El
año recién terminado ha sido pródigo en situaciones judiciales que han
despertado un sentimiento de indignación generalizado. No es casual, el
kirchnerismo ha logrado sumarse otro logro: como oportunamente lo hizo sacando
a la luz y poniendo en debate la trama de intereses y presiones que se mueven
detrás del grueso telón autodenominado “periodismo independiente”, en 2012 ha
sabido poner sobre el tapete público las miserias y diatribas del pretendidamente
inmaculado Poder Judicial.
Un
Poder Judicial que se jacta de su independencia de los poderes democráticos,
pero que se emparenta en las sombras con los poderes fácticos, con el poder
real y permanente, cortejándolo y comprometiéndose con su perdurabilidad.
Un
poder judicial que, aquí y en el mundo, goza de la impunidad que les brindan
los heraldos de la oligarquía, mediáticos y onegeístas financiados con el oro
de los conspiradores de Washington. Por caso, año a año los informes de “Percepción
de Corrupción” que pública Transparencia Internacional, coloca a los Poderes Judiciales
en lugares de preferencia en los índices
que divulgan lo que los “lagente” creen que son honestos. Pero, paradójicamente,
la misma ONG reconoce (entre los datos objetivos recabados que no son objeto de
publicidad) que a la hora de los hechos, el brazo del Estado más relacionado a
actos de corrupción es, justamente, el Poder Judicial (en respuesta a las
preguntas ““En los últimos 12 meses le solicitaron en algunas de las
siguientes instituciones a Ud. o a algún miembro de su familia un
soborno?”; “En los últimos 12 meses, ¿Pagó Ud. o algún miembro de su
hogar algún soborno de alguna manera a las siguientes instituciones?”, casi el 10% de los encuestados sindica a
Jueces, ubicándolos sólo por detrás de los policías). Sólo un blindaje
mediático sumamente eficaz puede ser capaz de hacer que la generalidad perciba
a los poderes políticos (Ejecutivo, Parlamento, Partidos) como los más
corruptos, mientras que aquel que recoge más víctimas reales de “coimas” sea
percibido como el más honesto.
La prueba de esa connivencia cuasi delictual está
en la foto que encabeza este post. Mientras Cristina dijo que el Poder Judicial
se está constituyendo en un superpoder que pretende brindar inmunidad e
impunidad a grupos económicos y corporaciones, poniéndose por encima de los
poderes democráticamente electos, Clarín elude y pretende anular el debate propuesto
mediante la mecánica de la distorsión: Cristina dijo que el Poder Judicial es
un superpoder impune.
No son casuales las palabras de virtiera Ricardo
Lorenzetti en octubre, cuando en la ciudad de Mendoza reunió a buena parte de
la familia judicial. Allí exhortó a quienes cree sus subordinados a resolver
los litigios manteniéndose fieles siempre “a los mismos principios” no a las
leyes del Congreso, ni a las nuevas tendencias sociales mayoritarias. Una
manifestación para nada inocente de integrismo judicial, de conservadurismo
exultante, una velada amenaza reaccionaria. Una invocación de supuestos
principios que significa un cheque en blanco para violar la ley, como durante
años lo hicieron los jueces que judicializaron los abortos no punibles, que amagaron
a rechazar el matrimonio igualitario, que hacen oídos sordos a los testimonios
de víctimas de la trata de personas, que se avocan a casos en los que carecen de
jurisdicción. Los resultados están a la vista. Mientras que Felisa Micheli es
condenada por poseer una bolsa de dinero de su propiedad, De La Rua y Sobisch
son absueltos por homicidios. Mientras que Grassi disfruta de su libertad a
pesar de ser culpable múltiples abusos sexuales a menores, las hermanas Jara llevan 2 años de
prisión preventiva efectiva por herir a quien intentara violar a una de ellas. Mientras ex Camaristas se dieron el lujo de cajonear impunemente durante años
juicios de lesa humanidad, Markevich fue echado por atreverse a imputar a
Ernestina de Noble por cometer fraude procesal, por ocultar la identidad de dos
menores y falsificar instrumentos públicos. Mientras a la mayoría de los
ciudadanos se mezquina un amparo por derechos básicos, otros logran inscribir
el récord de una cautelar cuya duración impide durante dos períodos
presidenciales y medio percibir impuestos. La Constitución Nacional no admite
prerrogativas personales, privilegios ni títulos de nobleza, el Poder Judicial,
sí.
Pero
“la Justicia Argentina” no sólo se cree por encima de los restantes poderes del
Estado. También se cree exenta de toda responsabilidad frente a organismos
internacionales.
