Justicia impune, dice?

El año recién terminado ha sido pródigo en situaciones judiciales que han despertado un sentimiento de indignación generalizado. No es casual, el kirchnerismo ha logrado sumarse otro logro: como oportunamente lo hizo sacando a la luz y poniendo en debate la trama de intereses y presiones que se mueven detrás del grueso telón autodenominado “periodismo independiente”, en 2012 ha sabido poner sobre el tapete público las miserias y diatribas del pretendidamente inmaculado Poder Judicial. 

Un Poder Judicial que se jacta de su independencia de los poderes democráticos, pero que se emparenta en las sombras con los poderes fácticos, con el poder real y permanente, cortejándolo y comprometiéndose con su perdurabilidad. 

Un poder judicial que, aquí y en el mundo, goza de la impunidad que les brindan los heraldos de la oligarquía, mediáticos y onegeístas financiados con el oro de los conspiradores de Washington. Por caso, año a año los informes de “Percepción de Corrupción” que pública Transparencia Internacional, coloca a los Poderes Judiciales en lugares de preferencia  en los índices que divulgan lo que los “lagente” creen que son honestos. Pero, paradójicamente, la misma ONG reconoce (entre los datos objetivos recabados que no son objeto de publicidad) que a la hora de los hechos, el brazo del Estado más relacionado a actos de corrupción es, justamente, el Poder Judicial (en respuesta a las preguntas ““En los últimos 12 meses le solicitaron en algunas de las siguientes instituciones a Ud. o a algún miembro de su familia un soborno?”;  “En los últimos 12 meses, ¿Pagó Ud. o algún miembro de su hogar algún soborno de alguna manera a las siguientes instituciones?”, casi el 10% de los encuestados sindica a Jueces, ubicándolos sólo por detrás de los policías). Sólo un blindaje mediático sumamente eficaz puede ser capaz de hacer que la generalidad perciba a los poderes políticos (Ejecutivo, Parlamento, Partidos) como los más corruptos, mientras que aquel que recoge más víctimas reales de “coimas” sea percibido como el más honesto.

La prueba de esa connivencia cuasi delictual está en la foto que encabeza este post. Mientras Cristina dijo que el Poder Judicial se está constituyendo en un superpoder que pretende brindar inmunidad e impunidad a grupos económicos y corporaciones, poniéndose por encima de los poderes democráticamente electos, Clarín elude y pretende anular el debate propuesto mediante la mecánica de la distorsión: Cristina dijo que el Poder Judicial es un superpoder impune.

No son casuales las palabras de virtiera Ricardo Lorenzetti en octubre, cuando en la ciudad de Mendoza reunió a buena parte de la familia judicial. Allí exhortó a quienes cree sus subordinados a resolver los litigios manteniéndose fieles siempre “a los mismos principios” no a las leyes del Congreso, ni a las nuevas tendencias sociales mayoritarias. Una manifestación para nada inocente de integrismo judicial, de conservadurismo exultante, una velada amenaza reaccionaria. Una invocación de supuestos principios que significa un cheque en blanco para violar la ley, como durante años lo hicieron los jueces que judicializaron los abortos no punibles, que amagaron a rechazar el matrimonio igualitario, que hacen oídos sordos a los testimonios de víctimas de la trata de personas, que se avocan a casos en los que carecen de jurisdicción. Los resultados están a la vista. Mientras que Felisa Micheli es condenada por poseer una bolsa de dinero de su propiedad, De La Rua y Sobisch son absueltos por homicidios. Mientras que Grassi disfruta de su libertad a pesar de ser culpable múltiples abusos sexuales  a menores, las hermanas Jara llevan 2 años de prisión preventiva efectiva por herir a quien intentara violar a una de ellas. Mientras ex Camaristas se dieron el lujo de cajonear impunemente durante años juicios de lesa humanidad, Markevich fue echado por atreverse a imputar a Ernestina de Noble por cometer fraude procesal, por ocultar la identidad de dos menores y falsificar instrumentos públicos. Mientras a la mayoría de los ciudadanos se mezquina un amparo por derechos básicos, otros logran inscribir el récord de una cautelar cuya duración impide durante dos períodos presidenciales y medio percibir impuestos.  La Constitución Nacional no admite prerrogativas personales, privilegios ni títulos de nobleza, el Poder Judicial, sí. 

