Frente Clarinista de Monopolización Comunicacional.

Creo que a esto ya lo conté alguna vez. Un amigo era presidente de un partido vecinalista guevaro-maoísta. Su esposa conducía una agrupación de mujeres que integraba junto a su hermana y la cuñada (es decir la hermana de mi amigo). Su hijo mayor, a su vez, detentaba un sello juvenil y, el que trabjaba en su taller, constituía la rama sindical. Cada vez que aparecía alguna cuestión que ameritaba la “toma de posición”, en el mismo domicilio se redactaban 5 comunicados de prensa: el del partido, el de la agrupación femenil, el de la juventud y el brazo gremial, más el plus de un “frente amplio político-social diverso revolucionario y estratégico” (por ponerle un nombre) que los contenía en soledad. 

Por supuesto que ni las intenciones ni el poder de fuego de mi amigo encuentran punto de contacto parangonable con la táctica destituyente de Clarín, pero la similitud metodológica de la multiplicidad de sellos es ostensible. 

En un mes, y respecto de la aplicación definitiva de la cláusula de desinversión que establece la Ley de Servicios Audiovisuales, se expidió ADEPA (28/09/12: “El spot publicitario referido a la ley 26.522 y al Grupo Clarín, que emitió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, configura un hostigamiento y una amenaza inaceptables contra un medio de comunicación, a partir de una interpretación sesgada de un fallo judicial. Todo ello, agravado por el uso abusivo de fondos públicos”), presidida por el reelecto Carlos Jornet (Director de La Voz del Interior, el diario que se jacta de ser el más vendido en el interior y perteneciente al Grupo Clarín). 

También se expidió la Global Editors Network (GEN *) (11/10/12: “la Red Mundial de Editores (GEN, Global Editors Network ) pidió hoy a los medios de todo el mundo que dirijan su atención a la crisis que afecta la libertad de prensa en la República Argentina, en donde el periodismo independiente enfrentará una seria amenaza el 7 de diciembre de 2012, el día en que, según anunció el gobierno, debe producirse el desguace del Grupo Clarín, el grupo de medios independiente más importante del país”), desde el 1° de junio presidida por Ricardo Kirchsbaum, estrella rutilante del mismo grupo. 

Ahora le tocó el turno a la inefable SIP, esa especie de Sindicato Patronal integrado por los dueños de los grandes medios escritos de América Latina, donde Clarín reserva un sitial de honor, dado que la suma de la tirada de los pasquines del grupo diseminados en el país (adquiridos en sociedad con La Nación, muchas veces en virtud de especulaciones y extorsiones que el monopolio sobre papel de diario que detentan les permitía) lo ubica cerca del tope de ventas latinoamericanas (**).  

Acaba de decir “La Cosa Nostra” periodística en su 68° Asamblea en Sao Pablo, en otro de sus característicos aprietes corporativos a Argentina, en sendas resoluciones: I - “Solicitar a las máximas autoridades de ese país, que cesen en sus acciones para desnaturalizar las funciones propias de los organismos de control, encauzando su accionar de acuerdo a sus objetos institucionales, y poniendo fin a maniobras de persecución y amedrentamiento sobre aquellas personas, medios y organizaciones que manifiestan o publican opiniones críticas a la actual gestión de gobierno”. II – “Solicitar al Gobierno argentino que ponga fin al tratamiento discriminatorio en materia de medios de comunicación, en particular sobre la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las sanciones de organismos de control. Instar a las autoridades nacionales a respetar la independencia de poderes en todos los casos, y específicamente en relación a cuestiones referidas a medios de comunicación y a libertad de expresión. Exigir a las máximas autoridades que promuevan la generación de condiciones de tranquilidad institucional, necesarias para la resolución imparcial de los conflictos judiciales. Solicitar al Gobierno nacional que se abstenga de propiciar acciones que tengan como fin la persecución y el amedrentamiento de medios y periodistas, así como de anticipar medidas y represalias, como las sugeridas en avisos y declaraciones de funcionarios en torno al denominado “7D”. Aceptar la solicitud de la misión internacional y se ha encargado al presidente de la SIP para que coordine la misma”.  

Y he aquí la madre del borrego, a pesar de que la SIP, formalmente, ni siquiera integra a propietarios de medios de comunicación audiovisuales, excede sin pruritos su competencia para dar una visión sesgada a favor de su asociado y habla de “amenazas” y “represalias”, “persecución” y “amedrentamiento”, cuando la única cuestión en juego acá es que un grupo empresarial encuadre su accionar en el marco legal vigente. 

Dueños del diccionario, como diría el querido Gordo Cooke, se atribuyen a sí mismos la posibilidad de realizar una “misión internacional” de observación, aparentando una legitimidad de la que carecen, con la misma facilidad que llaman amenaza al apercibimiento legal, y represalias al legítimo uso de la coerción, elemento característico  y esencial de la ley que expresa el aspecto interno de la soberanía estatal. 

En la supuesta defensa de la libertad de expresión, cuestionan a los funcionarios la posibilidad de expresar el pensamiento del gobierno cuando contradice a la infamia mediática. Ya lo dijo el empleado de Clarín que oficia de presidente de ADEPA, atribuyendo a los medios un carácter de pata republicana que la constitución ignora, equiparándolos a los partidos políticos: “Los medios de comunicación independientes y los partidos políticos son piezas centrales de la democracia. Sin aquellos medios, los ciudadanos pueden carecer de las informaciones que le permiten juzgar la gestión de sus propios intereses y, a partir de ellas, participar y elegir fundadamente a quienes se encarguen de esa administración”, pretendiendo transmutar los dichos periodísticos en verdades reveladas e incuestionables y reclamando un tutelaje intelectual sobre sus audiencias.

