárcel de oro” son los otros.