martes, 7 de mayo de 2013

El Consejo de la Impostura.



Parece ser que a Prat Gay se le cayó una idea práctica para resolver la diáspora opositora, y la presentó a boca de jarro: Al nuevo diseño del Consejo de la Magistratura impulsado por el oficialismo, le contrapone el Consejo de la Impostura de diseño opositor.




Consciente el delegado de JP Morgan de las limitaciones reales a la hora de acordar un frente único opositor capaz de disputar el poder político, opta por el repliegue táctico, llamando a defender la última trinchera desde la cual el poder real condiciona los avances democráticos.

Cuando por fin el resabio corporativo instalado por la reforma constitucional de 1994 es puesto en jaque (*), llama Prat Gay a orquestar una maniobra gatopardista: que nada cambie a pesar del cambio introducido. La instrumentación de la jugada exige a los opositores un doloroso abandono de los egos y el sacrificio del individualismo personalista en pos del logro del fin supremo. Dice Prat Gay: "no presentar consejeros en la boleta partidaria"; "La idea es que sea una lista única de un frente nacional con consejeros independientes".

Ahora bien ¿cuán independientes, y de quién, serían los consejeros elegidos de este modo? Profundizando la idea, el propio interlocutor se encarga de mostrar la hilacha: “el objetivo es ‘ganarle al kircherismo’, porque en caso de triunfar este frente nacional, la oposición se ‘quedaría con ocho de los doce cargos en juego’ del Consejo de la Magistratura”. Es decir que, como de costumbre, la invocación del altruista fin de la defensa de las instituciones, esconde una nueva chicana con el objetivo de retraer espacios de decisión al ámbito de la soberanía popular, en el caso disfrazando de mayoría lo que no es otra cosa que un cúmulo inorgánico de minorías reaccionarias.

Lamentable concepción, puesto que si el único punto de coincidencia de los partidos opositores pasa por el circunstancial objetivo de “ganarle al kirchnerismo”, quiere decir que los consejeros electos por su impulso carecerían de todo programa de acción, de todo criterio unificador, y lo peor, en razón de ese calificativo de “independiente” con el que se pretende teñir a los postulantes, de todo compromiso con el cuerpo electoral. En definitiva la “ratio legis” de la reforma, la democratización del poder judicial (en términos de la sujeción de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura a los criterios emergentes de la soberanía popular), que no pudo ser frenada en el Congreso, pretende ser burlada por un “amuchamiento” circunstancial. El objetivo es claro: intenta depositar, vía la formalidad democrática, el poder judicial en las manos de los mismos sectores que hoy manejan su destino desde las sombras, coadyuvando a la legitimación del status quo.

Podrá gustar o no el modo propuesto por el gobierno de reformular los mecanismos de elección, remoción y control de los jueces. Lo que es inocultable es el desmérito con que califica al Poder Judicial la inmensa mayoría de los argentinos (sean cuales fueras las diversas, justas o injustas, motivaciones en que se fundamentan), y que la propuesta de Prat Gay no tiene otro objeto que burlarse del criterio de esas mayorías descontentas.



(*) Hasta la reforma constitucional de 1994, los jueces eran elegidos por el PE con acuerdo parlamentario, es decir, eran producto de acuerdos políticos de cúpulas. Pero lo cierto es que esas cúpulas contaban con legitimación electoral, por lo que, en definitiva, resultaban  intermediarios de la soberanía popular.

La reforma siguió con el criterio de sustentar la legitimación de los Poderes del Estado en el Principio de Soberanía Popular, reforzando la intermediación mediante el monopolio de la postulación por parte  de los partidos políticos, reconociéndoles rango constitucional. Sin embargo sustrajo de esta regla al Poder Judicial, dándole un sesgo claramente corporativo al poner en mano de jueces, abogados y académicos elegidos por sus pares, las decisiones y nombramientos.

Zorro viejo, Carlos Menem no reglamentó la composición del Consejo de la Magistratura (CM) sino hasta que se aprobara la ley respectiva en noviembre de 1998, por lo que siguió haciendo designaciones de magistrados “a la vieja usanza” hasta finalizar su mandato.

A partir de aquel momento, la representación política en el CM (es decir Diputados y Senadores electos por el pueblo) estuvo (en razón de su composición repartida igualitariamente entre representantes de la oposición y del oficialismo parlamentarios) neutralizada de hecho, fue meramente cosmética. Los Consejeros abogados y jueces (elegidos por sus pares) cortaban el bacalao a su gusto.

La reforma introducida por el kirchnerismo en 2006 modificó la representatividad parlamentaria (2 oficialistas 1 opositor por cámara), pero no logró quebrar la hegemonía contramayoritaria compuesta por jueces, abogados y opositores. Tampoco logró aceitar los mecanismos de nombramientos de magistrados para cubrir vacantes, ya que esa hegemonía se especializó en no dar quórum al efecto. La consecuencia práctica es que el Poder Judicial se va poblando por magistrados subrogantes y provisorios, designados por las Cámaras, eludiendo el dictamen del CM, acentuando los sesgos aristocráticos y nepóticos del PJ.

El resultado de la trayectoria del CM, hoy por hoy, es que la inmensa mayoría de los magistrados federales que hoy defienden su “independencia” frente a las “embestidas” del poder político, o han sido designados por la Dictadura Militar, o lo fueron mediante el sistema anterior a la reforma, o, vigente el sistema del CM, en razón de haberse trabado las designaciones, son subrogantes, interinos, suplentes o “provisoriamente” ocupan cargos producto del criterio del amiguismo de la “familia judicial”, desvirtuando totalmente el sistema y generando un círculo vicioso que tiende a dar al PJ características de casta privilegiada.

Antes de que el amble lector se vea tentado a suponer que escribo esto por ser un obsecuente kirchnerista, los invito a leer este otro post intitulado: "Evitando la molestia de hacerse amigo del juez", una caracterización muy anterior a que Cristina lanzara la idea de reformular el CM (fechado el 9/10/12). 

El post concluye proponiendo: “El sistema del Consejo de la Magistratura ya ha dado, a lo largo de sus 14 años de existencia, demasiadas muestras de parcialidad e ineficiencia. Ya es hora de replantearlo a fondo: o se mantiene su composición pero se somete la elección de la totalidad de sus miembros al dictamen popular de las elecciones o se lo reduce a un ente destinado a controlar la regularidad de los concursos y dictaminar sobre la idoneidad de los aspirantes”.