Se trató al gobierno de Argentina “casi como una cruel dictadura que tiene secuestrada a la libertad de prensa” nos refiere Emilio Marín desde su cobertura de la asamblea de la SIP en “Contrainjerencia” (***). Su blanco de ataque fueron los gobiernos progresistas de la región (Hugo Chávez y Rafael Correa) e hizo una defensa dogmática del grupo Clarín, nos cuenta el autor. 

Es patéticamente reveladora la siguiente apreciación: “Informe bélico. Como nunca mejor que en las anteriores citas, en San Pablo quedó claro que ese ejército mediático es tropa propia de Clarín. En efecto, en la Comisión de Libertad de Prensa presidida por Gustavo Mohme, de “La República” de Perú, se receptó el informe de Daniel Dessein, titular de la comisión similar de la Asociación de Entidades de Periodísticas Argentinas. Es casi un regimiento en armas alzado contra la ley de servicios de comunicación audiovisuales. Dessein leyó una proclama cuasi bélica para pintar la situación de la prensa argentina: “una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho contra medios y amenazas y ataques físicos contra periodistas, configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo y del derecho de todo ciudadano a expresarse libremente”. La tropa de impecables trajes aplaudió al oficial y se cuadró, de pie, disciplinada. Faltó que le hiciera la venia. En una resolución condenatoria de Argentina, el organismo reclamó a CFK que “ponga fin al tratamiento discriminatorio en materia de medios de comunicación, en particular sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Ese es el tipo de lectura sobre  las que Carlos Jornet considera que los ciudadanos podrán “juzgar la gestión de sus propios intereses y, a partir de ellas, participar y elegir fundadamente a quienes se encarguen de esa administración”, a ver si nos queda claro la pretensión de convertir la ciudadanía en un rebaño presto a defender intereses ajenos incluso a costa de atacar a quienes los pretenden liberar del peso de los monopolios de cualquier tipo (sino, veamos la degradante construcción de imagen de Guillermo Moreno).

PublicóThe Huffington Post estas líneas de Héctor Timerman  (17/10 ***), donde desmenuza la constitución de “esa superpotencia de las comunicaciones”: “La historia del ascenso del Grupo Clarín explica por sí sola la necesidad de normas antimonopolio en el sector de los medios como regla general para combatir la amenaza representada por las empresas con capacidad de manipular el proceso de toma de decisiones del Gobierno… La reacción ante la ley antimonopolio llegó en muchas ocasiones a los Estados Unidos, mediante la representación corporativa como un caso de "libertad de prensa" o bien mediante lobby directo en el congreso estadounidense pagado por Clarín. Lo sorprendente es que tal conglomerado de medios de comunicación, que incluye el diario principal, la segunda estación de radio y televisión más importante, cientos de canales de cable y la única productora de papel de diario, nunca sería posible en los Estado Unidos. Por lo tanto, el corolario silencioso de la campaña de deslegitimación contra Cristina Kirchner nos dice que si la presidenta electa argentina no es una presidenta democrática, entonces, quizás, sus opositores tendrían razón en recurrir a medidas ajenas a los procedimientos democráticos. Dado que no es vencida en las urnas, es vilipendiada a diario en el noticiero de la mañana, del mediodía y de la noche. Pero las acciones de los medios hablan más que sus palabras: es difícil imaginar cualquier otro país en el que supuestas restricciones a la libertad de prensa provoquen años de tapas de diarios virulentas, programas de televisión críticos y programas de radio mordaces con una falta total de represalias oficiales significativas. Ojalá todos los autócratas permitieran tal plétora de opiniones negativas”.

Hablar, como se hace desde SIP, ADEPA, GEN o desde cualquier otra usina de manipulación, de que existe una actitud arbitraria y discriminatoria del Gobierno Nacional respecto a un megagrupo económico-mediático principal condicionante de la democracia, victimizándolo después de la expúrea manera en que construyó su poderío, es lo mismo que considerar discriminatoria la prohibición de propalación de propaganda nazi, en pro de la guerra o a favor de la esclavitud. No está en juego ninguna libertad de los ciudadanos, sino el abuso del poder dominante de un aparato ideológico capaz de predisponer y formatear el sentido común, sin derecho a réplica, ni de respuesta o aclaración.

  * Según Clarin: “La Global Editors Network tiene su sede en la capital de Francia y reúne a más de 900 editores periodísticos y ejecutivos de medios de comunicación impresos, audiovisuales, digitales y móviles de más de 80 países”.  

   ** Una perlita, en la Junta de Directores de la SIP se desempeña Leonor de Etchevehere, propietaria junto a sus hijos del 40% de “El Diario” de Paraná. Es la mamá de Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentia. Su otro hijo, Sebastián presidió en su momento ADEPA. El porcentaje restante pertenecía, hasta hace poco al ex Diputado Nacional por la UCR (1997-2001) Arturo Roosvelt Etchevehere y a su hermano (Ivar, primos de los anteriores), y fue vendido a  Walter Grenón. La venta del paquete accionario también incluye a otros diarios entrerrianos de tirada local: “Concordia” (Concordia), “La Acción” (Nogoyá), “Crisol” (Victoria) y “Pregón” (Gualeguay) que pertenecen al grupo. Digo, como para arrojar luz sobre la trama de intereses.

  *** Recomiendo especialmente la lectura de esta crónica sobre la asamblea de la SIP , que me arrimó la compañera (y bloguera) española Isabel Lozano y de la impecable exposición de Héctor Timerman.