Pero “la Justicia Argentina” no sólo se cree por encima de los restantes poderes del Estado. También se cree exenta de toda responsabilidad frente a organismos internacionales.

Para quien no lo sepa, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos organismos para garantizar su cumplimiento. El primero es “La Comisión”, una especie de órgano administrativo que recoge denuncias,  las investiga y tramita con participación del Estado denunciado, dictamina y propone soluciones “amigables” que satisfagan el interés del que fue víctima. Cuando esas reparaciones no son acatadas por el estado, interviene “La Corte”, un órgano jurisdiccional que dicta sentencias condenatorias contra los Estados de cumplimiento obligatorio.

Durante la democracia, muchos casos contra Argentina han sido promovidos ante la Comisión, la inmensa mayoría de ellos motivados en casos de violencia institucional, léase abusos policiales o de los servicios penitenciarios provinciales. En casi todos esos asuntos, desde el 2003 para acá, Argentina ha acatado los dictámenes de la Comisión, dando cumplimiento a sus propuestas y ganándose reiterados elogios a su “buena voluntad”, casi siempre. 

Existe una excepción permanente: cuando los dictámenes se refieren a abusos o irregularidades del Poder Judicial. De los 11 casos en que Argentina ha sido demandada ante la Corte Interamericana de Derechos humanos desde 2003 a la fecha, 9 de ellos responden a que, a pesar de que el Estado se comprometió a sanear o indemnizar las violaciones a DDHH provocadas por el propio Poder Judicial, el Poder Judicial (¿amparado en su mítica independencia?) no ha revisado sus sentencias o ha hecho caso omiso a las recomendaciones. 

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/demandas.asp

Un ejemplo de la tozudez judicial: Argentina fue condenada por la CIDDHH por el caso Buenos Alves (abuso policial y jurisdiccional ocurrido a partir de 1988), en contra del criterio de la Suprema Corte que dejó impune el caso por considerarlo prescripto en 2007. En Noviembre de 2011, en cumplimiento del fallo, la Suprema Corte debe reabrirlo, pero lo hace por mayoría simple, con el voto de Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda. Argibay y Fayt votaron en disidencia. El presidente Ricardo Lorenzetti, se hizo el oso, no firmó ni con la mayoría ni en la disidencia, permitiéndome dudar sobre el real compromiso del Jefe de “La Familia” con la materia.

Los fundamentos de la disidencia fueron: ‘De revocarse la decisión firme adoptada por los tribunales argentinos -como ayer sí lo decidió la mayoría de la Corte-, el delito común atribuido en la causa se tornaría imprescriptible, por lo cual la investigación debería proseguir hasta tanto los responsables sean juzgados”. A pesar de la CIDDHH (máximo organismo de aplicación e interpretación en el ámbito interamericano) admitió un atentado contra DDHH, los disidentes persistieron en desconocer su existencia. 

La Justicia argentina ha sido la responsable de que, durante los últimos 8 años, en 9 oportunidades (sobre 11 casos) el Estado tuviera que comparecer ante la Corte Interamericana, una mácula difícil de sobrellevar para un país que es reconocido en todos los foros por su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales más avanzados. 

Embanderarse con el apego a “sus propios y mismos principios” tal como lo impulsa Lorenzetti, ya excede el problema interno que se plantea con el congelamiento de leyes y actos de gobierno mediante la cautelarización de la Justicia. El sustracto ideológico que anida en enorme porción de los integrantes del poder judicial (muchos de ellos ocupan ese lugar por resultarle simpáticos o funcionales a dictadores, otros debido a su innegable alineamiento con la prédica neoliberal) ya pone en cuestión una de las políticas de Estado más claras y definidas desde 2003, aún desafiando la posibilidad de ocasionar descrédito y serios perjuicios derivado de la responsabilidad internacional.  

Se imponen medidas que lo eviten. Tal vez un Tribunal Constitucional a la usanza Europea, con capacidad de servir, por un lado, de instancia necesaria para la viabilidad de cualquier medida que pretenda enervar “provisoriamente” la validez o aplicación de un acto de gobierno o una ley (que todo el mundo judicial parece olvidar que, deviniendo de poderes del gobierno legítimamente constituidos, gozan de presunción de legitimidad); como también para hacer cumplir, hacia dentro del propio Poder Judicial, los compromisos internacionales asumidos en casos concretos.