Para
quien no lo sepa, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos
organismos para garantizar su cumplimiento. El primero es “La Comisión”, una
especie de órgano administrativo que recoge denuncias, las investiga y tramita con participación del
Estado denunciado, dictamina y propone soluciones “amigables” que satisfagan el
interés del que fue víctima. Cuando esas reparaciones no son acatadas por el
estado, interviene “La Corte”, un órgano jurisdiccional que dicta sentencias
condenatorias contra los Estados de cumplimiento obligatorio.
Durante
la democracia, muchos casos contra Argentina han sido promovidos ante la
Comisión, la inmensa mayoría de ellos motivados en casos de violencia
institucional, léase abusos policiales o de los servicios penitenciarios
provinciales. En casi todos esos asuntos, desde el 2003 para acá, Argentina ha
acatado los dictámenes de la Comisión, dando cumplimiento a sus propuestas y
ganándose reiterados elogios a su “buena voluntad”, casi siempre.
Existe
una excepción permanente: cuando los dictámenes se refieren a abusos o
irregularidades del Poder Judicial. De los 11 casos en que Argentina ha sido
demandada ante la Corte Interamericana de Derechos humanos desde 2003 a la
fecha, 9 de ellos responden a que, a pesar de que el Estado se comprometió a
sanear o indemnizar las violaciones a DDHH provocadas por el propio Poder
Judicial, el Poder Judicial (¿amparado en su mítica independencia?) no ha revisado
sus sentencias o ha hecho caso omiso a las recomendaciones.
Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/demandas.asp |
Un
ejemplo de la tozudez judicial: Argentina fue condenada por la CIDDHH por el
caso Buenos Alves (abuso policial y jurisdiccional ocurrido a partir de 1988),
en contra del criterio de la Suprema Corte que dejó impune el caso por
considerarlo prescripto en 2007. En Noviembre de 2011, en cumplimiento del
fallo, la Suprema Corte debe reabrirlo, pero lo hace por mayoría simple, con el voto
de Eugenio Zaffaroni, Elena
Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda. Argibay y Fayt
votaron en disidencia. El presidente Ricardo Lorenzetti, se hizo el oso, no
firmó ni con la mayoría ni en la disidencia, permitiéndome dudar sobre el real
compromiso del Jefe de “La Familia” con la materia.
Los fundamentos de la disidencia fueron: ‘De revocarse la decisión firme adoptada por
los tribunales argentinos -como ayer sí lo decidió la mayoría de la Corte-, el
delito común atribuido en la causa se tornaría imprescriptible, por lo cual la
investigación debería proseguir hasta tanto los responsables sean juzgados”.
A pesar de la CIDDHH (máximo organismo de aplicación e interpretación en el
ámbito interamericano) admitió un atentado contra DDHH, los disidentes
persistieron en desconocer su existencia.
La Justicia argentina ha sido la responsable de que,
durante los últimos 8 años, en 9 oportunidades (sobre 11 casos) el Estado
tuviera que comparecer ante la Corte Interamericana, una mácula difícil de
sobrellevar para un país que es reconocido en todos los foros por su compromiso
con el cumplimiento de los estándares internacionales más avanzados.
Embanderarse con el apego a “sus propios y mismos
principios” tal como lo impulsa Lorenzetti, ya excede el problema interno que
se plantea con el congelamiento de leyes y actos de gobierno mediante la cautelarización
de la Justicia. El sustracto ideológico que anida en enorme porción de los
integrantes del poder judicial (muchos de ellos ocupan ese lugar por resultarle
simpáticos o funcionales a dictadores, otros debido a su innegable alineamiento
con la prédica neoliberal) ya pone en cuestión una de las políticas de Estado
más claras y definidas desde 2003, aún desafiando la posibilidad de ocasionar descrédito
y serios perjuicios derivado de la responsabilidad internacional.
Se imponen medidas que lo eviten. Tal vez un Tribunal
Constitucional a la usanza Europea, con capacidad de servir, por un lado, de
instancia necesaria para la viabilidad de cualquier medida que pretenda enervar
“provisoriamente” la validez o aplicación de un acto de gobierno o una ley (que
todo el mundo judicial parece olvidar que, deviniendo de poderes del gobierno
legítimamente constituidos, gozan de presunción de legitimidad); como también para
hacer cumplir, hacia dentro del propio Poder Judicial, los compromisos
internacionales asumidos en casos concretos.
3 comentarios:
Otra cuestión donde el país (CFK mediante) pica en punta.
Esta imagen apareció en una publicación europea.
Luis,eso es en Europa,los jueces y abogados de aca ya hicieron la version XXX.
¿Esta es la versión XXX, Quilmeño?
Publicar un comentario