miércoles, 27 de enero de 2016

Repartija.




El macrismo gobernante está tratando de imponer la idea de que es necesaria una nueva ley-pacto de coparticipación, ya que la antigua parece ser parte de la “Pesada Herencia”, al igual que todo aquello que no se encuadre en sus objetivos o en su esquema de gestión. Mientras no puede redefinir los criterios en concurrencia con los Estados Provinciales, Macri se las arregla apelando a su sano arbitrio y a los DNU.




Mejoró la situación de CABA elevando su porción coparticipable de 1,40 puntos a 3,75 (17 mil millones de pesos extra en 2016). Y hoy, tras decir en Córdoba que “no debe ayudarse a los que hacen las cosas mal”, y después de comprometerse con Schiaretti aportar para obras un extra de 27 mil millones de pesos (casi un 10% a ejecutarse por su primo Calcaterra), giró a sólo 7 provincias ayuda financiera (a cuenta de coparticipación) por un total 4 mil millones de pesos: Córdoba se quedó con $ 800 millones; Jujuy $500 millones; Mendoza $1.000 millones; Chubut $250 millones; Santa Fe $600 millones; Neuquén $500 millones y Entre Ríos $300 millones. A estas debemos agregar a Pcia. de Bs. As., la primera atendida el 13 de enero con un anticipo de $ 3.500 millones. Dinero que evidentemente estaba en caja, pero no disponibles para intervenir en las crisis derivadas de las inundaciones, ni del dengue, ni para ayudar a los petroleros chubutenses, ni a los chacareros rionegrinos, ni a los horticultores marplatenses.


¿Cuál es entonces el criterio adoptado para beneficiar sólo a 9 distritos y cuál es el criterio para determinar el monto de la asistencia a cada uno? Si observamos, sólo una de las provincias (Entre Ríos) es administrada por un gobernador electo por el FPV, pero esa misma provincia goza de los atenuantes de haberle dado el triunfo a Mauricio Macri en la segunda vuelta y haber conquistado la mitad de las bancas del Senado Provincial. 


No habrá de ser uno demasiado lúcido para comprender que se refiere Macri cuando dice “no debe ayudarse a los que hacen las cosas mal”, ni para deducir que las finanzas estatales están sirviendo de herramienta de coerción y disciplinamiento.